Los testigos dicen que no se les pidió desconvocar manifestaciones hasta el 11-M

La jueza Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la autorización de concentraciones como la del 8-M en los días previos a que se decretara el estado de alarma, tomó declaración este jueves a los portavoces de una decena de asociaciones que suspendieron sus manifestaciones a comienzos de marzo. La magistrada les preguntó si la delegación del Gobierno de Madrid les llamó esos días para que las anularan las mismas por motivos sanitarios y, aunque algunos confirmaron esos contactos, todos sostuvieron que dichas peticiones solo se produjeron a partir del 11 de marzo. También redujeron las llamadas a meras recomendaciones y evitaron calificar las mismas como presiones, para lo que algunos cargaron contra el informe de la Guardia Civil.

Uno de los primeros en comparecer fue el presidente de APAG Extremadura ASAJA, Juan Metidieri Izquierdo. En marzo, la delegación pidió a su organización que suspendiera dos manifestaciones: una que pretendían celebrar frente a la casa del vicepresidente Pablo Iglesias y que se prohibió porque afectaba a la intimidad del líder de Podemos, y otra que consistía en una tractorada y se vino abajo el 16 de marzo. Según explicó Metidieri, la delegación les llamó entre el 12 y 14 de marzo para que dieran marcha atrás con la segunda convocatoria por motivos sanitarios y, ante su negativa, el día 16 les comunicaron que no podían seguir adelante con la misma.

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Los testigos que comparecieron por la mañana siguieron la misma línea y, ya por la tarde, llegó el turno de los promotores de otras siete manifestaciones suspendidas: Diana Chnaiker, de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler; María Teresa Martínez, de Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe; Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón; Antonio O'Connor, del sindicato CGT Madrid; Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa; Moisés Fernández, de CGT Amazon, y Santiago de la Iglesia, del sindicato Oficios Varios del Sur CGT.

Chnaiker fue la primera en comparecer y abordó tres convocatorias de su asociación: sobre la manifestación del 5 de marzo, dijo que la celebraron porque nadie les invitó a cancelarla y, sobre la del 12, explicó que no llegaron a concentrarse porque lo iban a hacer frente a la Asamblea de Madrid y ese día se suspendió el pleno. En cuanto a la del 19 de marzo, aseguró que la anularon porque ya había quedado clara la gravedad de la pandemia: aunque la delegación les llamó el día 17 para que dieran marcha atrás en su convocatoria, ellos ya habían tomado la misma decisión por su cuenta. A preguntas de la Abogacía del Estado, descartó haber recibido presión alguna y dijo que el texto de la Guardia Civil sobre sus convocatorias puede "malinterpretarse".

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Martínez, de los pensionistas de Getafe, sostuvo por su parte que la delegación ni siquiera llegó a llamarles: su asociación se reúne todos los lunes frente al Ayuntamiento de Getafe y, tras concentrarse el 9 de marzo por última vez, decidieron suspender estas citas por el coronavirus. El siguiente en declarar fue Gallego, cuya asociación recibió una llamada el día 12 de marzo para anular su convocatoria, pero dijo que para entonces ya habían decidido anularla por su cuenta.

Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa, matizó a su vez durante la declaración algunos de los datos que incluye el informe por las "tergiversaciones" de la Guardia Civil. Según explico a la salida del juzgado, en el mismo interpretaban que el 6 de marzo anuló la manifestación que habían convocado para el día 12, pero aclaró que dicha decisión no la tomó hasta el día 11 y sin recibir ninguna llamada por parte de la delegación. De la Iglesia, de la CGT, dijo a su vez que el 12 de marzo recibieron una llamada para suspender la convocatoria que tenían para dos días después, pero no fue hasta el día 13 cuando decidieron desconvocarla por el avance del coronavirus. También criticó que la Guardia Civil "abreviara" su declaración y omitiera "detalles".

Los funcionarios de la delegación

Por la mañana, antes de que se tomara declaración a los promotores de las manifestación, comparecieron los trabajadores de la delegación del Gobierno de Madrid. El jefe del departamento de Prevención y Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey, sostuvo ante la jueza que, sabiendo lo que sabe ahora, el 8-M no debió celebrarse, pero incidió en que no recomendó tal cosa antes de que se diera luz verde a la marcha. Fuentes jurídicas apuntan además a que un funcionario de Seguridad Ciudadana matizó el informe de la Guardia Civil durante su comparecencia, para lo que argumentó que el instituto armado había incurrido en inexactitudes al reproducir sus palabras.

El segundo atestado de la Guardia Civil sobre la investigación del 8-M incluía un documento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del pasado 28 de febrero en el que se recomendaba a los trabajadores del organismo mantener una distancia de seguridad de "al menos un metro" para reducir el riesgo de contagio. Los agentes sostienen que esas instrucciones para los empleados evidencian que el organismo era consciente del riesgo que podían suponer las aglomeraciones de personas. "Este documento trata de establecer unas medidas preventivas básicas para minimizar la posible transmisión del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la que enfermedad que produce que se denomina covid-19", explica la circular en las primeras líneas.

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Muhzrram confirmó este jueves que su departamento envió el correo a la plantilla el 2 de marzo y, como ya dijo ante la Guardia Civil, reconoció a la jueza que el 8-M no debió celebrarse. El experto, sin embargo, subrayó que esta opinión se basa en lo vivido en los últimos meses, y aclaró que en ningún momento recomendó a sus superiores parar el 8-M antes de la marcha. A la hora de exponer su postura, también incidió en que no es "virólogo" y evitó relacionar el 8-M con los correos que él mismo envió días antes de su celebración pidiendo distanciamiento.

Fuentes jurídicas presentes en las declaraciones explican que un funcionario de Seguridad Ciudadana también abordó el informe de la Guardia Civil durante su comparecencia. En el atestado, el instituto armado incluye las entrevistas que hizo a varios de los trabajadores de la delegación en las últimas semanas, entre ellas la suya, pero el funcionario aseguró que, al menos en su caso, la transcripción recoge inexactitudes. Una vez expuesta esta idea, matizó varios puntos e incidió en la misma idea que el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, sostuvo este miércoles en el juzgado: no había "elementos" que justificaran la prohibición del 8-M.