facturas amañadas para desviar dinero público

El PP de Madrid pagó la campaña de 2011 con falsos informes sobre la crisis y el paro

La Guardia Civil ha descubierto que el PP empleó facturas falsas para gastarse las subvenciones públicas concedidas a Fundescam en sondeos de intención de voto de municipios estratégicos

Foto: La expresidenta regional y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre. (EFE)
La expresidenta regional y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre. (EFE)

El Partido Popular de Madrid desplegó un arsenal de engaños para inyectar fondos en sus campañas electorales sorteando los controles de los organismos de fiscalización. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que la formación recurrió a una entidad satélite, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam, para contratar supuestos informes sobre los efectos de la crisis económica en el mercado de trabajo que, en realidad, eran sondeos de intención de voto en municipios de máximo interés para Génova.

El presunto fraude se habría producido en los meses previos a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011, en las que Esperanza Aguirre volvió a imponerse con mayoría absoluta y arrasó al PSOE en las principales ciudades de la región. Las pesquisas del caso Púnica han permitido comprobar ahora que el PP acudió a esos comicios y también a las municipales de 2007 y a las generales de 2008 con donaciones ilegales, desvíos de subvenciones públicas y, en conjunto, una superación sistemática del gasto permitido en las campañas. En el caso de 2011, el exceso presupuestario rondó los 1.546.000 euros, según la investigación.

Las facturas y las encuestas que probarían la trampa de los falsos estudios de desempleo fueron localizadas por agentes del Instituto Armado el pasado marzo en la agencia de investigación de mercados Demométrica, una de las mercantiles que están acusadas de haber colaborado con los populares en la ocultación de su caja B. Según consta en el sumario, la clave radica en cuatro facturas de esta firma que suman 39.156 euros IVA incluido y fueron abonadas por Fundescam.

La primera de ellas tiene fecha del 31 de enero de 2011 y asciende a 11.835 euros. Supuestamente, se corresponde con trabajos de “evaluación, seguimiento y asesoramiento sobre la repercusión de la crisis económica en el empleo en los municipios del 'Cinturón Industrial Sur'”. La UCO no encontró ningún documento relacionado con el concepto de la factura, pero sí localizó encuestas de intención de voto en Parla y San Martín de la Vega, dos municipios del llamado Cinturón Industrial Sur en los que los populares aspiraban a desbancar al PSOE. A juicio de los investigadores, la factura sólo tenía como objetivo esconder la utilización de fondos de Fundescam para abonar servicios que tenían como único beneficiario al PP.

En la propia carátula de los informes encontrados por la Guardia Civil e incluidos en el sumario se anuncia que se trata de estudios sobre el “estado de opinión de la población sobre su ciudad y su alcalde”. En concreto, analizan la “intención de voto”, la “fortaleza de los partidos”, la “notoriedad y valoración de líderes”, “los segmentos de afinidad e imagen del alcalde/sa” y la “valoración situación y calidad de vida en el municipio”. Sólo en este último capítulo, de apenas tres páginas, aparece alguna mención al problema del desempleo, pero siempre vinculado a la gestión del partido de turno que gobernaba la ciudad correspondiente en aquel momento.

La segunda factura abonada por Fundescam reproduce el mismo esquema. Lleva fecha del 15 de febrero de 2011 y ascendió a 19.841 euros. Según el concepto, se trataría de otro encargo para la “evaluación, seguimiento y asesoramiento sobre la repercusión de la crisis económica en el empleo en los municipios del “Corredor del Henares” y “Zona Norte” de la Comunidad de Madrid”. Pero esos trabajos tampoco han aparecido. La factura se corresponde, nuevamente, con otras encuestas de intención de voto de Alcalá de Henares, Coslada y San Sebastián de los Reyes, ubicadas en las mismas zonas que refleja el concepto de ese segundo documento de pago.

Finalmente, el sistema se habría repetido en otras dos facturas, del 17 y 28 de febrero de 2011 e importes de 2.618 y 4.862 euros, respectivamente. Mencionan evaluaciones sobre los efectos de la crisis en la “Zona Oeste” de la Comunidad que tampoco se efectuaron nunca. En esta ocasión, habrían servido para que Fundescam abonara encuestas electorales en los municipios de Boadilla del Monte y Guadarrama.

El propietario y presidente de Demométrica, Alfonso del Corral, admitió en marzo a la Guardia Civil que realizó esos sondeos a petición del Partido Popular de Madrid. El encargado de darle las instrucciones era el gerente de la formación hasta octubre de 2014, Beltrán Gutiérrez, otro de los imputados en Púnica por la presunta financiación ilegal de Génova. Según Del Corral, Gutiérrez le ordenó que unas encuestas fueras cargadas al PP y otras a Fundescam. También le indicó qué conceptos debía poner en las facturas.

El método era sencillo pero permitió presuntamente al PP financiarse de forma ilegal durante tres procesos electorales consecutivos. Por un lado, con la facturación a través de Fundescam, podía gastar en la campaña más dinero del permitido. Los fondos ni siquiera tenían que pasar por la cuenta que la formación debía tener reservada por ley a los gastos electorales. El Tribunal de Cuentas nunca encontró nada extraño. Por otro lado, a través de esa fundación satélite, Génova accedía a recursos extraordinarios. En 2010 y 2011, Fundescam se nutrió esencialmente de ayudas públicas concedidas por el propio Gobierno de Aguirre para ejecutar supuestos proyectos sociales y formativos. Pero la UCO ha constatado a lo largo de la instrucción de Púnica que esos proyectos nunca existieron. Mediante facturas falsas como las de Demométrica, el dinero público que recibió esa organización acabó engrosando la contabilidad opaca del PP.

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