Las pistas ocultas del Supremo sobre la condena a Junqueras: apunta a penas altas

El tribunal del 'procés' ha dejado, en su último auto, un rastro de pistas que ofrece un panorama poco alentador para Oriol Junqueras y el resto de políticos catalanes acusados de rebelión y sedición. El escrito remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea condensa en unos pocos párrafos los hechos que analizan los siete magistrados de cara a la futura sentencia. Hechos que, desnudos y despojados de retórica superflua, descartan radicalmente la desobediencia y apuntan a penas elevadas.

El auto, ponencia de Manuel Marchena, tiene la prevención de precisar que lo reflejado en él no supone una proclamación por parte del tribunal de una prueba efectiva. Pese a ello, esas pocas líneas escogen entre todo el acervo probatorio expuesto en el juicio y se centran en determinados aspectos que, de forma indudable, han llamado la atención de los jueces. El relato coincide con los delitos más graves, de rebelión o sedición, y se aleja así de una visión menos rigurosa, a efectos penales, de las conductas a examen. Las conclusiones son aplicables a Junqueras, dado que la consulta formulada al tribunal de Luxemburgo se centra en el 'exvicepresident' y su inmunidad como eurodiputado electo.

La primera de las pistas es la afirmación de que Junqueras participó "en un proceso secesionista", proceso que queda perfectamente acotado en el tiempo. La segunda es la sutil mención a la existencia de violencia. La tercera, la alusión a la intención de ruptura con la Constitución. Todas las pistas conducen a un solo camino: sedición o rebelión.

El auto no se remonta a años atrás, como sí ha hecho la Fiscalía, que defiende de que el referéndum del 1-O y lo sucedido a continuación fue el resultado de una estrategia madurada y desarrollada en el tiempo y que arrancó en 2015. Nada de esto se aprecia en los nueve párrafos donde se reflejan los hechos. El relato que el Supremo ha decidido mandar a Europa, en un asunto tan sensible como es la cuestión remitida sobre el principal acusado del procedimiento, condensa lo ocurrido en poco más de dos meses: septiembre y octubre de 2017.

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Gran parte del peso de los hechos reposa en el contenido de una de las leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña a iniciativa del Govern en el que Junqueras ejercía como número dos. La de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, que salió adelante el 8 de septiembre. El escrito describe, con mayor detalle que otras cuestiones, el contenido de esa norma. Y la fría enumeración de lo que preveía el Ejecutivo de Puigdemont resulta demoledora.

Dice así el Supremo que la ley "incluía proclamaciones unilaterales de ruptura con el sistema constitucional vigente". "Se presentaba como la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán, hasta tanto fuera aprobada la Constitución de la nueva república" y apunta a sus patas. La delimitación territorial, espacio terrestre, incluido el subsuelo, el mar y el espacio aéreo. La abolición de la monarquía. El diseño de un poder judicial dominado por el Ejecutivo. El régimen fiscal.

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Esta norma y otras posteriores fueron el andamio al que se subió el Govern para lanzar su referéndum, dice el tribunal. Lo hizo en contra del mandato del Tribunal Constitucional, que las había suspendido todas. Tienen claro los magistrados que la votación del 1 de octubre "implicaría 'ope legis' la independencia de Cataluña". Por obra de la ley. Una ley, fuera de la ley. También que se apoyaron en la opinión de una minoría. La cifra a favor del sí representaba el 37% del censo electoral y poco más de una cuarta parte (el 27%) de la población total de Cataluña en esas fechas, precisa.

La violencia

Este relato de hechos condensado, redactado en un momento en que el tribunal delibera ya su decisión final, no se sustrae a la alusión a la violencia. Asegura que la celebración del referéndum "estuvo presidida por una amplia movilización ciudadana". "Se produjeron incidentes de los que derivaron lesiones padecidas por ciudadanos y agentes de la autoridad que trataban de cumplir la expresa prohibición judicial de celebración de ese referéndum", dice.

También desvela que las concentraciones anteriores al 1-O tendrán peso especifico en la valoración. Alude a la macromanifestación ante las puertas de la Consellería de Economía del 20 de septiembre y sobre ella dice que pretendía "obstaculizar la práctica de registros y detenciones que habían sido acordados por la autoridad judicial". La malversación aparece también en los antecedentes de hecho del auto. Precisa así que las acusaciones imputan al acusado este delito, "al haber sido destinados caudales públicos a la celebración de esa ilegal convocatoria". Poco más de folio y medio y toda una declaración de intenciones.