PRIMER RESPALDO AL RECORTE DE PRIMAS DEL PP

España gana por sorpresa dos laudos verdes pero el nuevo decreto da armas a los fondos

Las primeras victorias amenazan con volverse contra el Gobierno porque el decreto recién aprobado permite a los inversores desistir del arbitraje y acogerse a una mayor retribución

Foto: La planta termosolar de Andasol, en Granada.
La planta termosolar de Andasol, en Granada.

España acaba de conseguir sus dos primeros laudos favorables en el frente internacional de las renovables. Tras perder una docena de casos que suman 1.000 millones de euros en indemnizaciones, y tras cambiar la ley para aplacar a los fondos, el Ciadi ha dado la razón al Estado frente a dos inversores extranjeros. La empresa pública de electricidad de Múnich y el fondo BayWa, que pedían 484 millones de euros por los recortes de primas a las renovables con el PP, han visto desestimadas casi todas sus reclamaciones. Estos dos laudos favorables suponen ahora un nuevo problema, porque el Gobierno acaba de aprobar un decretazo para que los inversores desistan de esos procedimientos y se acojan a la nueva retribución, que les garantiza un 7,4% de rentabilidad. Así, los que han perdido podrán recibir más dinero del que les correspondería.

El pasado lunes, el Ciadi, el organismo de arbitraje del Banco Mundial al que han acudido la mayoría de los inversores internacionales, entregó dos nuevos laudos de los más de 50 procedimientos que tiene en marcha contra España. Pero por primera vez no caían a favor de los inversores. El organismo decidió sobre la reclamación de la empresa pública de energía de Múnich, Stadtwerke München, que en 2015 había reclamado 423 millones a España por los recortes de las renovables. La empresa había invertido en termosolares en Granada y alegaba que el hachazo vulneraba el Tratado de la Energía que garantiza la seguridad jurídica.

El tribunal concluye que bajar las primas para atajar el déficit de tarifa era razonable porque los españoles pagan la luz más cara de Europa

El tribunal, compuesto por tres miembros, da la razón a España en todo e impone al reclamante 2,7 millones en costas legales. El inversor estaba defendido por Allen Overy, que ha ganado muchos otros procedimientos. El laudo, de 164 páginas y al que ha tenido acceso este diario, supone el primer respaldo a los recortes de primas ejecutados durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que rebajaron drásticamente la factura de la luz en plena crisis para atajar el déficit de tarifa.

El tribunal concluye que "un inversor prudente, habiendo realizado las auditorías apropiadas, no se habría formado una expectativa de ingresos estables durante la vida de la planta Andasol". El tribunal concluye que sus expectativas de recibir primas desorbitadas durante décadas "no eran razonables ni legítimas". El tribunal concluye que recortar las primas para atajar el déficit de tarifa era una solución razonable porque los españoles ya pagan la luz más cara de Europa y su precio había subido un 80% entre 2003 y 2009.

Ana Patricia Botín y Teresa Ribera. (EFE)
Ana Patricia Botín y Teresa Ribera. (EFE)

Los inversores nacionales acudieron a la Justicia española sin éxito, pero los internacionales fueron a estos arbitrajes. El otro laudo del lunes es el del fondo BayWa, que estuvo representado por Cuatrecasas. En ese caso, España sale condenada a pagar daños, pero con una cantidad mínima, por lo que en la defensa de España se acogió con enorme satisfacción. Baywa reclamaba 61,91 millones, según una respuesta parlamentaria del Gobierno.

El sistema de arbitraje internacional hace que cada procedimiento sea independiente. Cada caso lo juzga un tribunal, en el que cada parte designa un miembro y el Ciadi al presidente. Aunque no hay jurisprudencia, los laudos sí que van conformando una visión jurídica extendida y difícil de cambiar. Por eso el Gobierno del PSOE ya solo buscaba formas de evitar el embargo de bienes españoles en el exterior. Estos fondos ya han rastreado las propiedades y han abierto pleitos en juzgados de EEUU para ejecutar los laudos del Ciadi.

Uno de los laudos: "Un inversor prudente no se habría formado una expectativa de ingresos estables durante la vida de la planta Andasol"

A la desesperada y estando en funciones, el Ministerio de Transición Ecológica cambió la retribución de las renovables. En un decreto ley aprobado el pasado 22 de noviembre, estableció una rentabilidad garantizada del 7,4%. El Ejecutivo explicó que uno de sus fines era que los inversores internacionales desistieran de sus arbitrajes. El texto, convalidado por la Diputación Permanente del Congreso hace una semana con las Cortes disueltas, establece: "Podrán acogerse al régimen excepcional [de retribución] las instalaciones" que antes de octubre de 2020 comuniquen "la terminación anticipada del procedimiento arbitral o judicial y la renuncia fehaciente a su reinicio o a su continuación, o la renuncia a la percepción de indemnización o compensación que haya sido reconocida como consecuencia de tales procedimientos".

El decreto ley estaba hecho pensando que España iba a seguir perdiendo arbitrajes. Aunque no queda claro qué ocurre en estos casos, fuentes del sector interpretan que Baywa y Stadtwerke München tienen una vía para desistir -al renunciar a pedir la nulidad- y acogerse a la retribución del 7,4%, con lo que los consumidores españoles les pagarían más dinero del que tendrían que abonar con estos laudos.

Baywa y Stadtwerke München tienen una vía para desistir y acogerse a la retribución del 7,4%, con lo que los consumidores españoles les pagarían más

Las victorias suponen un respaldo a la Abogacía del Estado, cuyos máximos responsables salieron del departamento unos meses después de que llegase Ribera al Gobierno. En los primeros laudos, los tribunales fueron muy críticos con la defensa de España, pero después fueron logrando que al menos los laudos fijasen compensaciones por debajo de lo que reclamaban los inversores.

España alega que no podría pagar esos laudos aunque quisiera porque la Comisión Europea lo vigila después de que el Gobierno del PP se denunciase a sí mismo ante Bruselas por dar demasiadas ayudas a las renovables. La Comisión y España consideran que el Ciadi no es el órgano competente y que estas cuestiones deberían dirimirse en el Tribunal de Justicia de la UE.

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