Sánchez pide a las CCAA una lista de hoteles y espacios para separar a los asintomáticos

Pedro Sánchez reclamó este domingo a los presidentes autonómicos un listado de hoteles, espacios e infraestructuras públicas y privadas donde poder alojar a los pacientes asintomáticos y leves para mantenerlos aislados cuando arranque el proceso de desescalada. Un estadillo que quiere tener en sus manos antes del próximo viernes, 10 de abril, para programar los siguientes escenarios. A su vez, el Ejecutivo repartirá en estas próximas horas, entre este domingo y el lunes, a las comunidades la primera partida de test rápidos: un millón de unidades, que servirán, en un primer momento, para un "cribado rápido" en zonas de alta prevalencia, residencias y hospitales.

El presidente del Gobierno lanzó la petición de elaborar un recopilatorio exhaustivo de infraestructuras disponibles a los mandatarios regionales en la cuarta videoconferencia consecutiva que mantuvo con ellos, que arrancó poco después de las 10:00 y finalizó a las tres horas y media, antes de las 14:00. Lo que persigue el Ejecutivo, por tanto, es disponer de una completa relación de todo tipo de equipamientos —hoteles, palacios de congresos, polideportivos, albergues...— que se puedan acondicionar de cara a esta segunda fase. Para mantener protegida a la población frente a un nuevo brote de coronavirus, Sanidad se dispondrá a realizar test rápidos de manera masiva —es lo que siempre repite la OMS: "Test, test, test"—, a fin de detectar quiénes son positivos y no tienen síntomas (o son muy leves) o incluso quiénes han pasado la enfermedad sin darse cuenta y están inmunizados, porque habrían generado anticuerpos que aflorarían en esa prueba.

Sánchez explicó a los presidentes autonómicos, según relataron a este diario fuentes del Ejecutivo central y de las CCAA, que las autoridades sanitarias recomiendan que, en esa fase de transición (larga) a la normalidad, ese "pasillo" que él dibujó este sábado en su comparecencia, los pacientes asintomáticos sean aislados por completo para cortar la escalada de contagios, sobre todo en el ámbito familiar. Ese es uno de los peligros del SARS-CoV-2: el hecho de que, aún sin padecer el cuadro clínico asociado a la enfermedad (fiebre alta, tos, dificultad respiratoria), aquel que esté infectado pueda contagiar a otras personas. Sin ser, por tanto, ni mínimamente consciente. Otra complicación añadida es que el tiempo de incubación es más largo que el de una gripe normal —los síntomas, si los hay, aparecen unos cinco días después del contagio—, por lo que la persona afectada puede traspasar la enfermedad rápidamente. Se trataría ahora de habilitar las llamadas 'arcas de Noé' para separar a los positivos asintomáticos de sus familias y de todo contacto social.

Con los test rápidos, será posible la detección "precoz" de los positivos y su inmediato aislamiento y ver qué parte de la población ya es inmune

El problema es que aún esos test rápidos no han llegado a manos de las comunidades autónomas. Llegarán, les anunció Sánchez, esta misma semana: Sanidad distribuirá a las CCAA un millón de unidades. Pero el Gobierno necesita acopiarse de muchas más, de millones, para poder cribar a una gran parte de la población, una cantidad de la que aún no dispone. Por ahora, lo que sí se hacen diariamente son "entre 15.000 y 20.000" pruebas de diagnóstico PCR —número que reiteran tanto el presidente como el titular de Sanidad, Salvador Illa—, de laboratorio y más fiables, pero más lentas, ya que se tardan varias horas en procesar. Los kits rápidos, sin embargo, funcionan como un test de embarazo, de tal manera que la respuesta se obtiene en unos 15 minutos.

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La doctora María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), señaló que para la fase de desescalada hay que desplegar "medidas fundamentales". Y una de ellas es, en efecto, la "detección precoz de todos los casos y el aislamiento" de todos los que sean positivos, y la otra, comprobar qué parte de la población ha pasado la enfermedad (técnicamente, a través de estudios de seroprevalencia). Y es que los test rápidos, según el modelo, pueden detectar la presencia del virus o bien señalar si hay anticuerpos, lo que significa que esa persona ha sido positivo y es inmune. En unas semanas, Sanidad espera tener ya los primeros datos de qué porcentaje de los españoles ha pasado el Covid-19.

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Cinco millones en total por ahora

Illa explicó posteriormente en rueda de prensa que esa primera entrega de 1.029.600 de test rápidos se distribuirá a las comunidades entre este domingo y el lunes, según criterios poblacionales y de afectación de la enfermedad (206.400 recibirá la Comunidad de Madrid, seguida de Cataluña, 180.000, y Andalucía, 130.800). Y serán complementarios a las PCR. Van a servir para "hacer un cribado rápido" en lugares de prevalencia alta del virus, en residencias de ancianos y en hospitales, porque ese es el consejo del Instituto Carlos III, organismo dependiente de Sanidad y Ciencia.

