Las inversiones, el gasto social y el miedo a Vox, las bazas de Sánchez para sacar sus PGE

Los estados de ánimo en el Gobierno son fluctuantes. Como la secuencia zigzagueante que siguen los independentistas. A veces cierran la puerta a los Presupuestos Generales del Estado de 2019, otras la dejan entornada. Aún es imposible predecir el final del camino, pero en el Ejecutivo sí se ha instalado el "optimismo", como reconocía este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los miembros del Gabinete sí creen que el alto volumen de inversiones reservado a Cataluña —el lunes se conocerá el monto, pero rondará el 18% del total, igualando el peso del PIB de la comunidad en el conjunto del Estado—, un gasto social muy superior al de los ejercicios anteriores y la presión del temor a que en España se reedite una entente a la andaluza (PP, Ciudadanos y Vox), pueden ayudar a Pedro Sánchez a que prosperen sus cuentas públicas. El pasaporte necesario para llegar a 2020. Para agotar legislatura. Su sueño y su propósito desde que aterrizó en la Moncloa hace algo más de siete meses. Pero si no salen adelante, funcionarán como un anticipo del programa electoral socialista. Aroma de campaña, en cualquier caso.

El primer Consejo de Ministras y Ministros del año aprobó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, con el que el Gabinete socialista pretende recuperar el impulso político y retratar a la oposición, situarla frente al espejo, hacerle que decida después de tanto vaivén. La tramitación arranca oficialmente el lunes, cuando el texto entre en el Congreso. Lo hace sin los apoyos suficientes. Y eso que antes de la debacle del partido en las andaluzas, el propio Sánchez no se mostró partidario de llevar el proyecto al Parlamento si no tenía los respaldos necesarios.

[Consulte aquí en PDF las grandes cifras de los PGE de 2019 y el cuadro macroeconómico]

La primera prueba llegará el 12 y 13 de febrero, cuando las cuentas habrán de superar el debate de totalidad, para lo que necesitan el aval de ERC y del PDeCAT. Si Sánchez no supera ese test inicial, se hallará en una situación de máxima debilidad. Pero si salta ese listón, que es lo que él espera, y lo que no parece un objetivo demasiado ambicioso, a la luz de las declaraciones de los dirigentes independentistas de los últimos días, ganará un mes más de oxígeno. Hasta mediados de marzo, cuando el dictamen del proyecto de Presupuestos sea votado por el pleno de la Cámara Baja. Si goza de ese respaldo, solo quedaría el trámite del Senado y la vuelta al Congreso, pero el examen estaría aprobado. En caso contrario, el presidente tendría margen para convocar las generales con las autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo. El Gobierno juega con varias barajas a la vez.

Los PGE están preparados para "caminar hacia el futuro y para huir del pasado en blanco y negro" del que "algunos" tienen "nostalgia", dice Celaá

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, y las ministras de Economía y Hacienda, Nadia Calviño y María Jesús Montero, no ocultaron en la rueda de prensa de ayer viernes las armas que va a exhibir el Gabinete a lo largo de la negociación que comenzará a partir de ahora. Se trata de unos Presupuestos, dijo Celaá, preparados para "caminar hacia el futuro y para huir del pasado en blanco y negro" del que "algunos" tienen "nostalgia". Una clara referencia, para arrancar, al pacto de PP y Ciudadanos y del PP con la ultraderecha con Vox y que para el Ejecutivo no es más que un paso atrás, una regresión democrática de la que no dejará de alertar para movilizar al electorado. Pero son unas cuentas, siguió, que buscan "recuperar derechos maltratados por el anterior Gobierno", atendiendo a partidas olvidadas como dependencia, educación o sanidad, "blindar derechos y libertades" que "cuestionan" las fuerzas conservadoras.

