El juez del caso Dina cita al exabogado de Podemos que alertó del "montaje" del robo

El juez que investiga el robo de una tarjeta de memoria del móvil de una exasesora de Pablo Iglesias ha tomado una decisión que puede ser determinante para la instrucción del caso que ha puesto en las últimas semanas en el punto de mira judicial al actual vicepresidente segundo del Gobierno. El magistrado Manuel García-Castellón ha citado como testigo al que fuera jefe de los servicios jurídicos del partido morado hasta el pasado diciembre, José Manuel Calvente, que cuestionó en su día la estrategia de Iglesias y el uso con fines políticos de la supuesta sustracción de datos personales del teléfono de la excolaboradora de Iglesias, Dina Bousselham.

Según indica una providencia a la que ha tenido acceso El Confidencial, el juez ha convocado a Calvente el próximo 2 de septiembre. El exabogado de Podemos fue despedido por la formación tras descubrir presuntas irregularidades en la gestión del partido y acaba de ganar una denuncia en la que se le acusaba de acoso sexual a otra letrada de la formación, Marta Flor, que precisamente dirigía la defensa del propio Iglesias en el llamado caso Dina. Calvente cuestionó en conversaciones con su equipo la instrumentalización del supuesto robo de la tarjeta con fines políticos y llegó a calificar la denuncia de Podemos de "montaje".

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Fuentes jurídicas apuntan que el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha valorado durante semanas si procedía o no citar a Calvente que, como abogado, se debe en principio a la reserva respecto a los datos de sus clientes. No obstante, una vez Calvente ha pronunciado de forma pública su opinión respecto a esta pieza del caso Villarejo, el juez se ha decidido por acordar la comparecencia, al considerar de especial relevancia el testimonio del exasesor. Calvente ya ha denunciado al partido por malversación de caudales públicos y apropiación indebida, entre otros posibles delitos. Ese otro caso se instruye en el Juzgado número 42 de Plaza de Castilla.

En una reciente entrevista concedida a 'El Mundo', Calvente indicó que su despido vino provocado precisamente por las dudas que le suscitaban determinadas prácticas. "En Podemos solo quieren palmeros y vasallos. La única lealtad que conocen es la obediencia ciega y yo soy un profesional", dijo. El cese se ejecutó después de que advirtiera de que era imposible que las conversaciones que contenía el móvil robado y que fueron publicadas en parte en la prensa procedieran del comisario José Villarejo. En su opinión, la tesis de Iglesias de que el robo formó parte de una campaña de las cloacas del Estado para perjudicarle no se sostenía.

Su postura precipitó su salida forzada del partido. "Decidieron que había que echarme y acusarme de lo peor que se puede acusar a una persona para joderme la vida", indicó en la entrevista. Según dijo Calvente, la propia Dina le había confesado que había hecho pantallazos de los mensajes que contenía su teléfono y se los había mandado a terceras personas.

Tras conocer este dato, el abogado intentó sin éxito que Dina e Iglesias desistieran de intentar convertir el caso es una guerra sucia de las cloacas. "Dina quedó en que se personaría a título particular porque le dijimos que era un tema privado que no se lo podíamos llevar desde el partido. Dejamos muy claro que ese asunto no se podía mezclar con Podemos", afirmó Calvente.

No obstante, Iglesias "tenía mucho interés" en que le citaran en el juzgado. Quiso personarse a pesar de que los abogados habían acordado en diciembre de 2018 en que primero había que saber lo que había en la causa sobre Dina. "Sin conocer un expediente, no hay que tomar decisiones. Ése era mi criterio jurídico como abogado. Además, acordamos que eso nunca se llevaría desde Podemos. Pero se cambió de opinión". "Yo dije que eso era un montaje y una puta mierda y que sin saber nada era imprudente y negligente acusar a las cloacas", indicó Calvente en la entrevista.

