en las elecciones de 2007, 2008 y 2011

Púnica: El PP utilizó una red de empresarios para pagar sus campañas con facturas falsas

El instructor de Púnica, Eloy Velasco, acusa a la formación de recurrir a empresas colaboradoras para camuflar la utilización de fondos B de forma sistemática para disparar su gasto electoral

Foto: La sede del PP en Génova. (Google)
La sede del PP en Génova. (Google)

El juez Eloy Velasco acusa al Partido Popular de Madrid de haber utilizado una red de empresarios para sobrepasar de forma sistemática los límites de gasto electoral en los comicios de 2007, 2008 y 2011 utilizando como tapadera la fundación sin ánimo de lucro Fundescam. Según la pieza separada del caso Púnica sobre la caja B del PP madrileño, a la que ha tenido acceso El Confidencial, entre esos industriales se encontrarían Ricardo Vázquez Segura, Óscar Sánchez Moyano y Marcelino Luis Elosua de Juan, con negocios en los sectores de la comunicación, las encuestas y la publicidad.

En el caso de Vázquez, el juez Velasco lo acusa de haber puesto a disposición del PP de Madrid al menos dos mercantiles, Back RVS Producciones Culturales y Comunicación SL y Área de Recursos SL, “para encubrir gastos electorales de la formación política (...) en los comicios autonómicos de la Comunidad de Madrid de los años 2007 y 2011 y las elecciones generales del año 2008, todo ello en concierto con el gerente de la citada formación”, Beltrán Gutiérrez, pieza clave en la presunta financiación irregular del partido. Además, según se desprende del sumario, Vázquez también habría colaborado con Fundescam para justificar gastos de subvenciones públicas que la organización dependiente del PP recibió del Ejecutivo madrileño. Esos fondos terminaron siendo utilizados para costear campañas electorales.

En el caso de Elosúa, el instructor de la causa le imputa la “producción, facturación y ejecución de actos de campaña del Partido Popular en las elecciones de 2011” a través de una de sus mercantiles, El Laboratorio de Almagro 36 SL. A pesar de que la legislación lo prohíbe, el PP abonó esos servicios desde su cuenta de gastos ordinarios y abonando importes muy superiores a los comunicados para evitar que saltaran las alarmas en los organismos de control. Elosúa se habría concertado con los dirigentes del partido para tratar de encubrir el fraude.

Por último, en el caso de Sánchez Moyano, el juez Velasco le acusa de haber facilitado sus mercantiles para organizar actos de campaña para el PP que nunca fueron declarados por el partido a la Cámara de Cuentas. Asimismo, se ha detectado que las empresas de Moyano realizaron “abundante facturación cruzada” con otras empresas investigadas. Esos gastos entrelazados habrían permitido igualmente a los populares madrileños rebasar los límites legales de financiación en las campañas. Una de las principales sociedades de Sánchez Moyano implicadas en esta rama de Púnica sería Sintra Consultores, implicada también en la operación Lezo.

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