Un Policía Local de Cádiz, expulsado por quedarse con el dinero de las multas

F.J.R.M. fue condenado en diciembre de 2008 por la Audiencia Provincial de Cádiz a dos años de prisión por malversación de caudales públicos e infidelidad en la custodia de documentos. Además, fue inhabilitado para ejercer cualquier empleo público durante seis años. La razón es que se había apropiado de 8.330 euros en multas que él mismo había puesto.

El acusado era Policía Local de la capital gaditana y durante el juicio se demostró que las sanciones que imponía durante su servicio, la mayoría a turistas extranjeros, se las quedaba para su propio beneficio y no las ingresaba. La trama se descubrió gracias a que uno de los afectados presentó en el ayuntamiento un pliego de descargos por la multa que había recibido y pagado, pero ese dinero no había sido ingresado y que la sanción ni siquiera había sido tramitada.

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Ahora, seis meses después del juicio, el Ayuntamiento de Cádiz ha cerrado el expediente que se le abrió internamente y ha decidido expulsar de su policía local al ya condenado por la audiencia. F.J.R.M. pedía que se igualaran los seis años de inhabilitación que había dictado la justicia, pero el ayuntamiento gaditano ha decidido ir un paso más allá.

Imagen y confianza ciudadana

Tal y como informa Diario de Cádiz, el ayuntamiento ha considerado los hechos como “una falta disciplinaria muy grave”. Esa calificación lleva aparejada una sanción que va desde una suspensión de entre tres meses y seis años a la expulsión definitiva del cuerpo. Incluso se podría dictar una orden de traslado forzoso.

Pedía que se igualaran los 6 años de inhabilitación que había dictado la justicia, pero el ayuntamiento gaditano decidió expulsarle de la Policía Local

Sin embargo, al analizarse diversos factores como la intencionalidad o la reincidencia de los hechos, el historial profesional del acusado o su incidencia sobre la seguridad ciudadana, las autoridades han decidido aplicar la máxima pena: la separación de la policía. De esa manera, se va más allá de la sanción de seis meses de inhabilitación dictaminada por la audiencia.

El expediente recoge que esos hechos afectan “a la imagen y la confianza de los ciudadanos en las funciones de la Policía Local y de sus miembros” y recuerda que “los hechos objeto de condena han afectado a más de un centenar de ciudadanos”. El acusado habría abusado de su posición de poder durante más de tres años, entre 2014 y 2017.