Sánchez resiste la presión para cerrar el país y sigue con medidas graduales contra el virus

La filosofía es no consumir toda la munición ya. Dosificar. Dar pasos graduales. Comprobar cómo funcionan. Bajo esa pauta se mueve el Gobierno de Pedro Sánchez en la lucha contra el coronavirus, con el riesgo evidente de que la evolución "veloz" de la enfermedad —como él reconoció, y es que ya son 3.004 los contagiados, casi mil más que un día antes, y 84 los fallecidos— le obligue a modificar la estrategia, aplicar medidas más drásticas y contundentes y emular el patrón de Italia.

El presidente promete hacer "lo que haga falta, cuando haga falta", no descarta nada, ni siquiera cerrar la Comunidad de Madrid, principal foco de infectados, o decretar el estado de alarma. Pero, de entrada, para el PP, que está al frente de cinco comunidades autónomas y del que la Moncloa espera "cooperación", discrepa. Pablo Casado cree que Sánchez pone "tiritas" cuando tiene delante una "hemorragia". Los conservadores reclaman iniciativas más "decididas y coordinadas" con los gobiernos regionales. El coronavirus, en fin, ya es parte de la batalla política y elemento de polarización entre el Ejecutivo bipartito y el primer partido de la oposición. Mientras, la emergencia sanitaria crece, la economía se paraliza y las bolsas sufren un desplome histórico: el Ibex, un descalabro del 14,06%.

La escena ha cambiado por completo. La actualidad del Covid-19 devora todo lo demás. No hay otra cuestión de actualidad más que esa y su combate es la prioridad declarada del Gobierno y, por extensión, de todas las administraciones. El virus ha penetrado incluso dentro del Ejecutivo, con los positivos de las ministras Irene Montero y Carolina Darias, lo que ha obligado a la Moncloa a resguardar al máximo a Sánchez para preservar su buscada figura de timonel en una "emergencia sanitaria y económica sin precedentes", como él mismo la definió. Una crisis que ha marcado con rotundidad un giro brutal en este arranque de legislatura, hasta el punto de que anteriores polémicas convertidas en arma arrojadiza de la oposición —el Delcygate—, temáticas centrales —Cataluña y la mesa de diálogo— o peleas recientes entre los socios de la coalición —la pugna por la Ley de Libertad Sexual o la ley Celaá— han quedado totalmente engullidas por una crisis de dimensiones aún ignotas. Un patógeno que no solo ha sido capaz de modificar los hábitos de los ciudadanos, sino que sacará de las aulas a más de nueve millones de alumnos o que cerrará durante dos semanas iconos como el Museo del Prado, una estampa esta jamás vista desde la Guerra Civil.

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España contabilizaba el jueves por la tarde 3.004 contagios (y 84 fallecimientos), por los 15.113 (y 1.016 muertos) que computaba Italia, el segundo país más afectado del mundo tras China. La rápida progresión de casos parecía apuntar a otro salto radical en la estrategia del Gobierno. Sánchez no lo dio. El Gobierno sí pegó un volantazo el pasado lunes, horas después de las manifestaciones del 8-M, Día de la Mujer, que había permitido —igual que el congreso de Vox, en el que ya estaba contagiado su número dos, Javier Ortega Smith—. Al doblarse el número de positivos, Sanidad se vio obligada a cambiar el paso: acordó el cierre de los centros educativos, recomendó el teletrabajo y prohibió los eventos cerrados de más de mil personas en las zonas de transmisión comunitaria significativa (Comunidad de Madrid, La Rioja, Vitoria y Labastida), los focos rojos del Covid-19.

Sánchez recomendó el cierre de los colegios de todo el país (las CCAA siguieron el criterio) y la extensión de las restricciones para actos cerrados

Sánchez, en su comparecencia de este jueves —una rueda de prensa telemática forzada por el positivo de Montero—, apretó algo las tuercas, pero no volcó el tablero, como quería el PP. Recomendó el cierre de los centros educativos de todo el país, no solo de aquellos situados en las zonas de riesgo. Ese mensaje movió a las comunidades a seguir su criterio. Incluso a algunas más reticentes, como Castilla-La Mancha, cuyo presidente, el socialista Emiliano García-Page, había comparado la suspensión de la actividad escolar con "15 días de vacaciones". Palabras de las que el dirigente regional se disculpó no sin antes afear al presidente no haberlas acordado previamente. El presidente agregó que Sanidad sugiere extender a todo el territorio las medidas de distanciamiento social y las restricciones de los eventos en espacios cerrados que ya se habían implantado en los focos de mayor contagio.

