Llarena vs. Puigdemont, segundo asalto: el juez, favorito para instruir la malversación

A Carles Puigdemont se le abre un nuevo frente judicial. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona ha pedido al Tribunal Supremo que ponga en marcha un procedimiento contra el expresidente catalán por la compra de un fondo de arte con dinero de la concesión municipal del suministro de agua de la ciudad, de la que fue alcalde entre 2011 y 2016. La magistrada atribuye a Puigdemont los delitos de prevaricación, fraude y falsedad documental. El Supremo se dirigió este jueves a la Fiscalía para solicitarle su correspondiente informe. Según explican fuentes jurídicas, si el alto tribunal decide finalmente seguir adelante con el procedimiento, el principal candidato para hacerse cargo de la instrucción es un viejo conocido del independentismo: el juez Pablo Llarena.

El magistrado se hizo cargo de la instrucción del 'procés' y se erige ahora como favorito. Hay para ello, varios motivos. Aunque la norma procesal establece que no hay conexidad entre los dos procedimientos, si hay motivos prácticos para que la nueva causa le sea atribuida. Fue el instructor del 'procés' quien ha tutelado tanto las euroórdenes contra el 'expresident' como el reciente suplicatorio ante el Parlamento Europeo. La primera solicitud de entrega la firmó en noviembre de 2017 la entonces jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, pero Llarena decidió retirarla tras asumir la instrucción de la causa en diciembre: temía que Bélgica se negara a entregar al político por rebelión, situación que cerraba la puerta a juzgarle por ese delito en España. Este miedo terminó por confirmarse con la segunda euroorden, que propició que Puigdemont fuera detenido en Alemania en marzo de 2018. Llarena consideró que era el país más propicio para extraditarle por rebelión, pero la Justicia alemana solo aceptó entregarle por malversación y el magistrado optó por retirarla.

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El tercer y último intento se produjo después de notificarse la sentencia del 'procés' el pasado 14 de octubre, lo que llevó a Llarena activar una nueva orden contra Puigdemont y el 'exconseller' Toni Comín por los delitos de sedición y malversación. La Justicia belga, sin embargo, anunció la suspensión de la misma el 2 de enero al considerar que ambos gozan de inmunidad como europarlamentarios, resolución que empujó a Llarena a pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo para proceder en su contra. En vista de que esta solicitud todavía sigue en marcha, las fuentes consultadas apuntan a que su nombre suena con fuerza para hacerse cargo de la posible causa que arranca ahora, porque sería el "más efectivo" y tiene la ventaja de no duplicar interlocutores en las instancias belgas. Respecto al papel que jugó el juez como instructor del 'procés', estas mismas fuentes subrayan que no hay conexión entre ambos casos y, por tanto, puede tomar las riendas de las pesquisas que ponen el foco en la etapa de Puigdemont como alcalde de Girona, eso si, como diligencias separadas.

Si la causa finalmente se abre, todo apunta a que Llarena y Puigdemont se encontrarán entonces en un segundo asalto, enfrentándose así en un nuevo cara a cara sin que todavía haya terminado el primero: la defensa del 'expresident' presentó recientemente un recurso en el que argumentaba que el juez no era competente para pedir el suplicatorio, escrito que fue rechazado por Llarena este mismo jueves. A esto se suma el procedimiento que se mantiene abierto en Bélgica tras la denuncia que presentó el 'expresident' en junio de 2018 contra el magistrado, en la que le acusa de haber vulnerado su derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia por unas declaraciones que hizo en Oviedo afirmando que no eran presos políticos. Un tribunal francófono de primera instancia lleva el caso y tendrá que decidir antes del 24 de abril si archiva la demanda, lanza una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea o anuncia su dictamen.

Nuevo frente contra Puigdemont

En la exposición razonada que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona ha remitido al Tribunal Supremo para que se investigue a Puigdemont por prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental, la jueza Elena Román apunta a que habría destinado un millón de euros que procedían de "la aplicación del canon extraordinario de la concesión del servicio de aguas" a comprar un fondo de arte para el ayuntamiento. "El 6 de febrero de 2014, Carles Puigdemont, como alcalde de Girona, suscribió los denominados 'Acuerdos del contrato de compraventa de pinturas, grabados, esculturas, cerámicas y otros objetos de arte en favor del Ayuntamiento de Girona", operación que, según los indicios recabados hasta el momento, causó "un perjuicio en el patrimonio" del consistorio y, en concreto, "en la red de saneamiento y agua potable".

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Las pesquisas se centran en Agissa, una empresa mixta con un 80% de capital privado y el 20% restante de ayuntamientos de Girona, que se encarga de la gestión del servicio de agua en la provincia. Las sospechas se centran en lo ocurrido en marzo de 2013, cuando al aprobarse la segunda prórroga de la gestión del agua a dicha sociedad, se introdujo el pago de un "canon extraordinario" de 3,75 millones de euros a los consistorios de Girona, Salt y Sarrià de Ter. En el caso del ayuntamiento que encabezaba Puigdemont, este recibió 2,625 millones que "debía revertir en el propio servicio" de aguas, pero supuestamente desvió un millón mediante un "artificio" contable para comprar un fondo de arte que había pertenecido al historiador Rafael Santos Torroella y estaba valorado en 4,7 millones.

"Se ideó un artificio, desde los presupuestos del equipo de gobierno, que fue asumido, con mayor o menor conocimiento, por 11 concejales en el pleno de 14 de febrero de 2014. Y ese artificio llevó a una sustancial merma en el patrimonio del ayuntamiento en un área tan sensible como el agua", explica la exposición razonada. A esto se suma un informe de la Agencia Tributaria incorporado a las actuaciones, en el que se apunta a que "a la vez que se ha incrementado al doble el canon, las inversiones a realizar se han reducido casi a la mitad, en detrimento de la calidad y del estado de las instalaciones".