La jueza del 8-M archiva la causa al no ver indicios suficientes contra el delegado

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado el sobreseimiento provisional del caso conocido como 8-M al considerar que, tras la práctica de las diligencias de investigación, no hay indicios suficientes para mantener imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo, por un delito de prevaricación administrativa. La Unión de Mandos de la Guardia Civil y la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, que ejercen como acusaciones populares, ya han anunciado que recurrirán la decisión.

"Se concluye que el investigado, entre el 5 y el 14 de marzo del presente año, no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones", sostiene el auto, de 51 páginas [aquí en PDF]. La resolución señala también que el investigado "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario", descartando así que los superiores de Franco le empujaran a autorizar la marcha.

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Rodríguez-Medel incide en esta idea a lo largo del auto y concluye que "ninguna persona física o jurídica, pública o privada instó del delegado del Gobierno en Madrid a que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del covid-19". Pese a ello, la magistrada deja caer que, si bien Franco no tenía conocimiento, quizá otros por encima de él sí lo tenían, pero esa cuestión va más allá de la causa instruida por ella: "Si ese conocimiento lo tenían o no otras autoridades o instancias no es objeto de este procedimiento".

En cuanto al correo del 2 de marzo en el que la delegación pedía distaciamiento a la plantilla por el avance del coronavirus, la jueza sostiene que "no tiene entidad suficiente para cifrar en él el conocimiento del riesgo del Sr. Franco". El documento fue elaborado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y, tras tomar declaración a sus autores en sede judicial, Rodríguez-Medel "concluye con nitidez" que Franco "no fue el impulsor del mismo" ni pudo "conocer en detalle su contenido".

Con esta resolución, la magistrada atiende la petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que pedían el archivo de la causa. Rodríguez-Medel, de hecho, aplaude algunos de los argumentos esgrimidos por ellos, como cuando descarta que Franco tuviera competencias sanitarias: "En las áreas funcionales, entre las que se encuentra Sanidad, la unidad de Delegación depende funcionalmente del Ministerio del ramo, como acertadamente expone la abogada del Estado en su solicitud de sobreseimiento libre".

Una vez descartada esa competencia, apunta a que las funciones de Franco pasan por ser "garante de los derechos y libertades de los ciudadanos con ocasión de dichas concentraciones", por lo que si no tuvo conocimiento del riesgo que entrañaba el 8-M, se limitó a cumplir con su deber: "Durante el periodo que nos ocupa, solo en una ocasión ejerció esa competencia por afectar a un derecho fundamental, prohibiendo una concentración", indica la magistrada, en relación con una protesta que iba a celebrarse el 2 de marzo frente a la casa de Pablo Iglesias y fue tumbada por afectar a su intimidad.

La "inactividad" de Franco con el covid-19

La jueza defiende su instrucción y dice que, pese al actual archivo, era necesario investigar la actuación del delegado. Señala así que Franco, que también es secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, mantuvo "una permanente inactividad jurídica en relación con las manifestaciones y el covid-19". Para sostener esta postura, subraya que no prohibió ninguna concentración entre el 5 y el 14 de marzo en protección del derecho fundamental a la salud, ni exigió que se adoptara alguna medida como precaución para neutralizar el riesgo de contagio.

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"Incluso tras el anuncio de la Comunidad de Madrid de la suspensión de toda actividad educativa presencial el día 9 de marzo (lunes) e incluso tras su entrada en vigor (11 de marzo, miércoles, día de la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud) el delegado del Gobierno Sr. Franco continuó dictando resoluciones de toma de conocimiento de concentraciones o manifestaciones sin exigir que se adoptara medida de precaución alguna. Así lo hizo al menos en 16 ocasiones en los días 10 y el 11 de marzo 2020".

Las resoluciones administrativas adoptadas, sin acordar prohibiciones o precauciones durante el desarrollo de la manifestación o concentración, dieron lugar a que entre el 5 y el 14 de marzo se celebraran 130 concentraciones y manifestaciones en Madrid, algunas con un gran número de participantes, como la del 8-M. Según los datos facilitados por Delegación del Gobierno, entre el 11 y el 14 de marzo tuvieron lugar 21 manifestaciones en Madrid, actos que, como explica la magistrada, "indiciariamente aumentaron el riesgo de contagio del covid-19, es decir, supusieron indiciariamente un riesgo para la salud pública".