Enfrentamiento con Marta Flor

Esta discrepancia no fue la única. Calvente decidió apartar del procedimiento a la abogada Marta Flor, que ha representado hasta hace solo unos días tanto al vicepresidente como a la exasesora Dina Bousselham. Lo hizo después de conocer que la letrada alardeaba de una relación personal con uno de los fiscales del caso. Chats del equipo publicados por este medio muestran cómo indicaban que disponían de datos en piezas del caso Villarejo que estaban secretas.

La pieza Dina, en la que en origen figuraba Iglesias como perjudicado, ha levantado las sospechas tanto del juez como de la Fiscalía Anticorrupción sobre la comisión por parte de Pablo Iglesias de dos delitos, revelación de secretos y daños informáticos. Durante la investigación judicial, Iglesias declaró como perjudicado del robo, como Dina Bousselham, y armó una campaña electoral basada en que una 'cloaca policial' había robado material a Podemos para evitar que llegara al poder. Iglesias, que se personó como perjudicado en la causa en marzo de 2019, durante la campaña electoral, declaró ante el juez y admitió que revisó el contenido de la tarjeta y que tenía material sensible: "Yo examiné allí mismo en una computadora los materiales y comprobé que efectivamente se trataba de fotos íntimas, pero no de mi pareja, sino de la señora Bousenhalm. Fotografías íntimas y material que tenía en el teléfono móvil sobre trabajo, viajes...".

Sin embargo, no devolvió la tarjeta a su dueña pese a que había una investigación judicial en marcha sobre el robo, que él atribuyó al aparato del Estado. "Es muy improbable que un delincuente común sustraiga un teléfono móvil y esa información acabe en manos del dueño de un grupo de comunicación. No es algo absolutamente descartable, pero es muy improbable. Después de esa reunión, yo deduzco que el robo es un encargo profesional".

Iglesias tardó meses en devolver la tarjeta y, según declaró en Radio Nacional este viernes, lo hizo para proteger a Bousselham: "Yo recibo una de esas copias. Me la da el señor Asensio, que me dice que a lo mejor, con suerte, es la única. Cuando examino el contenido, tomo una decisión, que es no someter a Dina Bousselham a más presión. Se había dicho que tenía una relación conmigo, eso le supuso a Dina una presión enorme. Yo veo allí que había fotos suyas".

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Esa decisión de retener la tarjeta se vio agravada por una declaración de Bousselham ante el juez en la que, en varias ocasiones, indicó que la tarjeta estaba inutilizada cuando la recuperó y que no pudo acceder a los archivos. El juez García-Castellón le preguntó si no le parecía extraño que el líder de Podemos hubiese retenido el dispositivo. "Habrá que preguntárselo a él", replicó la exasesora, que ahora dirige un medio apadrinado por Podemos.

La declaración fue esencial para el cambio de rumbo del procedimiento a partir de ese momento. En un escrito, los fiscales del caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, solicitaron el pasado mayo que se retirara al vicepresidente la condición de perjudicado, después de considerar que no podía vincularse a Villarejo la distribución de material sensible del móvil, "ya que las diligencias practicadas habrían venido a acreditar que la propia Dina Bousselham efectuó y envió, desde su propio teléfono móvil y en posesión del mismo, capturas de pantalla como las que se publicaron en esas fechas". "Por tanto, si bien no puede descartarse su participación en dicha difusión, al contener las carpetas halladas en su domicilio esas mismas capturas de pantalla, la fuente del medio digital pudo ser otra, u otras, una vez enviadas voluntariamente esas capturas de pantalla por su autora", decía Anticorrupción.

También fueron los fiscales los que apuntaron que, a la vista del relato de Dina, Iglesias podía haber cometido delitos de revelación de secretos y daños informáticos. Realizaron, tras estas conclusiones, una solicitud al juez instructor que fue el detonante del enfrentamiento entre ambos. En su opinión, se debe citar a Bousselham para que "especifique de manera expresa contra qué personas físicas y/o jurídicas ejerce la acción penal, y a quién o a quiénes otorga, en su caso, un perdón expreso por los hechos punibles que hubieran podido cometerse".