A MENOS DE TRES SEMANAS PARA EL 10-N

El Gobierno resiste la "presión" de PP y Cs y confía en que la crisis en Cataluña remita

El Ejecutivo contiene la respiración, con la esperanza de que la violencia se apague y permita relanzar una campaña que se está complicando mucho. De momento, no habrá más medidas

Foto: El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, este 20 de octubre antes de su rueda de prensa en la Moncloa. (EFE)
El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, este 20 de octubre antes de su rueda de prensa en la Moncloa. (EFE)

Gobierno y PSOE cruzan los dedos. Las dos últimas jornadas de protestas en Barcelona se resolvieron con menos altercados en las calles. Un mínimo respiro para un Ejecutivo que se reconoce sorprendido, como los cuerpos policiales, por la "virulencia extrema" de los grupos independentistas radicales "organizados" y con un "mando" al frente. En el núcleo duro del presidente, pero también en la cúpula del partido, se insiste en la "prudencia", en que no hay que bajar la guardia y en que se seguirá vigilando muy de cerca lo que vaya ocurriendo en Cataluña, pero al menos se confía en que la inflamación vaya bajando y no contamine por completo la campaña del 10-N, que Pedro Sánchez retomará hoy lunes. Porque, además, esta es otra de las semanas que dejarán una imagen icónica para la historia y que el PSOE tanto anhelaba: la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

El presidente llevaba semanas afirmando, antes de que se publicara la sentencia del 'procés', que contemplaba "todos los escenarios" y que actuaría con "firmeza, proporcionalidad y unidad". Pero, llegado el momento, tras el estallido de la mayor crisis de orden público desde que arribara al poder, en junio de 2018, decidió no "sobreactuar", no caer en las "provocaciones" del separatismo, no ceder al "impulso de la exaltación". La lectura que hacía el Ejecutivo es que activar medidas extraordinarias podría ser contraproducente: soliviantaría al independentismo y contribuiría a echar más gasolina al fuego —en este caso, literal— desatado en las calles.

El Gobierno se conjuró para aguantar. Aguantar al máximo. Presionar a los radicales con la actuación policial pero no poner en marcha todavía resortes como la Ley de Seguridad Nacional o un nuevo 155, como exigen día a día PP y Ciudadanos, aunque sin descartar esos instrumentos. En el Gobierno y en el partido operaba el margen temporal de este fin de semana: si la violencia que fue en ascenso hasta el viernes proseguía el sábado y el domingo, no habría tal vez más remedio que actuar de un modo más contundente. Pero las últimas jornadas han dejado imágenes de manifestaciones multitudinarias pero con mucha menos tensión. En la Moncloa se empezó a sentir que la estrategia, muy arriesgada, y que no había sido cuestionada desde dentro, tal vez estaba empezando a funcionar. El paso de los días dirá si era un espejismo o si la tranquilidad regresa paulatinamente.

La consigna es aguantar mientras la situación no vaya a más. El Ejecutivo apuntala que el problema es "de orden público", como en otros países


Sánchez presidió este domingo de nuevo el comité de seguimiento de la crisis en Cataluña, y tras la reunión compareció el titular del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, el que está poniendo rostro a la actuación del Gobierno en la última semana. El ministro subrayó que los disturbios habían ido "a menos", aunque el Gobierno mantenía intacto su plan para "anularlos" por completo. Y, en respuesta a Pablo Casado y Albert Rivera, hizo hincapié en que las protestas son un problema "de orden público", "como el que viven otras grandes democracias de nuestro entorno". "Repito, se trata de un problema estrictamente de orden público". Marlaska no citó ejemplos concretos, pero estaba pensando, obviamente, en las movilizaciones de los chalecos amarillos, que mantuvieron en jaque a Emmanuel Macron durante meses. El presidente francés, no obstante, tuvo que recurrir a militares para la vigilancia estática, y liberar así a gendarmes para dedicarlos a las tareas de seguridad.