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18.225 millones

Además, el jefe del Ejecutivo anunció un "primer paquete de medidas" excepcionales para mitigar el impacto económico del Covid-19, que permitirá movilizar hasta 18.225 millones de euros durante este año. En primer lugar, se otorgará a las pymes aplazamientos de sus deudas tributarias con la Administración por seis meses sin intereses, lo que permitirá inyectar unos 14.000 millones de liquidez en el sistema económico. Se dotará con 400 millones una línea específica del ICO para empresas y autónomos del sector turístico, el transporte y la hostelería, el más dañado por esta emergencia del SARS-CoV-2 (el turismo pesa un 12,3% del PIB). Se activarán otros 1.000 millones del fondo de contingencia de los Presupuestos del Estado para "intervenciones sanitarias prioritarias señaladas por el Ministerio de Sanidad". Se transferirán otros 2.800 millones a las comunidades para que los destinen a la atención sanitaria del coronavirus, cantidad que en realidad es un adelanto de los anticipos a cuenta del sistema de financiación autonómica. Por último, se aprobó una bolsa de 25 millones de euros para reforzar los servicios sociales de las comunidades en la lucha contra la pobreza infantil, una de las prioridades del Ejecutivo.

A su vez, Renfe posibilita, sin coste para los clientes, el cambio o anulación de los billetes de los viajeros afectados por las medidas sanitarias. El Gobierno también acordó prohibir la entrada de buques de pasaje procedentes de Italia y cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles. El Ejecutivo podrá regular los precios de algunos productos necesarios para la protección de la salud. También, de manera excepcional, podrá fijar el importe máximo de ciertos medicamentos y productos.

El presidente insiste en que tomará las decisiones "que haya que tomar" y evita autocríticas: el Gobierno se ha guiado y se guiará por los expertos

Sánchez insistió en todo momento en que habrá más "medidas urgentes", pero se irán adoptando en los próximos días conforme evolucione la situación. De hecho, de la reunión telemática posterior con parte de su Ejecutivo y con los agentes sociales salió el compromiso de preparar más iniciativas en respuesta al Covid-19 (no se precisaron cuáles) y la puesta en marcha de una mesa de seguimiento de la crisis, liderada por la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y que servirá de canal de intercambio de información del Gobierno con patronal y sindicatos.

El líder socialista se detuvo ahí. Eso sí, no descartó nada. No rechaza tajantemente, por tanto, algunas opciones que pusieron sobre la mesa los periodistas. Ni la declaración del estado de alarma. Ni el cierre de la Comunidad de Madrid. Ni otras medidas restrictivas en la línea de las adoptadas por Italia. La respuesta en todos los casos fue semejante: el Gobierno "tomará las decisiones que haya que tomar, donde haga falta y cuándo haga falta". "El modelo de respuesta tenemos hasta el momento está siendo el adecuado para la envergadura del desafío que tenemos por delante", respondió.

El Ejecutivo por ahora no proyecta asomo de autocrítica por su gestión del coronavirus, no reconoce como error o imprudencia que permitiera las movilizaciones del 8-M o el acto de Vox, ni cree que se equivoque por ir adoptando medidas graduales en lugar de otras más radicales. Italia siguió un patrón semejante: pasos pequeños al principio para al final poner al país en una casi cuarentena, con todos los establecimientos cerrados, salvo farmacias y supermercados. En todo momento el presidente reiteró que el Gobierno está "siguiendo las recomendaciones de los expertos, de la ciencia, de los que saben". Hay que "confiar en ellos" y "asumir las decisiones políticas" que se deriven de esas advertencias de los científicos. Illa y Sánchez han subrayado, de hecho, que por eso no se vetó el 8-M, porque no había datos ni evidencias que aconsejaran prohibir las marchas.

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Evita la confrontación con Ayuso

En la Moncloa explicaban que el Ejecutivo no puede "utilizar toda la artillería" desde el primer minuto, porque si gasta toda la munición ahora, se quedaría sin más si la situación se agrava. Prefiere ver la respuesta de las medidas tomadas para estudiar los siguientes pasos, justificaban en el equipo del presidente. Sin embargo, a algunos cargos del PSOE sí sorprendió que el impulso del Gabinete fuera tan tímido cuando la crisis ha ganado una envergadura hace unos días impensable.

