La irrupción del 'Vox de la Policía' aventura las elecciones más broncas del cuerpo

La tensión se masca estos días en cada comisaría. Quedan apenas unos días para alcanzar la marcada fecha del 19 de junio y esto se nota en el ambiente policial. Ese día tendrán lugar las elecciones al Consejo de la Policía Nacional más broncas de los últimos años, que cuentan con un 'elemento extraño' que todos prevén que irrumpirá con fuerza en el escenario sindical de la corporación. Se trata de Jupol, el sindicato creado por los promotores de la asociación que reclama la equiparación salarial de la institución con las policías autonómicas, Jusapol.

Como ocurriera con Vox en la pasada campaña de las elecciones generales, cuando las encuestas aventuraban la entrada del partido de Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados como elefante en cacharrería, todos en la Policía Nacional prevén ahora que el nuevo actor 'asalte' el organismo donde sindicatos y Administración negocian todos los asuntos laborales. ¿Su representación será simbólica? ¿Llegará incluso a controlar el Consejo? En este caso, no hay encuestas que permitan vislumbrar el alcance real que tendrá Jupol en un terreno hasta ahora dominado por cuatro sindicatos. Las previsiones las hacen los propios interesados y su competencia.

Natán Espinosa, presidente de Jusapol, vaticina que la nueva organización dominará el organismo con más del 50% de los puestos. "Vamos a sacar ocho de los 14 vocales", augura. "Van a entrar con fuerza", se limita a pronosticar el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío, que representa a la organización más representativa hasta el momento. "No sacarán más de tres", aventura José María Benito, de la Unión Federal de Policía (UFP). Sea como sea, lo que no se discute es que Jupol estará dentro, pero también que se puede cortar la tensión que existe entre los aspirantes a formar parte del Consejo.

Según Benito, los representantes de la nueva organización practican "el 'hooliganismo' y la demagogia". "Están arrancando la propaganda lícita de los sindicatos en las comisarías, donde está habiendo muchos problemas; están insultando por las redes a los simpatizantes de otras organizaciones y a las propias organizaciones; a varios líderes sindicales les pintaron obscenidades en los carteles", acusa el representante de la UFP, que asegura que incluso a él mismo le han machacado por las redes sociales. "Me han llamado escoria, payaso, cerdo, basura de tío, premio al impresentable, solo pido un segundo con él, sinvergüenza, tonto, imbécil, ni policía ni nada y otros calificativos", afirma Benito, que asegura haber denunciado todo esto ante Régimen Disciplinario y ante la Junta Electoral.

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"Ya lo han borrado de Facebook", matiza. "A mí me da igual, porque llevo muchos años en esto y aguanto lo que me echen, pero puede haber personas a las que les afecte más y pasen cosas como lo que le ocurrió a la empleada de Iveco, hay que tener mucho cuidado con esto", considera el portavoz de UFP, que también acusa a la Dirección General de mostrarse "pasota" ante estos "ataques". "Han permitido todo, los enfrentamientos en la Vuelta Ciclista con la Guardia Civil, los escraches a políticos", valora el líder sindical, que entiende que hasta ahora no había habido ningún problema. "No es normal y hay mucha preocupación", subraya.

También en línea parecida se expresa el portavoz del SUP. Cosío también habla de escraches, insultos, sabotajes de redes sindicales en provincias, pintadas a compañeros. "Los delegados sindicales están acostumbrados a lidiar con sus jefes, pero no a pelearse con sus propios compañeros; en las comisarías está habiendo muchos problemas; hasta el punto de que en algún contexto judicial casi se terminaron pegando; el nivel de confrontación que hay hace muy difícil todo", entiende el representante de la organización mayoritaria del cuerpo. "Nunca he vivido tensiones tan fuertes con otros sindicatos", asegura Cosío, que cuenta que él ha recibido hasta "200 mensajes con insultos por Twitter".

La imagen del cuerpo se resiente

Recuerda, entre otras polémicas, las amenazas contra su formación en Navarra por suscribir el pacto salarial con el Gobierno. En concreto, la representante del SUP en la comunidad foral, Rebeca Artús, recibió un mensaje vía WhatsApp. "Espero que esto no sea verdad, porque vais a tener un problema muy gordo; y esto te lo garantizo yo en especial a ti, Rebeca", leyó en su móvil. La sindicalista acudió pronta a poner una denuncia por un delito de amenazas. "Fue la gota que colmó el vaso; me encontraba carteles en las comisarías, pero esto ya fue algo dirigido hacia mi persona y me hizo revivir situaciones muy desagradables para quienes hemos pasado en Navarra años difíciles", afirmó Artús. Poco después, Jusapol publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de disculpas que la afectada aceptó.

