Un juzgado pide al TS que investigue a Puigdemont por corrupción en Girona

Los problemas crecen para Carles Puigdemont. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona ha solicitado al Tribunal Supremo que le abra un procedimiento por la compra de un fondo de arte valorado en casi cinco millones de euros con dinero de la concesión municipal del suministro de agua de la ciudad, de la que fue alcalde entre 2011 y 2016. Según confirman a El Confidencial fuentes jurídicas, la magistrada -que ha accedido a la solicitud realizada por la Fiscalía Anticorrupción- atribuye al expresident, ahora eurodiputado, delitos de prevaricación, fraude y falsedad documental.

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José María Olmo

Las diligencias, que se practican desde su abandono del ayuntamiento para dar el salto a Generalitat, se centran en hechos anteriores al referéndum independentista. Arrancaron hace cuatro años tras una querella de la CUP que denunciaba presuntas corruptelas en la concesión del contrato de abastecimiento de agua del municipio gerundense. El servicio había estado desde 1992 en manos de Agissa, una sociedad mixta participada en un 20% por el consistorio y en el 80% restante (Girona SA) por inversores privados (CaixaBank, Agbar, FCC...). La denuncia incidía en el supuesto trasvase sistemático de fondos de la parte pública a la privada, en la presunta generación de pagos falsos para inflar aún más los ingresos de los accionistas y en anomalías en los procedimientos que se siguieron para renovar la adjudicación de forma continuada.

La instructora considera en una exposición razonada que existen indicios de que Puigdemont hizo uso de fondos que en realidad eran del Ayuntamiento. En el escrito, al que ha accedido El Confidencial y ha adelantado El Español, se indica que aprobó la introducción de un canon extraordinario que proporcionó a tres consistorios, entre ellos el gerundés, una inyeccción de 3,7 millones de euros. El canon obligaba a que las cantidades recaudadas se emplearan para el servicio de aguas. Si embargo, el expresident los destinó a las mencionadas obras.

Fue en junio de 2017 cuando Hacienda comenzó a recabar información que ratificaba las sospechas de la CUP y adelantaba que la concesión también pudo ser utilizada para financiar campañas electorales de la antigua Convergencia i Unió con el desvío de fondos al partido a través de una agencia de publicidad, AMR Publicitat SL. El caso ha ido avanzando lentamente desde entonces, entre otros motivos, por la complejidad del procedimiento y el larguísimo periodo que abarca -desde 1998 cuando la ciudad estaba gobernada por el PSC hasta 2015, ya con CiU en la alcaldía-.

En 2014, la corporación que encabezaba Puigdemont acordó la compra de la colección privada de arte del crítico Santos Torroella con dinero aportado por la concesionaria del agua. El importe de la operación ascendió a 4,7 millones de euros y contó con el rechazo de los partidos de la oposición, que lo consideran un gasto innecesario en plenas crisis y sostenían que no se debía cargar esa adquisición al recibo del agua que pagaban los ciudadanos.

Los investigadores sostienen que el expresidente de la Generalitat aprobó ese gasto sin los informes técnicos preceptivos

Los investigadores sospechan de otros elementos. Sostienen que el expresidente de la Generalitat aprobó ese gasto sin los informes técnicos preceptivos y vinculan la compra con otra medida adoptada por el propio Puigdemont apenas un año antes: la renovación del contrato de Agissa. Tampoco en este último procedimiento llegó a contar el entonces alcalde con un informe técnico favorable a la prórroga de la concesión. Ni siquiera trascendieron los criterios que utilizó el expresidente catalán para justificar la decisión. Ni se pidieron cuentas de las inversiones que Agissa debía haber ejecutado en la red municipal de abastecimiento durante los años anteriores ni se garantizó que haría obras en los siguientes.

El 19 de septiembre de 2017, solo un día antes de la operación Anubis contra los organizadores del 1-O, la Guardia Civil entró en el consistorio de Girona y en varias empresas en busca de información sobre la compra de la colección de Torroella y el procedimiento de renovación del contrato de agua. Y el 13 junio de 2018 se produjo una segunda tanda de registros en organismos públicos y compañías privadas. La documentación incautada en esos dispositivos es la que están usando ahora los funcionarios de la IGAE para redactar un informe que será definitivo.

Una vía para la extradición

El Tribunal Supremo, que ahora está a la espera de que el Parlamento Europeo tramite el suplicatorio que ha cursado el juez Pablo Llarena para juzgar a Puigdemont por sedición y malversación, desistió de solicitar su entrega por su participación en el 'procés' hasta que no se dictó la sentencia firme contra Junqueras y el resto de políticos que no huyeron de España. Tanto Bélgica como Alemania consideraron que el delito de rebelión no tiene encaje en su ordenamiento y, por tanto, no debía ser extraditado. Sin embargo, los delitos de los que es acusado por la compra de los cuadros sí están contemplados por la legislación de esos países.

Puigdemont: "Buscan la extradición como sea"

Una vez recibida la exposición razonada, la Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena tendrá ahora que decidir si abre causa y designar un instructor. Será este quien decida si procede tramitar un segundo suplicatorio a la Eurocámara y, tras obtener la autorización, abrirá una segunda solicitud de entrega ante la Justicia belga.

El 'expresident' de la Generalitat ha reaccionado a esta petición al Alto Tribunal a través de dos mensajes en la red social Twitter, en los que ha expresado que "hace un año salieron informaciones sobre esta misma cuestión" y que su abogado ofreció al fiscal una declaración voluntaria. "El intento de embadurnarme alegremente era claro y yo lo quería cortar de raíz. Dijo que no me estaba investigando y la descartó", ha añadido el hoy eurodiputado.

"Yo tengo sospechas más sólidas que sus acusaciones. Buscan la extradición como sea", remataba.