El juez duda de la versión de la pareja de Dina y pide a la policía revisar el robo del móvil

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha ordenado a la policía revisar la versión de la pareja de Dina Bousselham, Ricardo Antonio de Sa Ferreira, sobre el supuesto robo que sufrieron en el IKEA de Alcorcón en 2015. En una providencia del 23 de julio a la que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado recuerda que en 2019 aseguró "haber recuperado algunas pertenencias" tras interponer la denuncia y, "dada cuenta del estado de las actuaciones", pide a la policía judicial que realice "gestiones en orden a la concreción de estos extremos y todas aquellas otras gestiones que puedan derivarse para el esclarecimiento de los hechos investigados". Más de un año después de que la Audiencia Nacional comenzara a indagar en lo ocurrido, el caso vuelve al punto de partida.

A las ocho de la tarde del 1 de noviembre de 2015, tanto Bousselham como Sa Ferreira denunciaron ante la comisaría de Alcorcón que, cuando estaban a punto de salir del Ikea, a él le robaron su abrigo azul. En su interior, según el atestado policial, guardaban las carteras de ambos, sus dos móviles y documentación. "Que en fecha, lugar e intervalo de horas arriba referidos [17:30-18:00], mientras se encontraban en el almacén (zona de salida), de Ikea, persona/s desconocida/s han sustraído el abrigo de su acompañante, sin percatarse de la maniobra de sustracción. Que no hay testigos de los hechos", explica la denuncia. El atestado subrayaba "la obligación de comunicar a la autoridad competente el hecho de la recuperación de los objetos", pero no lo hicieron hasta llegar a la Audiencia Nacional cuatro años después.

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En enero de 2016, la tarjeta micro-SD del móvil de Bousselham supuestamente llegó a Interviú en un sobre. Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta, editora de la revista, llamó a Iglesias y le devolvió la tarjeta el 20 de enero de 2016, fecha en que el líder de Podemos comprobó el contenido de la misma en la redacción. Días después, José Manuel Villarejo se enteró de que tenían esta información y se la pidió al director de la publicación, Alberto Pozas, que lo interpretó como un requerimiento policial y le dio un USB con el contenido que había guardado en su ordenador.

Tras hallarse esta información en el registro de la casa del comisario, la Audiencia Nacional abrió una pieza bajo el nombre de Dina para esclarecer los hechos. El 29 de marzo, la pareja de Bousselham declaró entonces ante el magistrado y, en el minuto nueve, dejó caer una afirmación que ahora quiere revisarse: "Al ser preguntado sobre los efectos sustraídos el día 1 de noviembre de 2015, conforme a la denuncia presentada ante la Comisaría de Alcorcón (Madrid) afirmaba haber recuperado algunas pertenencias", explica la providencia que emitió el juez este jueves.

La petición de indagar en estas palabras de Sa Ferreira llega en un momento en el que la investigación ha dado un giro de 180 grados. Hasta el pasado mayo, Iglesias estaba personado como perjudicado en la pieza, pero tras más de un año de pesquisas, el magistrado le quitó la condición de víctima ante las contradicciones en las que han incurrido y, como adelantó El Confidencial, se prepara ahora para pedir al Supremo que le investigue por los posibles delitos de revelación de secretos y daños informáticos. Ante esta nueva línea de investigación Abascal, que ejerce como juez de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, pide indagar en la versión de la pareja de Bousselham en una resolución contra la que cabe recurso.

El paso de la micro-SD por Gales

En enero de 2016, en lugar de avisar a Bousselham de que había recuperado la tarjeta, Iglesias se quedó la misma durante meses y, cuando finalmente se la dio, la micro-SD ya no funcionaba. El uso que pudo hacer de la información durante el tiempo que la tuvo en su poder es uno de los pilares sobre los que se apoya su posible imputación por un delito de revelación de secretos, a lo que se suma la sospecha de que incurriera en otro de daños informáticos: si el vicepresidente tuvo acceso al contenido de la tarjeta y meses después entregó la misma "destruida", como sostiene el juez, cabe investigar este posible delito, cuya autoría todavía debe aclararse.

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En un intento de aclarar quién se encuentra tras la destrucción de la micro-SD, el magistrado pone el foco, entre otros aspectos, en cómo la pareja de Bousselham envió la tarjeta a una empresa de Gales en septiembre de 2017 para recuperar su contenido. En junio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, emitió una comisión rogatoria a Reino Unido para indagar en estos hechos y, esta misma semana, recibió un informe de 40 páginas en la que los técnicos de Gales explican los 31 días que pasó la tarjeta en su laboratorio: sostienen que la tarjeta estaba "físicamente intacta" cuando la recibieron y se responsabilizan de parte de los daños que presenta ahora por las técnicas que usaron, pero fueron incapaces de acceder a su contenido "a pesar de los numerosos intentos de identificar el problema".

Tras fracasar su 'software' especializado en recuperación de datos, ofrecieron entonces a Sá Ferreira un plan B que superaba los 600 euros y le explicaron que, pese al precio, el éxito no estaba garantizado: El 18 de octubre, Sá Ferreira rechazó la oferta y pidió que le enviaran la tarjeta de vuelta a Madrid. Hasta ahí llegó el papel de los técnicos de Gales y, a la vista de las incógnitas que se mantienen en torno al supuesto robo y "destrucción" de la tarjeta, los investigadores han optado por remontarse más cuatro años atrás para volver al punto de partida: la supuesta sustracción del abrigo azul de la pareja de Bousselham en el Ikea de Alcorcón.