El Ejecutivo dice que respetará los derechos y libertades, aunque advierte de que garantizará "la salud pública como bien constitucional"

Además, estas pruebas tienen ese segundo uso, el de testar a la población, que se sigue estudiando. Esta semana se recibirá otro millón más de unidades. El Gobierno ha adquirido, por ahora, cinco millones. Además, se está "trabajando con empresas que producen en España" PCR y kits de extracción que permitirán aumentar asimismo practicar más pruebas de este tipo a diario. Como se irán haciendo en paralelo más test rápidos, crecerá la capacidad de las PCR, ya que si un paciente da positivo, no hará falta que le hagan la detección por laboratorio. La transición a la normalidad, estará marcada por esa voluntad de hacer "test masivos".

Una decisión que se complementa con el aislamiento de los asintomáticos. ¿Puede imponérselo el Ejecutivo? Illa respondió que la medida tendrá presente "el respeto a las libertades y derechos". Insistió en que lo que quiere el Gobierno es disponer ya de un listado de equipamientos para "trabajar con anticipación". A su lado, Margarita Robles, titular de Defensa, remataba que la medida "tiene cabida en la Constitución". Pero fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el que deslizó la idea de que se analizará si cabe forzar a los asintomáticos a que se aíslen. "Supongo yo que una voluntariedad manifiesta, si fuera necesaria y precisa, sería algo factible. Si no, se estudiarían todas las posibilidades legales, porque hay un principio fundamental: garantizar la salud pública como bien constitucional del conjunto de los ciudadanos españoles", señaló Marlaska, quien añadió que en todo caso se garantizará un "exquisito respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos", así como a la Carta Magna.

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Defensa de los eurobonos

También para esa desescalada el Gobierno va a recomendar el uso de mascarillas, como una nueva barrera de protección. Pero tampoco las hay ahora mismo para todos los ciudadanos. Por ahora, el Ejecutivo ha repartido, desde el 10 de marzo y hasta el 3 de abril, 20,4 millones de mascarillas, pero para "reforzar" el Sistema Nacional de Salud. En su alocución de ayer, Sánchez aseguró que el Gobierno va a "garantizar la provisión" de estas prendas y de geles hidroalcohólicos "para los trabajadores, para el conjunto de la población en general". Y también asegurará "el precio de estos materiales", para que sean accesibles para las personas "con menos recursos". "Es una exigencia que nos hemos impuesto como Gobierno y evidentemente es un derecho que tienen los ciudadanos", señaló. Sierra agregó este domingo que las mascarillas servirán, sobre todo, para evitar la transmisión cuando una persona pueda estar infectada. Illa, por su parte, aseguró que el Ejecutivo "no exigirá nada que no se pueda cumplir". Es decir, que no obligará a utilizar mascarillas si no puede conseguir que todos los ciudadanos dispongan de ellas. En cualquier caso, reiteró, como hiciera el viernes, que aún no hay una decisión tomada.

Torra pide mantener el parón industrial y advierte de que el fin del confinamiento, sin fármacos ni test masivos, es más bien una "temeridad"

Sánchez, en su charla virtual de este domingo, pidió asimismo a los presidentes que en sus declaraciones defiendan los eurobonos, tal y como está haciendo el Gobierno y él mismo. "Es el momento de poner en marcha un mecanismo de solidaridad sin precedentes que incluya una cierta mutualización de la deuda pública, aunque sea atemporal y limitada. La propuesta del ministro de Economía francés de un fondo temporal y excepcional es una buena base", les explicó.

El tono fue menos duro que la semana pasada, cuando se le recriminó al presidente que tomara la decisión de hibernar la economía sin consultarles previamente. Sí se reiteró la queja por la falta de suministro de material sanitario, aunque poco a poco va llegando más a las CCAA. En opinión de uno de los mandatarios más veteranos, "todos" ahora son más conscientes de la profundidad de la tragedia que están gestionando y que es necesario arrimar el hombro y remar juntos.

