tres MILLONES EN NEGRO EN ESAS AUTONÓMICAS

El PP de Madrid usó facturas falsas para pagar actos de Rajoy y Aguirre en 2011

La Guardia Civil acredita que el PP usó dinero negro, subvenciones públicas y fondos de su cuenta de funcionamiento ordinario para doblar el presupuesto legalmente permitido en la campaña de 2011

Foto: El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. (Reuters)
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. (Reuters)

El Partido Popular de Madrid acudió a las elecciones locales y autonómicas de 2011 con más del doble del presupuesto que declaró a la Cámara de Cuentas. La diferencia salió de presuntas donaciones ilegales de empresarios, de subvenciones públicas desviadas fraudulentamente y de la cuenta de funcionamiento del partido, una práctica sancionada por la normativa electoral. Entre los actos financiados irregularmente, hay mítines y foros en los que participó Mariano Rajoy. Así lo recoge un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fechado el pasado 11 de enero que acaba de ser incorporado al caso Púnica y al que ha tenido acceso El Confidencial. Según los expertos en delitos económicos del Instituto Armado, la formación que entonces lideraba Esperanza Aguirre se presentó a esos comición con fondos opacos por valor de al menos tres millones de euros.

La mayor cuantía dedicada habría salido de la cuenta de funcionamiento ordinario de la formación mediante facturas falsas. Según el informe de la UCO, de 128 páginas de extensión, Génova se habría concertado con varias agencias de comunicación para abonar por adelantado diferentes partidas electorales por importe de hasta dos millones de euros con el objeto de que estos pagos quedaran fuera del periodo de campaña y, de ese modo, el partido no fuera sancionado por rebasar el límite legal de gasto, fijado por la Cámara de Cuentas en 3.229.342 euros. El PP declaró finalmente 2.986.624 euros, pero los expertos policiales sostienen que, en realidad, dedicó unos 6,2 millones de euros, más del doble.

La regulación prohíbe abonar costes de campaña con cuentas bancarias distintas a las habilitadas específicamente para ese fin, pero el PP usó El Laboratorio de Almagro 36 SL, Back RVS Producciones Culturales Comunicación y Servicios SL y otras compañías de su confianza para sortear esa restricción. “Proveedores directos de la campaña electoral del Partido Popular de Madrid, como la empresa Central de Producers Madrid SL, no fueron contratadas por la citada formación política, sino subcontratados por una empresa intermediaria —El Laboratorio de Almagro 36 SL—, la cual ocultó la verdadera naturaleza electoral de los trabajos encargados y facturados, sirviéndose para ello de una facturación anticipada y abonada meses antes de los comicios electorales referenciados por el Partido Popular de Madrid, al objeto de omitir cualquier posible referencia con los servicios verdaderamente realizados para la campaña electoral”.

La empresa Back RVS SL fue instrumentalizada por el PP del mismo modo. La agencia habría manipulado facturas para encubrir el pago de gastos de esa campaña con dinero procedente de la cuenta de funcionamiento ordinario. Entre los actos financiados irregularmente, se encuentra un acto celebrado el 28 de abril de 2011 en Alcalá de Henares sobre inmigración en el que Esperanza Aguirre estuvo acompañada por Mariano Rajoy, entonces candidato a la presidencia del Gobierno. Otra decena de actos de Aguirre se costearon con idéntico método a través de Back RVS SL.

Según los investigadores, 1.160.754,74 euros salieron de la cuenta de gastos ordinarios del PP en los meses previos a las elecciones para abonar presuntos importes relacionados con la campaña. Con todo, la UCO sostiene que la cifra real ascendería a dos millones de euros. “La localización de sendos duplicados de facturas emitidas por la empresa El Laboratorio de Almagro 36 SL, que en su primera versión contemplaban referencias explícitas a la campaña electoral y que en la versión definitiva fueron omitidas, refleja la intencionalidad de la finalidad pretendida que no es otra, a juicio policial, que la de evitar que en las facturas emitidas a la formación investigada se incluyese cualquier concepto o referencia a los comicios electorales que revelase la verdadera naturaleza del objeto de las prestaciones realizadas”.

Como adelantó El Confidencial en agosto de 2017, la UCO también considera acreditado que el PP utilizó facturas falsas para desviar subvenciones públicas adjudicadas por el propio Gobierno de Aguirre a la fundación satélite del partido, Fundescam. La entidad recibió ayudas para evaluar los efectos de la crisis en el mercado de trabajo y difundir el conocimiento del sistema democrático en la comunidad, pero ese dinero se utilizó en realidad para costear “cenas de Navidad, gastos de celebración de congresos, actos de Nuevas Generaciones y, sobre todo, gastos relativos a encuestas y sondeos de intención de voto”.

En la trama participaron empresas como Área de Recursos SL, Hermanos Barral SL y Demométrica SL, que supuestamente se prestaron a modificar los conceptos de las facturas para que estas pudieran ser afrontadas por Fundescam con cargos a las subvenciones que había recibido. El importe defraudado por esta otra vía ascendería a 109.827 euros.

Otros 1.250.000 euros abonados durante la campaña habrían salido de presuntas aportaciones no declaradas de empresarios afines al PP. El informe destaca el papel que habría jugado en esta parte de la trama OHL, tras analizar el contenido de varias agendas manuscritas por el consejero de la constructora Javier López Madrid. En uno de esos documentos, descubiertos en registros policiales, el directivo habría anotado poco antes de los comicios de 2011 que OHL era una “empresa amiga” del PP de Madrid durante el “periodo electoral”. En ese momento, la compañía estaba negociando con la Comunidad de Madrid el abandono del proyecto del Cercanías de Navalcarnero, una concesión que se volvió ruinosa con el estallido de la crisis económica. El presunto receptor de las donaciones fue Francisco Granados, quien también usó una agenda para reflejarlas.

Esos 1.250.000 euros de dinero B obtenidos de empresas como OHL y anotados en una especie de contabilidad paralela por Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Madrid y máximo responsable financiero de esa campaña, “habrían sido utilizados para la adquisición de espacios electorales” en medios de comunicación y publicidad exterior.

La UCO concluye su informe apuntando que todas estas presuntas prácticas permitieron al PP madrileño “superar el límite de gasto legalmente establecido, concurrir a los referidos comicios electorales en unas condiciones de superioridad de gasto y también eludir los controles y fiscalización ejercidos por los organismos encargados de la misma”.

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