"Legítima actuación policial"

Y "si el problema es de orden público", siguió, la respuesta del Estado ha de ser la habitual en casos como este: la "actuación legítima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para neutralizar la violencia". Policías para frenar a los violentos, esa es la receta del Ejecutivo. Por ahora, nada más.

Interior señala que la actuación de los agentes está funcionando. No se descarta aumentar los efectivos, como se ha hecho en los últimos días

El ministro subrayó que, pese a las quejas de sindicatos policiales y de asociaciones de guardias civiles, no hay falta de medios materiales y humanos. Más aún, los agentes "nunca" le habían trasladado ese problema porque el plan previsto desde "hace tiempo" preveía los recursos "suficientes, los necesarios para poder restablecer la seguridad pública que el vandalismo, el independentismo violento, ha tratado de poner en tela de juicio". Los Mossos (más de 16.000 efectivos) han sido reforzados con una primera tanda de más de 2.000 policías y guardias civiles, y una segunda de 200 antidisturbios.

El Gobierno resiste la "presión" de PP y Cs y confía en que la crisis en Cataluña remita

El dispositivo, no obstante, "no está cerrado" y podrá incrementarse si es necesario, según trasladan fuentes de Interior. El despliegue, en todo caso, es menor al que se destinó para la operación Copérnico: unos 6.000 agentes enviados por el Gobierno de Mariano Rajoy para intentar frenar el referéndum ilegal del 1-O, hace dos años. Por ahora, son los policías nacionales los que ayudan a los Mossos, el cuerpo encargado del mantenimiento del orden público en Cataluña, en las tareas de contención y detención de los violentos en las zonas metropolitanas, mientras la Guardia Civil protege las infraestructuras críticas —puertos, aeropuertos...—. El ministro, al igual que el presidente, destaca en cada intervención la cooperación "extraordinaria" entre todos los cuerpos (también la Guàrdia Urbana en Barcelona), coordinación que faltó por completo en 2017.

Interior calcula que los incidentes violentos irán remitiendo, como se vio en los dos últimos días. Por varios motivos. Por un lado, por la "eficaz actuación policial", que además de perseguir a los radicales ha efectuado en las últimas jornadas controles de acceso a los lugares elegidos para las concentraciones, para impedir la entrada de objetos peligrosos o contundentes. Por otro, por el "hartazgo" de los sectores independentistas pacíficos, que han buscado aislar a aquellos que podían provocar los disturbios. "Los violentos nunca han podido con el Estado. Ni aquí, ni en ninguna otra parte del mundo. No pudo ETA, recordémoslo", señalan en el departamento que dirige Marlaska.

Críticas a la oposición

Si Cataluña se desinflama por completo en los próximos días, Sánchez podría sacar pecho de que su estrategia, de "moderación", ha funcionado, sin necesidad de acudir a instrumentos extraordinarios y sin ceder a la "presión" de populares y naranjas. Es lo que también espera el conjunto del partido, que asumía que el presidente no podría resistir con las protestas violentas abriendo informativos día tras día hasta el 10-N.

"La tensión ha bajado en Cataluña, es verdad, pero estamos pendientes. Los demás, en cambio, han perdido la cabeza", observa un ministro

"Nosotros somos serios. La tensión ha bajado en Cataluña, es verdad, pero estamos pendientes. Los demás, en cambio, han perdido la cabeza", sentencia un peso pesado del Ejecutivo y del PSOE, muy molesto con las críticas de PP y Ciudadanos. No es el único que lo piensa. En el núcleo duro de Sánchez, y también en los territorios, es recurrente la queja contra la oposición, por no cerrar filas con el Ejecutivo, al contrario de lo que hizo el PSOE en la oposición, en 2017.

