FOMENTO, MADRID, ANDALUCÍA Y CANARIAS

Investigan a OHL por pagar 40 millones en sobornos por obras públicas en toda España

Dos exdirectivos de la constructora están imputados por haber comprado presuntamente con comisiones a funcionarios y altos cargos de diferentes administraciones para amañar adjudicaciones

Foto: Juan Miguel Villar Mir. (EFE)
Juan Miguel Villar Mir. (EFE)

La constructora OHL habría abonado presuntamente sobornos millonarios a funcionarios y altos cargos de diferentes administraciones para asegurarse grandes contratos de obra pública. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió los pagos entre la documentación que incautó a la cotizada durante uno de los registros de la operación Lezo en 2017. En total, la compañía gastó supuestamente en comisiones más de 40 millones de euros desde 2003, fecha a la que se remontan las pesquisas, que se han estado desarrollando en el más estricto secreto durante casi dos años bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y con la participación de la Fiscalía Anticorrupción, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso.

OHL concentró presuntamente el pago de comisiones en el Ministerio de Fomento y las administraciones autonómicas de Madrid, Andalucía y Canarias. El instructor, el juez Manuel García Castellón, acordó finalmente este miércoles el levantamiento del secreto. Las indagaciones implican por ahora en la compra de funcionarios a dos directivos de la multinacional española, que ya fueron citados a declarar en sede judicial hace unas semanas y se encuentran imputados en la causa. El más destacado de ellos sería Felicísimo Ramos, un antiguo director de control de gestión de OHL que habría ejercido de conseguidor de la constructora durante más de dos décadas. Se jubiló en 2013 (tiene 70 años), pero su antigua empresa lo mantuvo en nómina con un extraño acuerdo de colaboración externa al menos hasta 2016.

La Guardia Civil ya lo interrogó en el caso Lezo. Entonces, Ramos admitió haber ordenado en 2007 a la filial de OHL en México que pagara los 2,5 millones de dólares (1,4 millones de euros al cambio de la época) del presunto soborno al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la concesión del contrato para la construcción y gestión del Cercanías de Navalcarnero. El dinero se quedó finalmente por el camino.

OHL concentró presuntamente el pago de comisiones en Fomento y las administraciones autonómicas de Madrid, Andalucía y Canarias

No era la primera vez que Ramos se veía salpicado por un caso de corrupción. Como reveló El Confidencial, el directivo fue llamado a declarar en el caso Roldán en 1997. En aquella ocasión, admitió que Huarte (fusionada ese año con Obrascón) había pagado al menos 4,2 millones de euros a tres empresas tapadera para llevarse adjudicaciones de la Dirección General de la Guardia Civil. Los investigadores sostienen ahora que Ramos se habría dedicado desde entonces a esa misma actividad: el pago sistemático de sobornos a funcionarios y responsables políticos para amañar concursos para su empresa.

El segundo investigado es el ex director general de Obra Civil Nacional de OHL Paulino Hernández, según han confirmado a este diario fuentes próximas al caso. Hernández se mantuvo en ese puesto entre enero de 2011 y mayo de 2017, fecha en la que abandonó la compañía. Casualmente, su salida se produjo solo un mes después de que la UCO entrara en la sede de la compañía en el marco de la operación Lezo y se llevara los documentos y archivos que han permitido finalmente desentrañar esta otra trama de comisiones.

Con todo, el papel de Hernández estuvo presuntamente subordinado al de Ramos, que habría sido el ejecutor de los pagos

Con todo, el papel de Hernández estuvo presuntamente subordinado al de Ramos, que habría sido el ejecutor de los pagos. Por ahora no hay más imputados, aunque la investigación continúa abierta y parece poco verosímil que estos directivos decidieran de modo autónomo montar una supuesta red de sobornos que habría beneficiado durante años al conjunto de OHL, engordando considerablemente sus ingresos.

En el foco judicial

Se abre, con este procedimiento, otro frente judicial para la constructora que ha visto en los últimos años como se multiplicaban las causas en casos de corrupción. El nombre de la compañía o de alguno de sus directivos aparece en los macrosumarios más conocidos, los de Púnica y Lezo, en los que se rastrea el pago de mordidas o la entrega de prebendas a cambio de un trato preferente en las adjudicaciones.

Precisamente el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional tiene bajo su dirección ambas investigaciones, que sitúan a Villar Mir y su yerno Javier López Madrid en el foco de las sospechas. La Lezo destina una pieza exclusiva a la citada mordida del proyecto del tren de Navalcarnero. En el caso de Púnica, OHL figura como una de las empresas investigadas en el marco de la financiación irregular del PP de Madrid. La agenda de Francisco Granados puso en la pista de posibles pagos a la formación.

No podía faltar otro de los procedimientos estrella, el de los papeles de Bárcenas. Los apuntes del extesorero también apuntaban a la constructora y, pese a que las actuaciones quedaron archivadas, fueron reabiertas después de que Francisco Correa aportara nuevos datos en pleno juicio por la primera época de actividades de su red.

Fuentes de la empresa consultadas por El Confidencial precisan que OHL tiene "un absoluto compromiso con la ética, la integridad, la transparencia, las más exigentes prácticas de buen gobierno y el respeto a la ley en el desarrollo de su actividad". También ponen de manifiesto que la constructora mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción y, desde su fundación en 1911 hasta hoy, ningún directivo ni empleado de la compañía ha sido condenado por algún supuesto de corrupción.

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