Los juristas, divididos frente a la medida

Dudas sobre la legalidad de la reclusión que planea el Gobierno: "Equivale a un arresto"

Mientras unos expertos consideran que la iniciativa supondría una suspensión inconstitucional de derechos, otros defienden que la ley sanitaria lo ampara

Foto: Una ambulancia, a las puertas de un hotel medicalizado. (EFE)
Una ambulancia, a las puertas de un hotel medicalizado. (EFE)
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Los planes del Ejecutivo para la 'desescalada' frente al virus rozan la línea roja que separa lo constitucional de lo inconstitucional. En el terreno desconocido e incierto del estado de alarma impuesto para luchar contra el virus, juristas especializados en la materia albergan dudas sobre la legalidad de la última de las medidas que estudia el Gobierno para controlar la expansión del Covid-19. Pedro Sánchez reclamó este domingo a los presidentes autonómicos un listado de hoteles, espacios e infraestructuras públicas y privadas donde poder alojar a los pacientes asintomáticos y leves para mantenerlos aislados cuando arranque la siguiente etapa. Del confinamiento obligado en los domicilios que cumple ahora toda la población, se pasaría así al internamiento en espacios seleccionados de los positivos detectados, quizá también obligado. "La propuesta equivale a un encarcelamiento", asegura contundente el catedrático de la Universidad de Valencia Carlos Flores.

La creación de espacios para que los pacientes leves puedan estar aislados sin contagiar a sus familiares es una recomendación de expertos. Madrid, por ejemplo, ha medicalizado hoteles para pacientes que no requieran hospitalización y puedan estar controlados. Los médicos derivan allí a los enfermos de los hospitales para liberar camas y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, está en uno de estos.

Pedro Sánchez pidió a las comunidades un listado de instalaciones disponibles y la medida suscitó dudas tras el anuncio por unas declaraciones ambiguas del ministro del Interior. "Se estudiará el aislamiento preciso de los asintomáticos. Supongo que una voluntariedad manifiesta si fuese precisa sería algo factible. Si no, se estudiarían todas las opciones legales, porque el principio fundamental es mantener la salud pública", lanzó Fernando Grande-Marlaska en rueda de prensa. Las dudas alcanzan al propio entorno de Pedro Sánchez. Algunos de sus ministros cuestionan el encaje legal de la medida y, según precisan fuentes gubernamentales, el presidente ha sido advertido de los límites con los que toparía una medida así. No puede obligarse a nadie a ingresar sin autorización judicial.

Grande-Marlaska: "Se estudiarían todas las opciones legales, porque el principio fundamental es mantener la salud pública"

Sus palabras activaron todas las alertas. Para la mayoría de los especialistas consultados, una obligación de internamiento es inviable sin la existencia de una ley orgánica que lo autorice o sin que se avance en los grados del control estatal y el actual estado de alarma pase a serlo de excepción. Otros, sin embargo, defienden que ya existe la cobertura legal necesaria para implementar esta medida.

De entrada, avisan los primeros, no se puede obligar a nadie a hacerse un test sin una norma específica. "Mediante ley, podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública", refleja la Constitución en su artículo 30. Para algunos, la idea lanzada tiene un aroma dictatorial. "Se aprecian cada vez más tics autoritarios", dice uno de los consultados, que señala que el avance progresivo en el recorte de los derechos fundamentales será muy difícil de deshacer cuando todo pase. En la misma línea, Flores lo define de este modo: "Se trata de acabar con el coronavirus sin acabar con nuestro actual sistema", dice. El catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Ángel Sánchez Navarro también advierte de una escalada gradual de actuaciones que se alejan del estado de alarma para adentrarse en el de excepción. "Ya no sería una limitación de derechos, sería una suspensión en toda regla", afirma.

"En un Estado de derecho, la conveniencia de una medida no es un parámetro aceptable", indica una de las fuentes, que lo explica con un ejemplo. "Imaginemos que después del 11-M y para evitar el riesgo de nuevos atentados, se hubiera expulsado de España a todos los musulmanes. Nadie duda de que algo así hubiera sido eficaz para prevenir nuevos ataques islamistas, pero tampoco nadie puede dudar de que es una barbaridad", asegura.

La clave está en lo voluntario y lo obligatorio en una situación que, ya desde el inicio, se invierte el orden del razonamiento aceptable. No hay una presunción de la libertad a la que se imponen excepciones sino lo contrario, una regla general de confinamiento en que las libertades son excepcionales. Y en este 'balanceo' entre restricción y derechos, los últimos salen perdiendo. "¿Cómo se puede desarrollar la medida más lesiva si hay otras posibles que lo son menos?". "Otro pasito hacia la excepción". "Esto no es China, ¿vamos a levantar campos de concentración?", aseguran en cadena distintos juristas.

La legislación ordinaria lo ampara

No todos lo ven del mismo modo. Desde la vaguedad del anuncio, que aún no ha sido concretado, algunos aprecian que encaja en la legislación ordinaria de Sanidad frente a epidemias. "Es como obligar a cumplir una cuarentena a toda la tripulación de un barco donde se ha producido un caso gravemente contagioso, aunque no tengan síntomas", explica uno de estos expertos.

De hecho, la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública prevé en su artículo segundo que las autoridades sanitarias competentes puedan adoptar "medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control" cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas.

"Es como obligar a cumplir una cuarentena a toda la tripulación de un barco donde se ha producido un caso gravemente contagioso"

La norma, de 1986 y de solo cuatro artículos, señala también que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.

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