LAS TRAMPAS DE UN PROYECTO CAUDILLISTA

Puigdemont prevé autonombrarse 'president' de Generalitat y Parlament si hay otro 155

"Si las instituciones catalanas legítimas vuelven a ser suspendidas, el Consell asumirá las funciones de Govern y de Parlament legítimos", asegura un documento al que ha accedido El Confidencial

Foto: Rostro de Puigdemont en las proximidades de Barcelona. (Reuters)
Rostro de Puigdemont en las proximidades de Barcelona. (Reuters)

El Consell per la República Catalana, el organismo creado a mayor gloria de Carles Puigdemont y alentado por el ‘president’ de la Generalitat, Quim Torra, trabaja en la sombra creando herramientas y estructuras para poder suplantar al propio Gobierno de la Generalitat en caso de cualquier imprevisto o si el Gobierno español decide aplicar de nuevo el artículo 155. Se trata de un proyecto caudillista que dinamita la separación de poderes, ya que prevé que el grupo de elegidos por Puigdemont actúe no solo como Gobierno sino como Parlament al mismo tiempo.

Así lo explica el propio Consell en una detallada guía a la que ha tenido acceso El Confidencial. “En caso de un nuevo artículo 155 [es decir, si las instituciones catalanas legítimas vuelven a ser suspendidas], el Consell podrá ejercer las funciones de Govern y de Parlament legítimos, de la misma manera en que el Govern en el exilio ejerció como Govern legítimo durante la aplicación ilegítima del artículo 155 entre octubre de 2017 y mayo de 2018. Pero, a diferencia de aquel periodo, en esta eventual ocasión podría ejercer este rol con una robustez institucional muy superior”.

Ello significaría, en la práctica, unificar el poder legislativo y el ejecutivo en un puñado de personas los fieles a Puigdemont con la potestad de proponer leyes y de aprobarlas. Una aberración jurídica para cualquier democracia. El poder del Consell sería inmenso. Además, solo él podría impulsar “el proceso constituyente —en continuidad y en coordinación con los trabajos del Foro Cívico y Social para el Debate Constituyente— y la Asamblea de Representantes podrá ejercer las funciones de Asamblea Constituyente si así se le encomienda”. Este Foro Cívico es el que preside el cantautor Lluís Llach, que fue presentado a bombo y platillo en octubre pasado por Quim Torra en las propias dependencias de la Generalitat.

La Asamblea de Representantes es una de las variantes de la Asamblea de Electos de Cataluña (Aecat) previstas en las hojas de ruta de algunos partidos y entidades soberanistas, y agrupa a los cargos electos independentistas elegidos en las urnas, que se convertirían en un Parlamento paralelo si la Cámara legislativa catalana es intervenida. Puigdemont se arroga ahora el poder de suprimir también la Aecat y de proponer su propia Asamblea de Representantes para reconvertirla luego en la Asamblea Constituyente. La Asamblea que propone Puigdemont depende de él mismo, que es quien convoca dos reuniones al año de la misma, aunque su composición es un misterio. Solo se dice de ella que es “un espacio de representación política y social comprometido a avanzar hacia la república catalana”.

Estructura endogámica

La estructura de Puigdemont en el exterior adolece, sin embargo, de una peligrosa endogamia que subraya el carácter totalitario del proyecto. En el organigrama del Consell, se citan tres órganos de esta estructura paralela: la Asamblea de Representantes, el Consell y el presidente del Consell. No se especifica quién compone la Asamblea, aunque señala que esta elige al 'president', que a su vez elige al Consell. Pero en uno de los apartados, el documento especifica que la característica del Consell es “ser un espacio de participación política permanente” y entre sus misiones se encuentra “votar para elegir a los miembros de la Asamblea de Representantes”.

Por tanto, el presidente del Consell per la República es quien elige a dedo el Consell. Y este, a su vez, elige —a dedo— a los integrantes de la Asamblea de Representantes. Finalmente, uno de los cometidos de esta asamblea es elegir —a dedo— al ‘president’ del Consell. O sea, elegir a la persona que preside el órgano que los nombra. Aunque el organigrama parezca extraído de una comedia de enredo, es la cruda realidad. Todo queda en familia.