El Gobierno resiste la "presión" de PP y Cs y confía en que la crisis en Cataluña remita

Con Rajoy, recordó este sábado desde Cintruénigo (Navarra) la vicesecretaria general, Adriana Lastra, "hubo dos referéndums ilegales, una ley de transitoriedad y una declaración unilateral de independencia" y el PSOE quiso "estar al lado del Gobierno para defender al Estado, y eso es lo que le pide al PP". "Ahora también necesitamos a toda España para demostrar a esos grupos organizados, violentos, que intentan acabar con la convivencia en Cataluña que no lo van a conseguir", abundó. Los catalanes pueden confiar en que tienen "un Gobierno que va a asegurar la convivencia pacífica", pero desde el respeto a la "pluralidad y la diversidad" de España.

En el PSOE retumbaron especialmente las palabras de ayer domingo de Albert Rivera en Barcelona. El líder naranja ha reiterado que quiere un 155 para que se cese a Quim Torra como 'president'. "Yo no quiero ser presidente para tener un helicóptero o dormir en la Moncloa. Yo quiero ser presidente del Gobierno para defenderos a todos, proteger a las familias españolas y meter en la cárcel a los que intenten romper este país", sostuvo durante el acto en la plaza Sant Jaume, al lado del Palau de la Generalitat. "Es muy importante mantener la serenidad —respondió desde Twitter el secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos—. En una democracia los líderes políticos no encarcelan a nadie. Es el poder judicial independiente y con arreglo a la ley. Es uno de los principios más elementales de un Estado de derecho".

No se cogerá a Torra

El Gobierno quiere proyectar la imagen de responsabilidad, de equilibrio frente a unos y otros. Lo advertía en otro mitin, en este caso en San Fernando de Henares (Madrid), la vicepresidenta. "No nos va a temblar la mano si hay que tomar una decisión más importante, pero tampoco nos va a temblar la mano para dialogar en el marco de las leyes. La misma mano que tomará decisiones firmes es la misma que se tenderá para buscar una salida política" en Cataluña, dijo Carmen Calvo. Dicho de otra manera: "No vamos a ceder a presiones. Si no, no habrá futuro", en palabras de una ministra del núcleo duro del líder socialista.

En el Gobierno y en el PSOE se fijan en el ejemplo de Chile: estado de emergencia y toque de queda que no han conseguido frenar los disturbios


El Ejecutivo ha reiterado que no se dan los supuestos para aplicar instrumentos extraordinarios. Ha dado sus argumentos. Por un lado, la Ley de Seguridad Nacional, que permite a Sánchez nombrar una "autoridad funcional" que pueda dar órdenes directas a los Mossos, no tendría sentido aplicarla ahora, puesto que funciona de facto la coordinación policial. Y el 155, tal y como ha ceñido el Tribunal Constitucional, puede desplegarse si hay un quebrantamiento de la legalidad, como ocurrió en 2017. No concurre esa circunstancia, insiste el Gobierno.

Centenares de personas han secundado la convocatoria de 'Pícnic per la República' y han arrojado bolsas de basura, en su mayoría rellenas de papel, en el perímetro de seguridad de la sede en Barcelona de Delegación del Gobierno, para simular que este edificio es un 'vertedero', este domingo. (EFE)
Centenares de personas han secundado la convocatoria de 'Pícnic per la República' y han arrojado bolsas de basura, en su mayoría rellenas de papel, en el perímetro de seguridad de la sede en Barcelona de Delegación del Gobierno, para simular que este edificio es un 'vertedero', este domingo. (EFE)

Este domingo, fuentes del Gabinete y de la cúpula del PSOE se remitían al ejemplo de Chile. El presidente, el conservador Sebastián Piñera, declaró el estado de emergencia y hasta un toque de queda para frenar las protestas violentas por el alza del billete de metro. Pero las medidas excepcionales no han servido por ahora para parar unos disturbios que ya han dejado una decena de muertos. "En todos los países, con menos motivos, se montan algaradas en las calles. Mira Chile, con manifestaciones sobre la subida del metro y el Ejército en la calle", señalaba un ministro. "El estado de emergencia está provocando más violencia. Es un buen ejemplo de la importancia de respuestas proporcionales", completaba una destacada responsable de la ejecutiva. Dicho a la inversa: recurrir a herramientas más firmes puede, a juicio de los socialistas, excitar más los ánimos y avivar el conflicto.

