La Audiencia solo logra embargar 2.000 euros de los 1,2 M que tiene que pagar Boye

El pasado siempre vuelve. Al menos, para Gonzalo Boye. Condenado en 1996 por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, el abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra se ha encontrado 24 años después con que tiene una factura pendiente: los 1,2 millones que debe pagar a Revilla como responsabilidad civil solidaria. Así lo ha decretado esta semana la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que considera que esta indemnización todavía no ha prescrito. Boye, sin embargo, está lejos de completar el pago: según explican fuentes cercanas al caso, por el momento solo le han embargado 2.000 euros, un 0,17% del total, y el abogado carece de propiedades y bienes a su nombre.

Como exponente del independentismo, Boye se enfrenta así a una condena que se remonta a su pasado en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Nacido en Chile en 1965, empezó la carrera de Políticas y Economía en Alemania, pero no concluyó sus estudios. Recaló entonces en España a finales de los ochenta y fue detenido en 1992: uno de sus compañeros en el grupo de ultraizquierda lo traicionó y sentó la base de su condena por colaboración con ETA, en la que se consideró demostrado que vigiló los movimientos del industrial Emiliano Revilla, un empresario dueño de la empresa Chorizos Revilla.

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Beatriz Parera

El empresario en cuestión permaneció 249 días en un zulo y fue liberado el 30 de octubre de 1988, después de que la familia pagara un rescate de más de 1.000 millones de pesetas. La participación del grupo chileno al que pertenecía Boye fue una especie de subcontrata por parte de ETA, que les cedió la parte "logística" de los seguimientos. La resolución en su contra, de 14 páginas, asegura que "participó plenamente" en las labores de vigilancia, por lo que se le condenó a 14 años de prisión, de los que cumplió seis. Mientras se encontraba en la cárcel, se sacó el título de Derecho, pero no abonó los 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros al cambio actual).

En 2008, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pidió que se buscara en el patrimonio de Boye para completar el pago, búsqueda que terminó en 2009, cuando fue declarado insolvente. La batalla parecía cerrada, pero el 25 de octubre de 2018, con Boye ya en los titulares como abogado de clientes conocidos, desde Puigdemont al narco Sito Miñanco, Emiliano Revilla se personó en la causa y pidió el embargo de sus cuentas. La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha atendido ahora su petición y ha ordenado "profundizar en la investigación patrimonial", aunque con el voto particular contrario del magistrado Ramón Sáez Valcárcel, que sigue la misma línea que la Fiscalía y considera que ya ha expirado el plazo para poder reclamar a Boye el dinero.

La Audiencia también le investiga por el presunto blanqueo de dinero del narcotraficante Sito Miñanco

Boye alega por su parte que es un caso único y que en supuestos parecidos la Audiencia Nacional había interpretado que la responsabilidad civil estaba extinguida. "Agradezco todas las muestras de apoyo y solidaridad. La Audiencia Nacional tienen una larga tradición de doctrinas con nombre y apellido... Doblegarán al que se deje doblegar", escribió este viernes en su cuenta de Twitter tras conocerse la noticia. El abogado pretende ahora presentar un recurso de súplica y después acudirá al Tribunal Constitucional, pero las apelaciones no paralizarán la congelación de sus depósitos.

A Boye se le abre así un nuevo frente en la Audiencia Nacional: a falta de que se resuelva el fleco pendiente del caso de Revilla, el Juzgado Central de Instrucción número 3 ya le investiga por el presunto blanqueo de dinero del narcotraficante Sito Miñanco. La pista que llevó a la Policía Nacional a registrar la vivienda y el despacho del abogado en octubre fue la confesión de uno de los miembros de la organización: el 24 de julio, tras 17 meses en prisión provisional, pidió declarar de forma voluntaria y situó al letrado en al menos dos maniobras para fabricar pruebas con las que maquillar el origen de 889.470 euros. El acusado en cuestión tenía encomendado el traslado del dinero a Colombia y, según aseguró, tras el incidente de Barajas, la organización le ordenó que se pusiera en contacto con Boye para recuperarlo.