El documento especifica en otro apartado que “el Consell llegará allí donde las instituciones catalanas —Govern y Parlament— no podrán llegar. Hará lo que sea preciso para hacer efectivo el mandato del 1-O, lo que el Govern y el Parlament hoy no pueden hacer por la amenaza de represión del Estado”. Por eso, afirma, “se crea y actúa desde el Espacio Libre de Europa. Por eso el núcleo impulsor [su consejo de gobierno fundacional] son los miembros del Gobierno de la Generalitat en el exilio”. Paralelamente, destaca que uno de los ejes de su desarrollo es la creación de un espacio virtual digital. “El ‘territorio digital’ es más libre y seguro: el Estado no puede reprimir de la misma manera el territorio digital que el territorio físico. Por eso, el Consell desplegará una estrategia de eRepública, desde la seguridad de que el Estado no puede impedir su despliegue”.

Para trabajar dentro del ámbito territorial de Cataluña, no obstante, el Consell tiene dos herramientas, añade el documento: la primera son los consejos locales de la república. “Se están creando a nivel municipal. Desde el Consell de Govern se está elaborando un Código de Principios que habrán de asumir aquellos consejos locales que quieran estar acreditados formalmente como ‘difusores de los proyectos’ del Consell por la República en su territorio”. La otra herramienta son “las entidades de la sociedad civil. Ya desde ahora se están inscribiendo en el Registro Ciudadano. El consejo creará los espacios necesarios para vehicular la participación y la contribución de todas estas entidades en el Consell”.

Utilizar ILP como arma política

Una de las novedades que aporta el texto es la estrategia de Puigdemont en el ámbito político. Ahí, el Consell actuará a través de “iniciativas legislativas populares que permitan preparar las herramientas necesarias para hacer efectiva la república”. Aquí es donde este órgano encuentra como aliados naturales a entidades cívicas como la ANC y Òmnium Cultural: ellas son las encargadas de recoger firmas que se han de hacer pasar como iniciativas populares (ILP) pero que serán utilizadas políticamente por la cúpula del Consell conforme a sus intereses políticos. O sea, que las ILP soberanistas serán teledirigidas desde Waterloo.

El Consell, según la guía, tiene como misión “hacer efectivo el mandato del 1-O; es decir, que la república proclamada el 27 de octubre se convierta en realidad”. De ahí que subraye que este órgano “es la primera piedra de un nuevo Estado independiente de Europa. Desde el 1-O, Cataluña inició el camino de la república: el Consell ha de servir para acabar entre todos lo que aquel día comenzamos”.

A partir de ahí, hará una “propuesta estratégica” para culminar el ‘procés’ trabajando en cinco ámbitos desde los cuales se impulsarán diferentes proyectos, aunque todos al servicio “de la misión señalada”: internacional, jurídico, político, de difusión de la cultura y la realidad social catalana y de conocimiento y estudios.

En el ámbito internacional es donde entran en escena las estrategias para el reconocimiento internacional de la eepública y la diplomacia civil, y la “acción de internacionalización orientada a la opinión pública y la ciudadanía de los diferentes países”. En este campo, el Diplocat es una pieza fundamental, ya que es el organismo que tiene una estructura y fondos (públicos) suficientes como para acometer campañas de concienciación y de comunicación, además de poder sufragar inserciones publicitarias o invitar a líderes de opinión a Cataluña para ‘venderles’ el producto.

Las movilizaciones, para los otros

En el ámbito jurídico, que se implementa con el anterior, se ubican las campañas de defensa de “los derechos civiles y políticos” y las campañas a favor del “derecho a la autodeterminación” ante tribunales y organismos internacionales. Así, destaca que la acción internacional tiene destinatarios diversos: ciudadanos y opinión pública; gobiernos y Estados; instituciones de la UE; instituciones internacionales; mundo académico, del pensamiento y de la cultura, y tribunales y órganos jurisdiccionales. Los objetivos en este campo son provocar la visualización “de que hay un conflicto político entre Cataluña y España, la denuncia de la represión de los derechos civiles y políticos, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Cataluña, el reconocimiento del mandato del 1-O y el reconocimiento de la república proclamada el 27-O”.

Eso sí, para hacer efectivo el mandato del 1 de octubre, “y vista la disposición a la violencia y la represión por parte del Estado español, parece imprescindible una movilización cada vez más intensa de la ciudadanía. Siempre dentro del marco de los derechos fundamentales propios de toda democracia y, cuando sea necesario, en el marco de la desobediencia y la resistencia civil pacífica y no violenta. El liderazgo de estas movilizaciones corresponde a las entidades de la sociedad civil, los partidos y los sindicatos. El Consell contribuirá a estas movilizaciones con todas las capacidades que le son específicas y que puedan favorecer la fuerza y los resultados políticos de estas movilizaciones”. El trabajo de campo, pues, se deja a las organizaciones civiles. La élite, los jefes, está por encima de las movilizaciones callejeras. Lo suyo es pensar desde el Espacio Libre de Europa.

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