Más de 100 juristas de izquierda denuncian el recorte de derechos de la alarma

Un centenar de catedráticos, abogados y asociaciones progresistas han suscrito un manifiesto en el que denuncian, pocos días después de que se cumplan dos meses de la aprobación del estado de alarma, el recorte de libertades y derechos sufrido en este periodo y aprecian "una deriva poco respetuosa con los principios democráticos" en la gestión de la crisis sanitaria del covid-19.

El manifiesto se ha difundido en las cuatro lenguas oficiales y está suscrito por catedráticos de Derecho Constitucional, Administrativo, letrados, graduados sociales y colectivos como el sindicato ELA, LAB o el Observatorio gallego para la Defensa de los Derechos y Libertades. El texto, al que ha tenido acceso El Confidencial, reconoce la complejidad y dificultad de manejar una pandemia como la del coronavirus. Sin embargo, indica, los 127 juristas firmantes tienen "la certeza de que es justo en momentos graves, como el actual, cuando la solidez de los valores de un sistema jurídico-político se ponen a prueba". "Por eso, las personas abajo firmantes decidimos manifestar, de forma pública, nuestro malestar, temor y preocupación por los injustificados recortes y retrocesos que la gestión de esta crisis sanitaria está suponiendo para los derechos y libertades y, particularmente, para los derechos fundamentales".

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Asegura que aunque parece razonable que, para tratar de parar la pandemia, se puedan adoptar medidas de una cierta excepcionalidad que condicionen la vida de los ciudadanos a fin de evitar los contagios, en la política, "son los medios los que justifican los fines y no al revés". "Por eso un sistema democrático debe siempre huir de la tentación de tomar atajos que, en el nombre de la eficacia, pongan en riesgo la esencia misma de la democracia, de la que los derechos fundamentales y libertades públicas son un pilar imprescindible", añaden.

En su opinión, la actividad sancionadora masiva y centralizada parece transformar un problema sanitario en uno de orden público

En su opinión, la actividad sancionadora masiva y centralizada desplegada en las pasadas semanas parece transformar un problema sanitario en uno de orden público. Otros aspectos como el uso expansivo de las habilitaciones legales limitadoras de los derechos de manifestación y reunión buscan "limitar la libertad de expresión". "Hacen que urja una llamada de atención sobre una deriva, como mínimo, poco respetuosa con los principios democráticos", destacan.

El manifiesto indica que el poder judicial y el Tribunal Constitucional tienen también la responsabilidad de realizar un control de estas actuaciones que garantice el ejercicio real de los principios y derechos constitucionales. Desde la idea indiscutible de que es necesario proteger la salud pública, piden que velen porque estas actuaciones "no vayan más allá de lo estrictamente necesario para preservar la vida de las personas y su integridad física.

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"Por eso las personas que firmamos este escrito apelamos a los poderes públicos para que garanticen, sin arbitrariedades —proscritas por el artículo 9.3 de la Constitución—, el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, que no fueron suspendidos por el actual estado de alarma. Para que salgamos de esta crisis sanitaria, que en ningún caso es una guerra, más reforzados como sociedad y como democracia, el virus no debe infectar la integridad y plena efectividad de nuestros valores fundamentales", concluyen.