España abre champán en la guerra renovable: un arbitraje de 2.000 millones queda en nada

España descorcha champán en el frente internacional de las renovables. El mayor laudo que estaba pendiente de resolución, en el que un grupo enorme de inversores en fotovoltaica reclamaba 1.300 millones, que con las costas e intereses ascendían a casi 2.000 millones, ha quedado prácticamente en nada. Después de casi nueve años de disputa, los árbitros de Uncitral, la sede de la ONU en la que se dirimía, han dejado la indemnización en unos 90 millones de euros por los recortes a las renovables y sin costas, según fuentes conocedoras del procedimiento. Esta era la mayor amenaza al Estado español en los laudos.

En 2011, todavía con el Gobierno de Zapatero, decenas de inversores internacionales que habían invertido en fotovoltaica en España se agruparon bajo el genérico nombre de The PV investors y plantearon el primer arbitraje internacional contra los recortes de primas a las renovables. Se acogían al Tratado de la Energía, un convenio internacional de los años 90 para garantizar las inversiones internacionales en el sector. Denunciaban que los primeros recortes de primas por la crisis incumplían ese tratado. Acudieron a Uncitral, una de las sedes en las que se dirimen estas disputas.

Los inversores reclamaban 1.300 millones, que ascendían a casi 2.000 con costas e intereses

Los inversores españoles solo pudieron acudir a la justicia española donde fueron perdiendo. Pero The PV investors abrieron un camino que luego transitaron decenas de inversores que han llegado a reclamar más de 7.000 millones a España en decenas de arbitrajes internacionales. En 2011, todavía con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el poder, España contrató al bufete Herbert Smith Freehills para la defensa. No había experiencia en estos casos entre los funcionarios y la Abogacía General del Estado, que dirigía Joaquín de Fuentes Bardají, optó por un concurso para contratar un despacho internacional con bagaje que trabajara junto a la Abogacía del Estado. Después, con la llegada de Soraya Sáenz de Santamaría al Ejecutivo, los casos los llevaron exclusivamente un equipo con abogados del Estado y expertos de la Agencia Tributaria.

La defensa de España en el caso de PV Investors la han llevado Herbert Smith Freehills bajo la dirección de Eduardo Soler-Tappa, director de litigación y arbitraje en España del bufete británico, junto al equipo de la Abogacía del Estado y la Agencia Tributaria que en este caso dirigía Antolín Fernández Antuña. Enfrente estaba Allen & Overy, el despacho que más arbitrajes ha llevado contra el Estado español.

El caso se ha ido alargando porque los sucesivos gobiernos fueron añadiendo distintos recortes y los inversores fueron ampliando la reclamación. Aunque la cuantía inicial era de 1.300 millones, con las costas y los intereses, la previsión del Ejecutivo en caso de derrota rondaba los 2.000 millones. Por su volumen y por el tiempo del litigio, este era considerado el padre de todos los arbitrajes de las renovables.

El sector estaba pendiente de la resolución, que fue comunicada el viernes por la noche. Según fuentes del sector, difícilmente podría ser más satisfactoria para España. El laudo rebaja los 2.000 millones que podía alcanzar la reclamación de ser estimada en su totalidad a solo 90 millones. Hay inversores que pedían cientos de millones y que recibirán menos de lo que gastaron en abogados. El laudo no hace condena en costas por lo que cada parte asume su defensa. Solo en costas, la reclamación sumaba 15 millones de euros.

Estos arbitrajes se deciden por tres árbitros: uno lo proponen los inversores; otro, España y el tribunal designa al presidente. En este caso, el árbitro propuesto por los inversores, Charles Bower, ha emitido un voto particular discrepante del de sus colegas.

España ha estado defendida en este éxito por el despacho Herbert Smith, que ganó un contrato en la época de Zapatero

La racha de España ha mejorado notablemente en los últimos meses. En diciembre, tras aprobar un decreto ley para que los inversores con arbitrajes planteados pudieran acogerse a una mejor retribución, ganó en el Ciadi, el órgano de arbitraje del Banco Mundial, sus dos primeros laudos en esa institución. Ahora se suma el de PV Investors y rebaja drásticamente la amenaza para las arcas públicas.

La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló en eldiario.es que esa reforma buscaba convencer a los árbitros de la buena intención de España: "Yo confío en que los propios árbitros que recriminaban al Gobierno que no había alternativas para mitigar el golpe de los recortes ahora vean que existe esa alternativa". La duda es si servirá para que se acojan los fondos que pierden los laudos, mientras que los que ganan buscan la ejecución.

España no está pagando los laudos que ha perdido y ha reclamado que se anulen porque, entre otras cosas, la Comisión Europea no permite que se abonen. El Tribunal de Justicia de la UE considera que no es un asunto para un arbitraje internacional, sino que se tiene que dirimir en la justicia europea. Los inversores internacionales han buscado formas para ejecutar esos laudos en EEUU y después en Australia, donde un tribunal sí ha abierto la vía para embargar bienes de España en el exterior. Pero el estrés bajó el viernes en Nuevos Ministerios, sede de Transición Ecológica.