Sánchez, abocado a movilizar al Ejército contra el virus tras demorar la alarma

Pedro Sánchez se enmienda a sí mismo una vez más. Opta por la declaración del estado de alarma en todo el país, y durante los próximos 15 días, apenas 24 horas después de un Consejo de Ministros extraordinario en el que rehuyó adoptar esa decisión, que ya era una alternativa sobre la mesa a la vista del crecimiento imparable de los casos de coronavirus, especialmente en la Comunidad de Madrid. Un salto cualitativo en su estrategia que supondrá, según sus propias palabras, el despliegue de recursos civiles, pero también militares, para frenar la expansión de una enfermedad que podría alcanzar los 10.000 contagios en España la próxima semana. Este 13 de marzo concluye con 4.231 infectados (casi la mitad, 1.990, en Madrid), y 121 fallecidos.

No hay detalles porque el presidente no los dio durante su declaración institucional desde la Moncloa y porque el real decreto, "muy complejo", indican en su entorno, aún estaba elaborándose en la tarde de este viernes. Sánchez, por tanto, solo hizo el anuncio, adelantó que toma la decisión. Pero el texto normativo, la herramienta que desglosará qué comporta exactamente el estado de alarma —la segunda vez en democracia que un Gobierno lo decreta—, lo aprobará este sábado el Consejo de Ministros, que se reunirá a las 10:30. Lo previsible es que justo a continuación el decreto se publique en el Boletín Oficial del Estado y entre en ese momento en vigor. Y llegará después de que varias comunidades autónomas adoptaran medidas excepcionales: Euskadi se declaró en alerta por la mañana, Madrid determinó cerrar establecimientos no esenciales a partir de este sábado, Quim Torra pidió el confinamiento de toda Cataluña.

Desde la Moncloa preferían mantener total reserva acerca de las medidas comprendidas en el decreto, pero sí insistieron en que "tiene envergadura constitucional", y van "más allá de lo que puede hacer una autonomía". Podría extenderse el cierre de comercios o limitar el uso del transporte público, aunque estas sí son competencias que tienen las CCAA y que, de hecho, ya están adoptando en estos últimos días. En especial, la Comunidad de Madrid, la más afectada por la propagación del virus. Pero el Estado, en cambio, sí tiene el poder para medidas como el cierre de un territorio —cabe la opción de que se decida, por tanto, el confinamiento de la región madrileña, lo que implicaría el control de accesos—, la clausura del espacio aéreo o el despliegue de efectivos militares.

Esta segunda declaración del estado de alarma en democracia será, a la fuerza, más extensiva que la de 2010. Entonces fue activada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para militarizar las torres de control de los aeropuertos ante la huelga salvaje de los controladores. Pero no tenía mayor afectación. En esta ocasión, se trata de un desafío mucho mayor, el combate de una "emergencia sanitaria y social" generada por el Covid-19. Serán medidas "excepcionales", señaló Sánchez durante su comparecencia, "orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos".

El Ejecutivo estaba ultimando el decreto. Tendrá "envergadura constitucional", recalca Moncloa, por lo que irá más allá de lo que pueden hacer las CCAA

"Recursos", dijo, "económicos y sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos, en particular de los que resulten más vulnerables frente al virus por su edad o por otros padecimientos previos. Y también para responder a la emergencia social y económica con la máxima agilidad y contundencia". El Ejecutivo de coalición busca la "máxima coordinación de recursos, eficiente y garantizada del conjunto de las administraciones públicas y su mejor funcionamiento". "El Gobierno de España va a proteger a todos los ciudadanos y va a garantizar las condiciones de vida adecuadas para frenar la pandemia con la menor afectación posible", añadió el presidente.

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Margen de maniobra amplio

Tanto la Constitución, en su artículo 116.2, como la ley orgánica, de 1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, dejan un gran margen de maniobra al Ejecutivo central para establecer las medidas que mejor se ajusten a cada situación. La norma faculta al Gobierno a limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados —aquí cabría el confinamiento de una comunidad—, practicar requisas temporales de todo de bienes, intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza (excepto domicilios privados), limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad y dar las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción.

El decreto puede suponer el cierre del espacio aéreo, practicar requisas o confinar territorios, además del despliegue de efectivos militares

Además, la declaración del estado de alarma permite al Gobierno poder dar órdenes a todas las autoridades civiles y a los integrantes de los cuerpos policiales de las administraciones locales y autonómicas, y a los funcionarios que dependen de ellas, pudiéndoles "imponer servicios extraordinarios por su duración o naturaleza".