Tanto el 'president' de la Generalitat, Quim Torra, como el 'lehendakari', Iñigo Urkullu, enhebraron intervenciones nada agresivas, según manifestaron a este diario algunos de los mandatarios presentes. El presidente del Ejecutivo vasco pidió que se elabore un "plan de vuelta a la normalidad" que permita salir del confinamiento y suponga la vuelta a la actividad empresarial de forma escalonada y en coordinación con los territorios. El jefe del Govern, mientras, se quejó de que el sistema de suministro centralizado "no funciona" y falta mucho material para las residencias. Cataluña está de acuerdo con la prórroga de la alarma, pero también demanda que perdure más tiempo el parón de la actividad económica no esencial, que vaya más allá de la Semana Santa. Torra estimó que "sin un plan de test masivos, sin pruebas ni fármacos suficientes, y con la actual sobrecarga de los hospitales, hay que mantener el confinamiento actual, porque lo contrario es una temeridad". El proceso de salida ha de ser "bien coordinado" y "eficaz".

Los presidentes se manifiestan a favor de que los nuevos Pactos de la Moncloa incluyan a las CCAA, ya que no existían en 1977 pero ahora son claves

El socialista Ximo Puig adelantó que mañana lunes la Generalitat valenciana enviará un plan de equipamientos de su comunidad para poder ubicar a los afectados porque ya lo tiene preparado. También apoyó la ampliación del estado de alarma en las condiciones planteadas por el Gobierno —una desescalada progresiva—, ya que es posible conjugar el confinamiento de los ciudadanos con una actividad económica mínima que garantice la supervivencia de las empresas "con garantías de seguridad laboral". Puig planteó un "gran acuerdo para vencer esta catástrofe, la mayor en España desde la Guerra Civil": hace falta, defendió, un "gran acuerdo de país que incorpore a todos los grupos parlamentarios, empresarios, sindicatos y CCAA, "desde la ética y la corresponsabilidad".

Trabajar desde "ya"

En una línea similar, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, planteó que se cuente con las comunidades en los nuevos Pactos de la Moncloa que Sánchez quiere impulsar, porque en 1977, cuando se firmaron los anteriores, en plena Transición, no existían y ahora son piezas "imprescindibles" del organigrama institucional del Estado. El resto de presidentes apoyaron esa idea. El dirigente socialista agradeció las gestiones de Exteriores para recuperar el cargamento de 150 respiradores bloqueado en Turquía y ofreció parte de ese material, en coordinación con Sanidad, para el resto de CCAA.

El presidente recoge el guante y ve bien extender los Pactos de la Moncloa: "Las CCAA tienen que jugar un papel importante, es un problema de todos"

Los demás presidentes apoyaron la idea de Puig y Page de extender los Pactos de la Moncloa. El extremeño Guillermo Fernández Vara fue algo más allá, incluso, porque pidió que se empiecen a trabajar "ya" los acuerdos políticos y económicos, sin esperar más tiempo. Y el aragonés Javier Lambán agregó que aunque "por supuesto" las CCAA tienen que ser actores de ese gran pacto nacional, cada región tiene "sus particularidades y ha de tener su propia respuesta, complementaria con la estatal", y en su caso plantea un programa aragonés de recuperación social y económica, que ya está acordando su Ejecutivo con ayuntamientos, fuerzas políticas y agentes sociales. También el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), remarcó la necesidad de trabajar "codo con codo" con los gobiernos regionales.

La popular Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, el punto negro de la epidemia en España aunque los datos inviten a pensar en una mejoría, pidió que no se tomen medidas innecesarias que arrastren a la economía del país, sobre todo si hay un rebrote en otoño. También demandó que se fomente el turismo nacional en verano para que el secotr no se arruine. De nuevo, se quejó de la falta de material, protesta que también elevó Mañueco. Igual que el gallego Alberto Núñez Feijóo, informa EFE.

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Ayuso pide que se fomente el turismo nacional en verano. El tono de la reunión es más tranquilo, aunque se repiten las quejas por la falta de material

Sánchez, en su turno final, recogió la idea de contar con las comunidades para esos nuevos los Pactos de la Moncloa. Lo reconoció después la titular de Defensa, Margarita Robles, en la rueda de prensa que compartió con los ministros que son autoridades competentes delegadas (Illa y ella, más Marlaska y José Luis Ábalos). "En esa nueva reedición de los Pactos de la Moncloa, ahí las CCAA tienen que hacer y jugar un papel muy importante, porque este no es un problema de uno solo, sino de todos".

Ábalos, por su parte, advirtió de que en esos acuerdos que se impulsen quedarán "al margen", como ocurrieran en los años 70, los que no defiendan la democracia. Se refería, obviamente, a la ultraderecha. "Entonces como ahora es necesaria la concertación para relanzar la economía, pero en clave democrática y al margen de quienes no quieran la democracia", añadió el también secretario de Organización, quien reprobó a Santiago Abascal, líder de Vox, por no haberle cogido el teléfono ayer a Sánchez. Es un "mal precedente" y una falta de "formas", fundamentales también en democracia, despachó.