Tanto Benito como Cosío coinciden en que toda esta tensión afecta principalmente a la corporación. "Es una estrategia destructiva para todo el cuerpo y esperamos que cuando entren en el Consejo reconduzcan la situación y trabajen con los mismos mimbres de todos", desea el portavoz del SUP en voz alta. "Con estos comportamientos, lo que consiguen es perjudicar lo que debería ser la imagen policial", censura el dirigente de la UFP.

No lo ven igual, por supuesto, los responsables de Jusapol. "Las pintadas en los tablones tuvieron lugar hace un año y medio y ya las condenamos en su momento", defiende Espinosa. "Lo que ocurre es que todo lo sacan ahora porque se acercan las elecciones; desde aquel episodio ni se nos ha abierto expediente ni nada por ningún asunto", argumenta. "Es una campaña de desprestigio; censuramos todas esas acciones y por supuesto no las promovemos", asegura el líder de Jusapol, organización que ya cuenta con 18.000 afiliados, 8.000 más que UFP y casi los mismos que el SUP, que supera ligeramente los 19.000 asociados. "Si alguien de nuestra agrupación hace algo de esto, le decimos que no lo repita; si vuelve a hacerlo, le expulsamos", explica. "No podemos controlar lo que dice cualquiera que en su perfil de las redes sociales se pone nuestro escudo; hay 140.000 policías y guardias civiles; solo podemos decir que hay que actuar en el marco de la ley", sostiene Espinosa.

La irrupción de Jupol, sin embargo, no representa solo la entrada de una nueva fuerza sindical, sino también de sus ideas, como pasó con Vox. Jusapol nació para promover la equiparación salarial entre policías y guardias civiles con cuerpos autonómicos y ese sigue siendo su principal objetivo. "Cuando comenzamos a movilizarnos y a recoger firmas para promover una iniciativa legislativa popular, el Gobierno decidió sentarse solo con sindicatos y asociaciones representativas, con los que firmó un acuerdo el 12 de marzo de 2018; pero nos dejaron fuera a nosotros y a las jubilaciones y a las pagas extra y a las pensiones de viudedad y orfandad; por eso creamos Jupol, para presentarnos al Consejo de la Policía y llegar a ser mayoritarios", recuerda. "Cuando lo seamos —advierte—, declararemos el conflicto colectivo permanente hasta que se arregle todo".

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Efe

El acuerdo entre el Ministerio del Interior y los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de guardias civiles preveía una subida salarial paulatina que se vería reflejada en la nómina de los funcionarios en 2018, 2019 y 2020. En total, el Gobierno destinaría 807 millones de euros a sufragar este incremento de sueldo destinado a equiparar los ingresos de las fuerzas de seguridad estatales con las autonómicas. Para Jusapol, esa cantidad debería alcanzar los 1.500 millones, porque el convenio no tuvo en cuenta los conceptos mencionados. "Los policías de segunda actividad y los guardias civiles en la reserva no han cobrado ni un euro", critica Espinosa, que hace hincapié en que aún falta por conocer la auditoría de Ernst & Young que determinará la cantidad exacta que debe incrementarse para lograr una equiparación real. "Vox ha pedido el informe al Gobierno por la ley de transparencia, porque Interior aún no ha querido hacerlo público".

Sus oponentes sindicales, sin embargo, ven la botella medio llena. "Cada policía cobra hoy 380 euros al mes más que en diciembre de 2017", destaca el portavoz del SUP. "Y aún falta el tercer tramo, que serán 380 euros al mes adicionales", anuncia Cosío, que pretende promover una ley de retribuciones que recoja toda la singularidad policial. "Declarar el conflicto colectivo permanente, como pretende Jusapol, pondría en riesgo el abono del tercer tramo, que ya está comprometido; el populismo y la demagogia pueden provocar que el Gobierno decida paralizar los planes ya firmados", augura por su parte el representante de la UFP.