Puigdemont exige los cuarteles de la Guardia Civil y el 30% de los pisos de la Sareb

El independentismo continúa acumulando peticiones encima de la mesa a cambio de permitir, en caso de que sea necesario, la investidura del próximo presidente del Gobierno español. Junts per Catalunya (JxCAT), la candidatura liderada por el encarcelado Jordi Sànchez que cuenta con el apoyo del fugado Carles Puigdemont, es la formación que tiene las ideas más claras y está dispuesta a vender caro su apoyo en Madrid.

Así, una de las cosas que pedirán a Pedro Sánchez si este reclama su apoyo para la investidura es que el Estado traspase a la Generalitat y a los ayuntamientos “el 30% de los pisos vacíos que la Sareb tiene en Cataluña para reforzar las medidas impulsadas por la Generalitat para ampliar el parque de vivienda social y conseguir un parque de vivienda protegida que perdure en el tiempo”. Es una de las medidas estrella que los independentistas exigirán a cambio de su eventual apoyo a una investidura.

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Es una medida temporal, ya que la meta de JxCAT es la proclamación de la independencia, momento en el cual pondrían sobre la mesa todos los activos de la Sareb para repartirlos con el resto de España. Sin embargo, no es la única medida que reclaman: la intención es obligar al Gobierno central a doblar los recursos transferidos a Cataluña para políticas de vivienda, “para situarlos en cuantías parecidas a las que se transferían hace 10 años, teniendo en cuenta que hoy tenemos nuevas necesidades que no teníamos hace 10 años, como desahucios, ayudas al alquiler, etcétera”.

Otra de las exigencias será “la cesión a la Generalitat de los cuarteles de la Guardia Civil en desuso, así como de otros inmuebles propiedad del Estado que puedan ser destinados a vivienda social”. Entre esos inmuebles, se encuentran algunos que pertenecen al Ministerio de Defensa.

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Estas exigencias van acompañadas de la necesidad de un compromiso que blinde las competencias y las leyes catalanas “contra posibles recursos de inconstitucionalidad y decretos leyes del Parlament relativos a la protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial o a la mejora del acceso a la vivienda”. En este sentido, desde JxCAT recuerdan que las competencias en materia de vivienda están traspasadas a la Generalitat, a pesar de que el Gobierno central, aseguran, ha invadido competencias.

Controlar el dinero del Plan de Vivienda estatal

Los continuos recursos del Gobierno central contra iniciativas parlamentarias catalanas dieron al traste, por ejemplo, con la Ley de Emergencia Habitacional, nacida de una iniciativa legislativa popular firmada por 150.000 personas, que ayudaba a las familias con menos recursos y que fue anulada durante más de dos años por un recurso del PP. En otoño pasado, Gobierno central y Generalitat llegaron a un acuerdo para la retirada del recurso y la norma se puso en vigor. Por ello, JxCAT pedirá “crear un fondo de garantía para la protección de los consumidores vulnerables con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y transferir su gestión a la Generalitat”. Con ello, esperan impedir que se produzcan “cortes de suministro eléctrico o de gas a las personas con vulnerabilidad energética”.

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No se queda ahí la cosa: los hombres de Puigdemont exigirán que se transfieran a la Generalitat los recursos del Plan de Vivienda estatal “para producir viviendas de alquiler a precio asequible”. Este plan, que abarca los años 2018 a 2021, prevé inversiones de 1.443 millones en ese periodo, un incremento del 62,46% respecto al anterior plan. Sin embargo, en su demanda, los independentistas no cuantifican la parte que correspondería a Cataluña de ese monto. Sí prevén exigir que a medio plazo el Gobierno español aumente progresivamente los fondos estatales destinados a políticas de vivienda para situarlos en el 0,6% del PIB, la media europea. Ahí es donde exigirán también “transferir estos recursos a la Generalitat en la parte correspondiente al peso de la población de Cataluña respecto al Estado”.

Traspaso de hospitales

La formación independentista espera sacar también tajada del ámbito sanitario y reclamará el traspaso a la Generalitat de los hospitales Vall d’Hebron y Bellvitge, en Barcelona, y el Josep Trueta de Girona. Estos hospitales, referentes en ambas ciudades, son gestionados por la Generalitat desde el traspaso de la sanidad, pero su titularidad es aún del Estado. Los independentistas reclaman estos inmuebles con papeles en la mano. “La Ley 27/2011 de 1 de agosto sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social ya estipulaba que estos inmuebles se tenían que traspasar, pero el PP lo paralizó. Una gestión racional del sistema exige el traspaso, aunque sea con 40 años de retraso”.

En otras palabras, el traspaso de la titularidad de los grandes centros sanitarios había sido concertado por Mariano Rajoy y Artur Mas cuando el primero sostenía el Gobierno del segundo. Luego, cuando Rajoy se negó a hablar de cualquier pacto fiscal, Artur Mas eligió la hoja de ruta independentista y otros compañeros de viaje, y Rajoy congeló las promesas realizadas. Para entonces, la Generalitat ya llevaba 30 años gestionando los hospitales y ahora, con casi 40 años de gestión, pone de nuevo el tema sobre la mesa.