En la Moncloa defienden que no se puede utilizar toda la "artillería" desde el primer minuto, porque se quedarían sin munición si la situación se agrava

El PP, que ya había deslizado en los días anteriores que Sanidad había frenado los planes más drásticos que quería lanzar la Comunidad de Madrid —la joya de la corona de los conservadores, con Isabel Díaz Ayuso al frente—, respaldará el decreto ley, pero no ocultó su disconformidad con el plan de choque. Por quedarse corto. A su juicio, la economía está en caída libre y hacen falta otras medidas más contundentes, y el Gobierno está reaccionando "muy tarde y por detrás de los acontecimientos", algo que suena, dijo Pablo Casado, a 2008, cuando José Luis Rodríguez Zapatero no reconoció la crisis económica. Aplica "tiritas" cuando el país se desangra, resumió.

Díaz Ayuso ya había abierto el frente de las críticas. La víspera, había acusado al Ejecutivo central de haber propalado el bulo de que Madrid se iba a cerrar. Algo que había negado expresamente el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. El jueves, la presidenta regional apuntó que la paralización de la Comunidad, en todo caso, era competencia no suya, sino del Gobierno central, que tendría que explicar cómo hacerlo. Sánchez fue preguntado en dos ocasiones durante su rueda de prensa. No descartó esa opción, e insistió en que las medidas serán coordinadas con las comunidades. Más aún, negó "discrepancias" con Ayuso y alabó la cooperación del Ejecutivo autonómico. El presidente quiere quedarse al margen del choque.

Sánchez ya asomó sus intenciones en su comparecencia del martes, pero profundizó en ellas en su segunda intervención de esta semana. Quiere convertir la crisis en una "oportunidad" para su Gobierno, como aprecian en su equipo. Que el coronavirus convenza a los grupos de que los Presupuestos de 2020 no es que sean "necesarios", es que son "apremiantes". Ineludibles. Casado, sin embargo, se negó a prestarles apoyo. Mantuvo que los vigentes, que son las cuentas prorrogadas de 2018, elaboradas por Cristóbal Montoro, son "eficaces" para encarar el combate contra el Covid-19. El PP, en fin, no apoyará unos PGE "aprobados" con Podemos y "los nacionalistas".

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PGE "extrasociales"

Sin embargo, al presidente se le abrió una ventana que antes estaba cerrada. La de Ciudadanos. Su nueva líder, Inés Arrimadas, se ofreció a respaldar unos Presupuestos "de emergencia nacional" que incluyan un fondo de contingencia de 10.000 millones de euros y medidas más drásticas para atajar la expansión del virus. Medidas que no concretó, como tampoco despejó si, en su opinión, el Gobierno debiera seguir el ejemplo de Italia y restringir movimientos de los ciudadanos y cerrar establecimientos no esenciales. "Le pido que mire lo que está pasando en otros países. Son medidas duras, pero al final se ha visto que son imprescindibles". Arrimadas ve "evidente" que el Ejecutivo llega tarde, pero "no hay tiempo que perder ni es momento de reproches". La nueva dirigente naranja no plantea opciones más complicadas de digerir para el PSOE, como en el pasado hizo Albert Rivera.

Cs se ofrece a apoyar unos PGE de "emergencia nacional" que contengan un fondo de 10.000 M€. "No hay tiempo que perder ni de hacer reproches"

En la Moncloa no querían anticipar si se explorará ese hipotético apoyo de Cs, que liberaría a Sánchez de tener que buscar el aval de ERC. Es pronto, dicen. El presidente, preguntado expresamente por este ofrecimiento de Cs, insistió en que los PGE son necesarios y han de ser no ya sociales, sino "extrasociales", tanto para proteger a aquellos damnificados por la enfermedad como para amortiguar el impacto económico del Covid-19 y para poner en marcha medidas de estímulo fiscal que ayuden a los sectores más afectados a recuperar su actividad habitual, la anterior a la eclosión de esta pandemia.

Puede que se abran más puertas, pero la batalla prioritaria es la lucha contra una enfermedad que no deja de avanzar. Sánchez y toda la clase política se mueven en un terreno pantanoso. El líder socialista aspira a capitalizar ese combate, pero su papel puede ser cuestionado si los resultados no llegan pronto.