Boye podrá ir a Bruselas: "Quiero creer que esto no tiene nada que ver con Puigdemont"

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha quedado este miércoles libre y sin medidas cautelares tras declarar como imputado por el presunto blanqueo de dinero del narcotraficante gallego Sito Miñanco, cuya defensa también llevaba hasta hace escasas semanas. El letrado, que tiene el próximo día 29 una vista en Bruselas sobre la extradición del 'expresident', ha asegurado a su salida de la Audiencia Nacional que "quiere entender" que la investigación no tiene nada que ver con su cliente más famoso.

"Creo que no debería ser así y la jueza deja muy claro que ella no considera que haya ninguna razón para limitar mi ejercicio profesional y mis movimientos", ha dicho. Tras tomarle declaración, la magistrada María Tardón ha descartado la petición de la Fiscalía Antidroga, que solicitaba imponerle comparecencias quincenales en el juzgado como medida cautelar. Boye podrá entonces estar en Bélgica para la primera cita en la que se defenderá la improcedencia de la entrega a España que ha solicitado el juez Pablo Llarena tras la sentencia del 'procés'. Para los otros dos investigados que han comparecido este miércoles no se han pedido medidas cautelares.

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"La verdad es que a lo que hemos venido es a clarificar una situación que desde nuestro punto de vista estaba bastante clara. Se han ratificado las manifestaciones que yo ya había dispuesto sobre los hechos. Yo no tengo nada que ver con el blanqueo de capitales. Su señoría no ha acordado ninguna medida cautelar con respecto a mí. Evidentemente se seguirá la investigación porque se ha clonado mi teléfono móvil y mi correo electrónico y a medida que se avance en eso aclararemos cualquier extremo que sea", ha dicho Boye a los medios.

La investigación en torno al abogado parte de la declaración que prestó uno de los hombres del capo gallego el pasado 24 de julio. Tras pasar más de un año en prisión provisional, el imputado en cuestión pidió a la jueza María Tardón que le permitiera comparecer de nuevo, momento en el que acusó de forma directa a Boye. Según aseguró, el letrado había trabajado para la organización criminal en 2017, cuando el narcotraficante le ordenó recuperar 889.470 euros incautados por la Policía en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

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El arrepentido tenía encomendado el traslado de este dinero a Colombia. Tras el incidente de Barajas, la organización supuestamente le ordenó que se pusiera en contacto con Boye para buscar la forma de que Hacienda les devolviera los fondos. Según su versión, la instrucción partió de Luis Enrique García Arango, lugarteniente del narco gallego, y solo unos días después de la incautación, se produjo el primer encuentro del grupo con Boye en el despacho que tenía otro abogado, de nombre Jesús, en la calle Orense de Madrid. El investigado afirma que este último ofreció unos pagarés antiguos que podían servir para maquillar el origen de los 889.470 euros.

“Gonzalo [Boye] nos dice que tiene la manera de justificar esos pagarés para recuperar el dinero y él se inventa los contratos de los préstamos”, se escucha en el audio de la declaración del 24 de julio, al que ha tenido acceso El Confidencial. La banda había alegado en Barajas que el dinero era de un tal Manuel P. G. “Gonzalo dice que va a hacer los contratos y que, cuando los tenga, Manuel tiene que ir a firmarlos para presentarlos a Hacienda”.

En la supuesta confesión, el investigado aseguró también que Boye ofreció una alternativa a los pagarés falsos: ofreció simular unos contratos con un segundo empresario. Los investigadores han acreditado que, efectivamente, un día después de esa cita detectada por la Policía, el 29 de junio de 2017, Boye acudió a un notario con un administrador de varias sociedades que responde a las iniciales J. J. B. Z. “para efectuar un acta de manifestaciones para resolver el tema de los pagarés que ya habían sido utilizados”. Es decir, que tras la primera reclamación a Hacienda, se produjo otro intento con nuevos documentos igualmente ficticios.