A las imágenes insólitas —y casi aterradoras— de calles vacías y negocios cerrados, de un país paralizado, se sumará probablemente la del despliegue del Ejército. Como confirmaban a este diario fuentes próximas a la titular de Defensa, Margarita Robles, el ministerio suspendió este viernes todas las maniobras militares en toda España previstas por parte de los Ejércitos de Tierra y del Aire y de la Armada para evitar los movimientos de tropas y evitar la propagación del virus y para poner a disposición del Ejecutivo la capacidad de las Fuerzas Armadas. "Hasta este sábado no se conocerá el papel del Ejército", indicaban las mismas fuentes.

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"El heroísmo" de lavarse las manos

Sánchez, para cuando hizo la declaración institucional —en este caso no hubo preguntas, ni siquiera telemáticas, a diferencia de lo ocurrido la víspera—, ya había comunicado su decisión al Rey y a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y también a los líderes de las principales formaciones políticas. Por la tarde contactó con los presidentes autonómicos por teléfono, aunque mantendrá este sábado una videoconferencia con todos juntos este sábado a las 17:00. Después, por tanto, del Consejo de Ministros extraordinario y virtual —lo permite un cambio introducido en la Ley de Gobierno y que entró en vigor este viernes— programado para las 10:30 de este 14 de marzo. "Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo y en particular nuestro continente Europa. Nos esperan semanas duras", enunció con gravedad. El tono había cambiado, así como el discurso sobre el abordaje de una amenaza sanitaria de primer orden, que puede arruinar no solo la Semana Santa, sino también la temporada de verano en un país en el que el turismo tiene un peso del 12,4% sobre el PIB. De ahí que se espere otro nuevo paquete de medidas económicas que complementen las aprobadas el jueves.

El Ejecutivo se apoya en el criterio de los expertos, pero en países como Bélgica y Portugal se han adoptado medidas extremas con menos casos

Como en las jornadas anteriores, Sánchez apeló a los "compatriotas", porque todos los ciudadanos, jóvenes y mayores, además de las administraciones y profesionales sanitarios, tienen su deber. "La victoria sobre el virus depende de cada ciudadano en su hogar, en su familia, en su trabajo, en su vecindario. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía", reiteró, insistiendo en que para vencer al Covid-19 hace falta no solo el esfuerzo de los gobiernos, sino "responsabilidad" individual y total "disciplina social" para evitar los contactos e impedir los contagios.

El anuncio generó cierta incertidumbre porque no se conocen los extremos del estado de alarma. En la Moncloa defendían el "ejercicio de transparencia" practicado. "Es tan simple como que todo lo que se hace se comunica. Se traslada aquello que afecta y que requiere el concurso de los ciudadanos. Se cuenta a los españoles lo que estamos haciendo para que sean actores de la solución, porque se trata de una responsabilidad colectiva", justificaban estas mismas fuentes, ante lo inusula de un declaración de alarma en diferido.

Sánchez tomó la decisión apretado por la oposición, especialmente por el PP (y por descontado de Vox), y también tras ver no solo que las comunidades adoptaban medidas drásticas como el cierre de comercios (la clausura de las aulas ya se había hecho extensiva a toda España), sino también que otros países de nuestro entorno subían un peldaño en la protección de la ciudadanía. El vecino Portugal, gobernado por el socialista António Costa, declaró el "estado de alerta" para hacer frente al coronavirus con solo 112 infectados y ningún fallecido. Y Bélgica ordenó el cierre de restaurantes, bares y discotecas, la cancelación de actividades recreativas, deportivas y culturales y la suspensión de las clases con 314 positivos y ninguna muerte.

"Se han tomado medidas cada día"

El presidente y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han venido escudándose en todo momento en el criterio "técnico" de los expertos. Ellos son "los que saben" y los que aconsejan unas u otras decisiones. Pero otros países, también sin duda espantados por el ejemplo de Italia, que contabiliza ya 17.660 contagios y 1.266 fallecidos. "Cada país es singular. Y, desde luego, no ha habido ni un solo día en el que no se hayan tomado medidas", alegan en la Moncloa. El Gobierno también ha explicado que si permitió las manifestaciones del 8-M, Día de la Mujer, fue porque los expertos no veían objeciones, y que fue en la noche de ese domingo cuando se observó el repunte alarmante de casos.

El PP acusa al Gobierno de haber cometido "graves negligencias" como permitir el 8-M. Para la Moncloa, volver atrás es como "mirar el dedo"

El PP deslizaba este viernes que aquella autorización fue una imprudencia. Ya "habrá tiempo para dilucidar responsabilidades" por "graves negligencias" del Gobierno como "alentar manifestaciones multitudinarias", señaló Pablo Casado, líder del PP. "Volver la vista al 8-M es como quien mira el dedo en lugar de la Luna", replican en el equipo de Sánchez, en el que remarcan que todos los esfuerzos están volcados en frenar la emergencia sanitaria y económica. Inés Arrimadas, nueva líder de Ciudadanos, en cambio, se distancia de los conservadores y apoya al Gobierno, aunque le pide ser "contundente e incluir medidas urgentes y eficaces que garanticen frenar la propagación del Covid-19".

