Los juristas contradicen al Gobierno: Delcy Rodríguez sí pisó territorio español

En 2004, Tom Hanks recreó en 'La terminal' la historia del iraní Meharan Karimi Nasseri, que vivió durante años en el aeropuerto de París después de que se le denegara la entrada. Películas como esta han dejado la idea de que hay zonas en los aeropuertos que actúan como si fueran tierra de nadie. Que están en un país pero no pertenecen en realidad al mismo. Que flotan en la nada y en la indeterminación. Ni los textos internacionales suscritos por España, ni la jurisprudencia ni la opinión de los juristas apoyan, sin embargo, esta idea. Tanto las zonas de tránsito como la terminal internacional de los aeropuertos se consideran territorio español. Se encuentran, de manera indudable, bajo la jurisdicción y el control de España.

Aplicado al caso de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con una prohibición para pisar la UE por las sanciones contra el Gobierno de Venezuela, la aseveración de que no pisó suelo español no se sostiene. La dos de Maduro se trasladó desde la terminal ejecutiva de Barajas a la T4 del aeropuerto, desde donde tomó un vuelo internacional a Doha tras su encuentro secreto con José Luis Ábalos. Esas instalaciones, al contrario que las naves en las que voló, jurisdicción del país que les dota de pabellón, son responsabilidad de España.

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El ministro Ábalos se ha referido a Rodríguez recalcando en todo momento que estaba "de tránsito". "Le recordé que no podía pisar suelo español", "ni hubo reunión ni pisó territorio español", ha asegurado en distintas declaraciones. Se equivoca. Así lo señalan distintas sentencias y autos judiciales. Y es que, a menudo, los Estados, incluido España, se amparan en la existencia de esa pretendida tierra de nadie —'terra nullius', en términos jurídicos— para protegerse en la pretendida inmunidad que esta calificación otorga. Hay casos recientes que así lo demuestran, como las devoluciones en caliente en la valla de Melilla o lo sucedido en El Tarajal, recuerda el catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos Francisco Jiménez.

"En la actualidad, no existen 'terra nullius', es decir, espacios no sometidos a la soberanía de los Estados. El aeropuerto de Barajas no es un espacio internacionalizado sustraído de la soberanía española. Otra cosa es que no se hayan pasado los controles aduaneros o migratorios", precisa el experto, que destaca que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "han declarado que estas zonas se encuentran bajo la soberanía de los Estados".

El Constitucional: es territorio español

Otro de los juristas consultados recuerda que el propio Tribunal Constitucional se refirió al asunto en 1996 en contestación a un demandante de asilo. En aquella ocasión, el Constitucional indicaba que la zona internacional del aeropuerto es territorio español. "Tanto el espacio aéreo como los aeropuertos están sometidos a la soberanía española, tal y como declaran los artículos 1, 3, 42 y 47 de la Ley sobre Navegación Aérea, de 1960, y los artículos 1, 2, 10 y 13 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago en 1944, y ratificado por España en 1969".

El primero de ellos no puede ser más claro. "El espacio aéreo situado sobre el territorio español y su mar territorial está sujeto a la soberanía del Estado español", precisa. Lo mismo sucede con el convenio de Chicago, en el que se deja al país en cuestión el cumplimiento de su legalidad "en lo relativo a entrada y salida de pasajeros o mercancías". Las normas de cada uno "deberán ser cumplidas durante la llegada, salida y estancia en dicho país", agrega. El Constitucional señalaba que los funcionarios del servicio de control de fronteras —cuya presencia junto a la vicepresidenta venezolana ha mencionado continuamente Ábalos— "actúan en ejercicio de las potestades públicas inherentes a la soberanía plena y exclusiva del Estado sobre el espacio aéreo y los aeropuertos aduaneros".

Uno de los catedráticos consultados por este diario pone el acento en este último aspecto: el espacio aéreo. Más allá del paseo de Delcy Rodríguez por la pista de una terminal a otra y su estancia en una sala, el avión privado en el que llegó a Barajas, de pabellón turco, necesitó para aterrizar una autorización que no debería haberse concedido salvo en caso de peligro extremo o problema de necesidad. "Algo raro sucedió ahí", recuerda, sin explicarse qué pudo conducir a que se le otorgara el visto bueno.

Que Delcy Rodríguez sí pisara suelo español durante esa noche no implica que Bruselas vaya a entrar en el asunto. La Comisión Europea se mantiene de perfil y promete que así seguirá incluso si cambia otra vez la versión de los hechos: la política exterior, la aplicación y supervisión del cumplimiento de las sanciones de la Unión Europea, corresponde a las autoridades competentes de los Estados miembros, en este caso, al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Las bases de las sanciones a la cúpula del régimen venezolano señalan que los incluidos en la lista, entre los que se encuentra la vicepresidenta Rodríguez, no pueden entrar en ningún país de la Unión, pero tampoco “transitar por él”. En la última versión que el Gobierno acepta, la líder venezolana se bajó del primer avión, recorrió con ayuda de la policía los cuatro kilómetros que separan la terminal ejecutiva de la T4 y subió a un vuelo comercial con destino a Doha (Qatar). Según fuentes conocedoras del aeropuerto, habría sido un recorrido similar al que realizan aquellos pasajeros que hacen escala en Barajas y no tienen visado para la UE. La particularidad, en este caso, es que ella llegó a la terminal ejecutiva, la de 'jets' privados, en la que no está previsto ese movimiento.

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¿No es eso transitar? Los técnicos comunitarios no quieren mojarse. "Este asunto [las escalas en aeropuertos] no está especificado en las actas legales y, por lo tanto, el margen de interpretación está en manos de la autoridad nacional competente", aseguraba una fuente del Ejecutivo comunitario horas después de que comenzaran a conocerse las informaciones. Este pasado lunes, se han reafirmado en esta versión.

No existe un mecanismo europeo para la supervisión del cumplimiento de sanciones, y tampoco un foro a nivel comunitario en el que otros Estados miembros puedan pedir explicaciones. Lo más parecido es un grupo de intercambio de buenas prácticas entre las capitales. Las fuentes europeas insisten: esto es un tema que depende del Ministerio de Exteriores español, y no consideran una posibilidad que un Estado miembro que ha firmado voluntariamente unas sanciones decida, deliberadamente, incumplirlas.

Bruselas considera que no tiene potestad para entrar en el asunto en profundidad y prefiere dar carpetazo al asunto. Otros prefieren apuntar a otro trozo de la frase clave: “Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él”. “Adoptarán las medidas necesarias” es, para algunos en la capital comunitaria, la clave de la frase.

En la interpretación que la Comisión Europea admite se entiende que el Ministerio de Exteriores puede aferrarse a que Ábalos hizo todo lo posible y adoptó “las medidas necesarias” para evitar o reducir el tránsito de Rodríguez por el territorio de la Unión.