EN EL JUICIO DEL 'PROCÉS'

La Fiscalía mantiene la rebelión y las penas: 25 años para Junqueras y 17 para los Jordis

La Abogacía del Estado, por su parte, también mantuvo su postura inicial y solicita 12 años de cárcel para Junqueras por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos

Foto: Los políticos presos en Lledoners
Los políticos presos en Lledoners

La Fiscalía y la Abogacía del Estado no han cambiado sus peticiones de cárcel en la recta final del juicio del 'procés'. Tras finalizar la prueba documental, el Ministerio Público mantuvo ante el tribunal que los acusados Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa cometieron un delito de rebelión, mientras que la Abogacía hizo lo propio y no modificó los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia grave que anunció en el arranque del procedimiento. Tras más de tres meses y 500 testigos, las dos principales acusaciones consideran que han quedado probadas las conclusiones provisionales y así lo han expresado a la hora de presentar las definitivas este miércoles, que en el caso de la Fiscalía incluye además una solicitud: que los condenados a más de cinco años de cárcel no obtengan el tercer grado hasta que cumplan la mitad de la pena, evitando así que puedan salir antes de la cárcel.

Al no cambiar los delitos, las condenas que solicitan tampoco se ven alteradas, por lo que la Fiscalía pide una pena de 25 años de prisión para el 'exvicepresident' Oriol Junqueras por un delito de rebelión con la agravante de malversación. Los presidentes de las asociaciones soberanistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, quedan a su vez con una solicitud de 17 años, mientras que para el resto de acusados se rebajan las penas: 16 años para Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa, y 7 años para Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila por malversación y desobediencia. Pese a no cambiar las peticiones de prisión, el fiscal Jaime Moreno indicó al tribunal la solicitud expresa de que aplique el artículo 36.2 del Código Penal, que conlleva que los condenados no puedan obtener el tercer grado hasta que superen el ecuador de la pena. Si el Ministerio Público no llega a incluir este punto, entonces el tribunal no habría podido añadirlo a su sentencia, explican fuentes jurídicas.

La Abogacía del Estado, por su parte, solicita 12 años de cárcel para Junqueras por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos. En el caso de los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, los servicios jurídicos del Estado también les acusan de sedición y malversación, pero a diferencia de Junqueras solicitan 11 años y medio de prisión. En cuanto a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, la abogada del Estado pide 10 años de cárcel por un delito de sedición, el mismo que atribuye a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, para los que se solicita 8 años.

La acusación popular ejercida por Vox, por el contrario, sí realizó un cambio: elevó a definitivas las conclusiones salvo en el caso de Santi Vila, para el que retiró la acusación de organización criminal y malversación de caudales públicos, dejándole así solo con desobediencia, que no conlleva pena de cárcel. Tras un breve receso, las defensas mantuvieron entonces su petición de que los doce acusados sean absueltos, para lo que algunos subrayaron el artículo 20 del Código Penal sobre aquellos que quedan exentos de responsabilidad criminal y, en concreto, el punto 7 del mismo: "El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. En los supuestos de los tres primeros números se aplicarán, en su caso, las medidas de seguridad previstas en este Código".

Tras la fase de prueba documental, Marchena dio así la palabra a las acusaciones y las defensas para que anunciasen sus conclusiones definitivas, paso previo a la presentación de sus informes, que tendrán que esperar al próximo 4 y 12 de junio. Las partes expresaron entonces su postura final, que en el caso de las dos principales acusaciones fue la misma que en el arranque del procedimiento en cuanto a los delitos y peticiones de cárcel. La Fiscalía, sin embargo, sí incluyó ciertos cambios en su relato de los hechos.

Los cambios de la Fiscalía

La Fiscalía realizó pequeñas modificaciones en sus conclusiones definitivas, para lo que profundizó en el papel de la Mesa del Parlament y añadió los avisos de los Mossos al Govern sobre la posible escalada de violencia en el 'procés', tal y como relataron los mandos del cuerpo en sus declaraciones. "Los mandos policiales pidieron a sus responsables políticos que desconvocaran el referéndum para evitar que se produjeran choques y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Pese a ello, la decisión de los miembros del Govern fue seguir adelante con el referendum, dando instrucciones a los Mandos de los Mossos d’Esquadra para que facilitaran su realización", sostiene ahora el Ministerio Público sobre los encuentros entre políticos y policías a finales de septiembre de 2017. "Al finalizar la reunión, el procesado rebelde, entonces presidente de la Generalitat, manifestó a todos los presentes que si el 1 de Octubre había violencia declararía la independencia".

[Las conclusiones definitivas de la Fiscalía]

La Fiscalía suma además cerca de tres páginas sobre los servicios que prestó la empresa Unipost de cara a la celebración del referéndum: "Se encargó a esta entidad, si bien de manera clandestina, el envío postal de material electoral en 5.346.734 cartas ordinarias, tantas como personas censadas, y 56.000 cartas certificadas, destinadas estas a quienes habrían de integrar las meses electorales. El coste de este servicio se presupuestó en 1.012.197 euros", explica el Ministerio Público. "La dificíl situación financiera que atravesaba Unipost en aquellas fechas, próxima al concurso de acreedores, unida al hecho de que la Generalitat era su mejor cliente, propició que la dirección y los responsables de la entidad se avinieran a una contratación ajena al procedimiento administrativo y a su habitual mecanismo de registro", concluyen a la hora de exponer sus conclusiones definitivas.

Otro párrafo que añaden ahora entra de lleno en los incidentes que se produjeron el 19 y 20 de septiembre de 2017: "La situación fue claramente insurreccional, ya que a los aproximadamente 80 incidentes con enfrentamientos y hostilidades que se produjeron en los diferentes centros de votación frente a la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado el mismo día 1 de octubre, deben sumarse 47 actos de acoso en cuarteles de la Guardia Civil, 23 actos similares en comisarias de Policía y edificios públicos del Estado, 11 en alojamientos y hoteles de funcionarios policiales, 47 ataques a sedes del PSC, y los graves incidentes que se produjeron los días 19 y 20 de septiembre", sostiene el Ministerio Público. El mensaje es claro: en el 'procés' hubo violencia y, por tanto, deben ser condenados por rebelión.

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