Más allá de la crítica por haber autorizado las marchas del 8-M, el PP estima que el Gobierno va tarde, "a remolque" de los acontecimientos. Casado recordó que ya la víspera había considerado insuficientes las iniciativas impulsadas por el Consejo de Ministros, pidió un mando único y aseguró que el estado de alarma es la mejor opción puesto que "el control de una pandemia no entiende de límites territoriales, administrativos o competenciales". Su partido respaldará por tanto al Ejecutivo e incluso apoyará una ampliación. La Constitución impone al Ejecutivo que comunique al Congreso la declaración del estado de alarma, y habrá de ser la Cámara quien autorice la prórroga, en su caso. "Lo que ayer era una necesidad urgente, esta mañana ha sido un clamor", recalcó el jefe del PP, en clara referencia a los pasos dados por Madrid, País Vasco, Murcia (confinamiento de los municipios costeros ante la llegada de residentes de otras CCAA) y Castilla y León (cierre de aulas y de centros de día).

En la misma línea de crítica, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), opuso la actuación de su Ejecutivo a la del bipartito PSOE-Unidas Podemos. "Yo no puedo esperar. Tengo que seguir tomando medidas porque los ciudadanos necesitan certidumbre, seguridad, saber cómo moverse y qué tienen encima", señaló en una comparecencia conjunta con el alcalde de la capital, el popular José Luis Martínez-Almeida. La Comunidad de Madrid, la zona roja del coronavirus en toda España, se paralizará prácticamente a partir de este sábado. Estarán cerrados cines, discotecas, restaurantes, salas de conciertos, teatros, salones de juego, casinos, parques de atracciones, gimnasios y bares de copas. Podrán abrir, sin embargo, mercados y supermercados y farmacias. Restaurantes y bares estarán cerrados al público pero podrán prestar servicios de entrega de comida a domicilio. El Gobierno regional va mucho más allá de lo acordado con Sanidad el lunes y martes: cierre de colegios, prohibición de eventos cerrados para más de mil personas y limitación del aforo en los de menos asistentes.

Los planes de Sánchez, en cualquier caso, han saltado por los aires. El jueves, defendió ir subiendo peldaños poco a poco, sin descartar nada. El viernes, anunció el estado de alarma, que se hace efectivo este sábado. El Gobierno ha tenido que corregir a marchas forzadas la trayectoria y se dispone a aplicar medidas duras, sin precedentes, en un país desbordado por la propagación del coronavirus y amenazado de recesión.

Torra pide a Sánchez confinar Cataluña y acuerda aplazar la segunda sesión de la mesa de diálogo

La Generalitat también ha tenido que cambiar el paso. Salir de años centrada en el 'procés' para volcarse en el combate del Covid-19. Este viernes, Quim Torra pidió al Ejecutivo el confinamiento de toda Cataluña, de 7,5 millones de habitantes, para que nadie entre y salga de la región y frenar la propagación del patóneno, que afecta a 509 catalanes. 

"La evolución de los contagios nos exige ser más drásticos", defendió el 'president'. "Creemos que nos tenemos que anticipar a una evolución demasiado rápida de la enfermedad en nuestro país y por eso creemos que hay que confinar toda Cataluña. Se trata de restringir las entradas y salidas de todo el país. Creemos que hace falta dar un paso adelante [...]. Estamos preparados para hacerlo, tenemos capacidad para hacer efectivo el confinamiento", señaló Torra. 

▶️ #President @QuimTorraiPla: “Creiem que cal confinat tot Catalunya. Us demano aquest esforç, cal fer un pas endavant amb un confinament per autopotegir-se” #Coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/Ksq8YXc4PJ

 

Para garantizar que Cataluña se cierra, el jefe del Govern pidió la colaboración del Ejecutivo de Pedro Sánchez para controlar los movimientos de las infraestructuras que dependen del Estado, como puertos, aeropuertos y trenes.

Torra y Sánchez hablaron por teléfono antes de la comparecencia del primero en el Palau. Ambos pactaron "aplazar" la segunda reunión de la mesa de diálogo, prevista para la próxima semana, hasta que la crisis sanitaria "esté en otra fase". El presidente no le dio concreciones del estado de alarma (otros presidentes autonómicos consultados decían lo mismo). Los mandatarios de las CCAA las tendrán, por tanto, en la videoconferencia que el líder socialista mantendrá con ellos, junto con su número dos, Carmen Calvo, a las 17:00. 

También el coronavirus ofrecerá una imagen insólita este sábado. Torra participará en esa videoconferencia, junto al resto de presidentes autonómicos. Su antecesor, Carles Puigdemont, no participó en la convocatoria presencial anterior, la de enero de 2017 en el Senado, como tampoco lo hizo el 'lehendakari', Iñigo Urkullu.