En paralelo, Sánchez ha lanzado otro mensaje que expresa por sí mismo la tensión institucional con la Generalitat y, en concreto, con el 'president', al que quiere aislar y señalar como interlocutor no válido. Torra le llamó el sábado y el domingo para reclamarle un diálogo "sin condiciones". O sea, diálogo para hablar de un referéndum de autodeterminación. En ninguno de los dos días le cogió el teléfono el presidente. Tras el primer contacto, la Moncloa se esmeró en lanzar un comunicado en el que volvía a exigir al 'president' una condena "rotunda" de la violencia y un reconocimiento a la labor policial. Eso, para empezar. Le recordaba, además, que todo diálogo ha de vehicularse siempre "dentro de la ley", y por eso jamás reconocerá la posibilidad de una consulta soberanista, porque no cabe en la Constitución. El problema, insistió el Gobierno, no es la "independencia" de Cataluña, que "no se producirá", sino la convivencia entre los catalanes y por ello volvía a requerir a Torra a que abriese un diálogo con las fuerzas presentes en el Parlament.

"El 'president' es tóxico"

El jefe de Govern le contestó a través de una airada carta en la que advertía a Sánchez de que no toleraría "ninguna lección", porque él siempre ha condenado "todas las violencias". Se escabullía de nuevo, al no rechazar las protestas radicales que han agitado Cataluña esta semana. Este domingo, la Generalitat reveló el nuevo intento de Torra de comunicar con Sánchez. Desde la Moncloa, ni siquiera se molestaron en confirmar esa llamada. Todo estaba dicho. "Ahí nos vamos a mantener firmes. No vamos a dar cuerda a semejante 'president'. Que se cuezan los independentistas en sus contradicciones. Torra es tóxico y su nivel de irresponsabilidad, alucinante", comenta un integrante del comité electoral. Sánchez, de paso, marca diferencias con ERC, porque los contactos entre la vicepresidenta, Carmen Calvo, y el número dos del Govern, el republicano Pere Aragonès, sí ha continuado. La formación de Oriol Junqueras sí ha sido más contundente en su condena a los altercados.

El presidente retoma la campaña esta semana en Castilla-La Mancha y Andalucía. Antes del viernes, debe estar Franco ya fuera de Cuelgamuros

Aguantar sin perder los nervios. Ahí se resume la postura socialista, con la confianza en que surta efecto la estrategia. "Ojalá la violencia pare ya", apunta un miembro de la dirección, consciente de que ya quedan menos de tres semanas para las urnas y cualquier error puede pasar mucha factura al presidente. Se entra ya en zona peligrosa.

El Gobierno resiste la "presión" de PP y Cs y confía en que la crisis en Cataluña remita

Por lo pronto, Sánchez pretende retomar su precampaña este lunes en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), con el presidente castellano-manchego. El martes regresará a Andalucía. No están cerrados los actos de toda la semana, porque el candidato puede tener que encajar un nuevo viaje a Bruselas para asistir a otro Consejo Europeo extraordinario monográfico sobre el Brexit. Tampoco se detendrá la exhumación de Franco, que no llegará antes del miércoles, pero que habrá de culminarse antes del día 25. El operativo está prácticamente listo. Ese será otro foco que tal vez permita al PSOE fijar la atención en otro punto, fuera de Cataluña. Pero para que funcione, la violencia debe "anularse", como prometió Marlaska. Partido y Gobierno esperan que así sea para relanzar un viaje a las urnas que está siendo mucho más complicado de lo previsto, con unas encuestas que no les dan ni un mínimo resuello.

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