RECHAZA LA PETICIÓN DE Òmnium

El Supremo rechaza imponer cautelares contra Juan Carlos I por no estar imputado

A comienzos de julio, tras conocerse la supuesta fortuna que el monarca oculta en Suiza, Òmnium Cultural presentó una querella contra él en el Supremo y el lunes solicitó imponerle medidas cautelares

Foto: Fotografía de archivo del 10 03 2018, del rey emérito Juan Carlos. (EFE)
Fotografía de archivo del 10 03 2018, del rey emérito Juan Carlos. (EFE)

Juan Carlos I no está siendo investigado en ninguna causa judicial y, por tanto, no cabe restringir sus movimientos. Ese es el razonamiento en el que se apoya el Tribunal Supremo para rechazar las medidas cautelares solicitadas por Òmnium Cultural, presidida por Jordi Cuixart, tras conocerse este lunes que el rey emérito abandonaba el país. La asociación presentó ante el Supremo un escrito en el que pedía evitar de forma urgente que se marchara de España ante la "voluntad de fuga que él mismo ha expresado", pero el alto tribunal ha echado por tierra su solicitud: "No ha lugar a lo intersado, toda vez que nuestro sistema procesal no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene condición de investigado".

A comienzos de julio, tras conocerse la supuesta fortuna que el monarca ocultaba en Suiza, Òmnium presentó una querella contra él en el Supremo. Como adelanta este miércoles el diario 'Vozpópuli', el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, ha dado traslado de la misma a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si se debe admitir a trámite, pero todavía no ha obtenido respuesta. Pese a ello, la asociación volvió a la carga este lunes después de conocerse que abandonaba España: pidió citarle a declarar como imputado y, en el caso de que no compareciera, activar una orden internacional de detención. Si todavía seguía en España, Òmnium pedía entonces como cautelares que se le retirara el pasaporte y se le prohibiera abandonar el país, pero el Supremo ha rechazado su solicitud.

"Òmnium Cultural exige activar la búsqueda internacional de Juan Carlos I para garantizar que rinda cuentas ante la Justicia", anunció este martes la asociación. "Al mismo tiempo, la entidad exige que desde las instituciones involucradas se informe immediatamente del paradero de Juan Carlos de Borbón y se le advierta que su incomparecencia podrá provocar una orden de detención y la activación de los mecanismos de cooperación policial y jurisdiccional internacionales". También pedía que la policía judicial investigara "dónde está el Borbón fugado", pero, como era de esperar, el alto tribunal ha rechazado la adopción de medidas cautelares porque "no tiene condición de investigado" y, en cuanto a la admisión a trámite de la querella, pide a la asociación ceñirse a lo "acordado": esperar a que la Fiscalía se pronuncie.

En abril de 2019, el Supremo ya tumbó una querella interpuesta por Izquierda Unida y el Partido Comunista contra el rey emérito. La acusación partía de las grabaciones realizadas en 2015 por el comisario Villarejo a Corinna Larsen, en las que ella apuntaba a que Juan Carlos I tenía cuentas a nombres de terceros en Suiza. Con este escrito, Izquierda Unida buscaba reabrir la investigación que la Audiencia Nacional había archivado en septiembre de 2018 al considerar que Larsen carecía de credibilidad y que los hechos se remontaban a una época en la que el monarca era inviolable, pero el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, no atendió su solicitud: el partido no ofrecía "ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad, limitándose el querellante a afirmar su existencia, sin ningún apoyo objetivo”.

Un año después, el Supremo se encuentra con una nueva querella contra Juan Carlos I sobre la mesa. En los últimos 12 meses se han ido desvelando nuevas informaciones sobre su supuesta fortuna oculta en Suiza, por lo que tanto el fiscal de este país, Yves Bertossa, como sus homólogos en el alto tribunal investigan ahora la "donación" de 100 millones de dólares que el monarca recibió en 2008 de Arabia Saudí para aclarar si fue una comisión por la adjudicación del AVE a la Meca a empresas españolas tres años después. Las investigaciones se desarrollan en paralelo y, según apuntan fuentes jurídicas, España está a la espera de que Suiza le envíe el grueso de sus averiguaciones, documentación que se revisará a fondo para comprobar si el Emérito pudo incurrir en algún hecho delictivo tras su abdicación.

Para ello, la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de su investigación sobre el AVE a la Meca, trasladó en febrero una comisión rogatoria a Suiza en la que pedía, entre otras cosas, los detalles que hubiesen descubierto sobre la mencionada "donación", incluyendo las identidades no solo de sus titulares, sino también de sus beneficiarios. La respuesta llegó en julio e incluía información sobre cómo la fundación panameña Lucum ingresó en una cuenta de la banca privada suiza Mirabaud 100 millones de dólares el 8 de agosto de 2008, justificándose como "un regalo según la tradición saudí". Los estatutos de la sociedad panameña contienen la rúbrica del Rey emérito en sus tres páginas y lo sitúan como “primer beneficiario” de los fondos, como puede verse en el acta que adelantó El Confidencial.

Pese a ello, fuentes jurídicas explican que Suiza todavía no ha enviado el grueso de la documentación con la que cuenta Bertossa. En España, interesa especialmente recopilar toda la información sobre las cuentas o las compraventas de propiedades en las que participaron los supuestos testaferros, pues ahí puede encontrarse la clave si se trata de hechos posteriores a la abdicación de Juan Carlos I y, por tanto, perseguibles en España. La investigación ha pasado además de Anticorrupción a la Fiscalía del Supremo, que ha creado un equipo con cinco fiscales de alto rango para "delimitar o descartar" la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos I dejó de ser jefe del Estado y perdió la inviolabilidad. Los cinco esperan ahora a que llegue la documentación solicitada a Suiza.

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