Un vecino de A Coruña

Un juez avala la busca y confinamiento obligatorio de un contagiado por covid

La persona fugada fue diagnosticada el pasado domingo "y habiéndose indicado por lasautoridades sanitarias en aislamiento en su domicilio, no se encuentra en el mismo"

Foto: Un comercio del centro de A Coruña cerrado al público. (EFE)
Un comercio del centro de A Coruña cerrado al público. (EFE)

Un juez ha avalado, por primera vez, la localidad y aislamiento obligatorio de un vecino de A Coruña contagiado por covid. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela ha ratificado la medida adoptada por la Consellería de Sanidade ayer por la que se acuerda la medida "con la finalidad de que se le aplique la medida sanitaria correspondiente, hasta que deje de representar un riesgo para la salud pública, dependiendo su prolongación del dictamen del Servizo de Medicina Preventiva del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela".

La persona fugada fue diagnosticada el pasado domingo "y habiéndose indicado por las autoridades sanitarias en aislamiento en su domicilio, no se encuentra en el mismo". El forense adscrito al Juzgado ha emitido un informe en el que se expone que, teniendo en cuenta la peligrosidad potencial para sí mismo y para otros procede ordenar un confinamiento contra su voluntad.

En su auto, el magistrado destaca que la decisión adoptada por la autoridad sanitaria tiene "suficiente amparo legal". "Está dirigida a un constitucionalmente legítimo, la defensa de la salud pública, la integridad física y la salud de la población en general", indica para explicar a continuación que los pasos dados por el departamento para tomar esta decisión fueron los correctos.

El juez explica que la medida se basa en un informe médico del Servizo de Medicina Preventiva del CHUS, de fecha 22 de junio de 2020. "Se trata de una resolución adoptada por la autoridad competente y en el ámbito de sus competencias, y dotada de apariencia de legalidad, teniendo el carácter de urgente y está debidamente justificada, respetando el principio de proporcionalidad, que resulta de la doctrina del Tribunal Constitucional, siendo adecuada al objetivo pretendido, y no constando la posibilidad de una medida menos gravosa o lesiva para la consecución del objetivo propuesto", dice.

En opinión del juez, ordenar la busca, captura y confinamiento del contagiado está amparado por la normativa, de rango legal. Las leyes de Sanidad así lo permiten al margen de que el estado de alarma esté o no en vigor. Para el magistrado, la decisión es "proporcionada" e "idónea" y no aplicarla no supone "un sacrificio desmedido" de los fines constitucionales. El auto apoya su decisión en un informe sanitario y cuenta con el visto bueno de la Fiscalía, que informó a favor de respaldar la decisión. "Es procedente ratificar la resolución indicada y conceder la autorización al no existir otra alternativa que afecte menos al derecho fundamental", concluye.

Los jueces de contencioso

Los jueces de contencioso cobran un protagonismo especial desde que el pasado domingo terminara el estado de alama que comenzó el 14 de marzo. Sin la red legal que dota al Ejecutivo de la posibilidad de limitar derechos fundamentales, como el de libre circulación, cualquier decisión que restrinja la movilidad adoptada por nuevos brotes debe contar con su aval.

Como precedente está el caso de Igualada, único anterior en que se llevó a cabo un confinamiento obligado, en este caso masivo, a consecuencia de la crisis sanitaria y sin que aún hubiera estado de alarma. El modelo de Igualada supone dejar en manos de los jueces contenciosos el aval a la restricción. El juez que se haga cargo es el competente en la región afectada por el rebrote, por lo que confiar en que se autorice una orden de este tipo, restrictiva de derechos fundamentales, viene a ser una lotería.

En el caso de la localidad catalana, que quedó cerrada antes de que se decretara la alarma, el Juzgado de lo Contencioso 4 de Barcelona apoyó la decisión de la Generalitat de restringir la salida de unos 70.000 vecinos, que perdieron la libertad de movimiento cuando se confirmaban 261 casos y seis fallecidos. Nadie pudo, a partir de ese momento, ni entrar ni salir. El magistrado ordenaba la revisión quincenal de la decisión.

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