Nuevo frente judicial

Puigdemont, contra Llarena ante el TC: "Me impidió arbitrariamente ser eurodiputado"

El 'expresident' pide suspender de forma urgente la orden de arresto en España porque vulnera masivamente sus derechos

Foto: El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont enseña su acreditación. (EFE)
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont enseña su acreditación. (EFE)

El arresto de Puigdemont en España ha pasado a manos del Tribunal Constitucional. Con la inmunidad por bandera, el 'expresident' ha decidido elevar al TC la decisión del juez instructor del Supremo, Pablo Llarena, avalada por la Sala de lo Penal, de mantener la orden de detención en su contra en territorio español pese a ser elegido eurodiputado en las elecciones del pasado mayo. Puigdemont indica que el magistrado le impidió durante meses y de forma "arbitraria" acceder a su escaño. Y que con ello violó varios de sus derechos fundamentales.

La ofensiva legal de Puigdemont no tiene visos de detenerse. No le queda ya instancia legal por tocar, sea nacional o europea, y no prevé detenerse pese a haber recibido el aval del Parlamento Europeo para ejercer el cargo para el que fue proclamado en junio. En el nuevo escrito, presentado nada más arrancar el año, se despacha a conciencia contra Llarena, al que también llevó ante la Justicia belga acusándole de falta de imparcialidad.

Ahora indica que su negativa a levantar el arresto en territorio español le "impidió" comparecer el 17 de junio en el Congreso de los Diputados para hacer efectiva la promesa de acatamiento de la Constitución. Dice que eso violó cinco de sus derechos: el derecho de acceso libre a cargos públicos, el derecho a la libertad, el derecho a salir y entrar libremente de España por motivos políticos, el derecho a la libertad en la aplicación de la ley y el derecho a la tutela judicial efectiva.

"La violación de los derechos fundamentales alegados es imputable de modo inmediato y directo a las acciones del magistrado instructor, así como a la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo", indica el escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial. Puigdemont destaca la especial relevancia constitucional del caso e indica que no existe precedente alguno en que el TC haya analizado un caso "en el que se haya privado a cargos representativos elegidos por sufragio universal del ejercicio de los mismos mediante medidas restrictivas de su libertad personal previas a la elección".

La orden de arresto a la que se refiere pesa sobre Puigdemont y el resto de huidos desde el momento en que escaparon de la acción de la Justicia y no comparecieron a la declaración como imputados que acordó en origen la Audiencia Nacional. El procedimiento pasó después a manos del Supremo y Llarena, acabada la instrucción, dictó en su contra auto de procesamiento, entonces por rebelión y malversación, y reiteró la disposición de que fuera detenido si regresaba a territorio español.

"Insostenible"

En opinión del 'expresident', las decisiones adoptadas por el instructor le negaron, "arbitrariamente", el levantamiento de la orden de busca, captura e ingreso en prisión. "A la vista de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la decisión es insostenible", dice el escrito, que agrega que su postura, la de reclamar el levantamiento de la medida tras salir vencedor en las urnas, era, realmente, la correcta.

"Lo peor de todo no es que la decisión fuera errónea sino que ha supuesto la vulneración masiva de derechos fundamentales", destaca para defender, a continuación, que la inmunidad de la que goza desde su proclamación le permite libertad de movimientos completa. Utiliza un argumento que ya esgrimió en otros recursos y dice que su cargo de eurodiputado le exige "mantener vínculos especialmente estrechos con los ciudadanos de su circunscripción", a los que representa.

Por todo ello, el escrito solicita la adopción de urgencia de medidas cautelarísimas porque, mientras siga en vigor la orden, se está creando "un daño irreparable y continuado" a él y a los ciudadanos. Reclama así que se suspendan, en un plazo máximo de 48 horas tras la admisión, las medidas dictadas por Llarena y sugiere, si existen dudas al respecto, que el TC plantee una nueva cuestión prejudicial. El paso se produce antes de que el juez Llarena haya decidido sobre el alcance del auto en el caso de los huidos. Es previsible que lo haga esta misma semana.

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