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Como ejemplo, y no elegido por casualidad, Celaá recordó que los PGE que el lunes llegan a la Cámara engordan la partida dedicada a la lucha contra la violencia de género (de 200 a 220 millones), para proteger a las mujeres de los "maltratadores y asesinos", un gesto contundente frente a quienes se "empeñan" en retirar ayudas o destrozar consensos que ha costado años en construir. De nuevo, otra referencia al pacto andaluz, como advertencia de lo que puede ocurrir si esa suma alcanza en España tras unas generales. La portavoz añadió que son igualmente unos Presupuestos que respetan la Constitución y el modelo autonómico. "Ni división ni centralismo predemocrático, apoyo a las comunidades autónomas y reforma del modelo para fortalecerlo", remarcó. Y aquí el resumen: "Equilibrio, convivencia y unión", "redistribuir para crecer y crecer para redistribuir". Esa es la filosofía que, para el Gobierno, inspira sus primeras cuentas públicas tras la moción de censura que descabalgó al PP del poder.

Los miembros del Ejecutivo creen que puede operar en los independentistas el temor a que si la derecha regresa a la Moncloa se imponga "un 155 perpetuo"

La alusión al acuerdo de las derechas andaluz está y estará presente en la retórica gubernamental por mucho tiempo. Sirve para agitar al votante progresista y animarle a que salga de casa —la abstención de las bases socialistas son una de las claves que explican el batacazo de Susana Díaz en las autonómicas del 2 de diciembre— y también como señal de advertencia a los independentistas. Las encuestas últimas no descartan que la suma de PP, Cs y Vox pueda ser posible tras unas nuevas generales. "Cualquiera con dos dedos de frente —razonaba en la noche de este viernes un ministro— sabe que si gobernase de nuevo la derecha, Quim Torra y medio Govern podrían estar en la cárcel y que habría un 155 perpetuo. Tendrían que pensar por sentido común". "No creo que les convenga en absoluto", zanjaba otra compañera de Gabinete.

Otra de las bazas del Ejecutivo son las inversiones. Montero garantizó que el proyecto respetará la disposición adicional tercera del Estatut —la que prescribe que la dotación en infraestructuras en Cataluña se equipare al peso del PIB catalán en el conjunto de España—, "al igual" que atenderá las previsiones estatutarias de otras CCAA. Esto quiere decir que la inversión en Cataluña pasará del 13,3% del último Presupuesto de Mariano Rajoy (1.349,59 millones) a una cifra que supere el 18%. Las cuentas recogen, dijo la ministra, "partidas necesarias" para esa comunidad, que definió como "suficientemente atractivas" como para ayudar a su respaldo. El lunes Hacienda entrará al detalle de los números, aunque es posible que Sánchez, que abre la precampaña este sábado en Barcelona junto al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, haga algún avance.

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Unos PGE "buenos para Cataluña"

El Gobierno no consigna una cantidad muy importante de recursos para Cataluña como "contrapartida" para lograr el voto a favor de las formaciones separatistas al proyecto, defendió Montero, sino porque quiere cumplir con el Estatut, que no deja de ser una ley orgánica, del máximo rango normativo. "En demasiadas ocasiones no se ha hecho la parte de inversión que corresponde. Significa que estos Presupuestos son buenos para Cataluña y que los que defienden Cataluña deben aprobarlos", recalcó la ministra.

Los PGE contienen una inversión del 18% para Cataluña, una recaudación de 227.356 M€ y un alza de impuestos para rentas altas y grandes empresas

Sánchez sabe de sobra, no obstante, que la mayor inyección de recursos no basta a las formaciones separatistas, que piden gestos en un doble sentido: hacia los presos encausados y hacia la búsqueda de una "solución política" que pase por el ejercicio del derecho de autodeterminación. El presidente no atenderá ninguna de estas dos reclamaciones. "Hablamos de Presupuestos, de mejoras para la ciudadanía, de números, de inversiones, del blindaje del Estado del bienestar, de derechos y libertades —insistió Celaá durante la rueda de prensa a propósito de los dirigentes encarcelados por el 'procés'—. El Gobierno, como ha reiterado ya, no entrará para nada en asuntos que corresponden estrictamente al Poder Judicial". Esto es, no habrá negociación más que de números.

Montero resaltó que los PGE de 2019 suponen un "punto de inflexión claro" en la política presupuestaria seguida en los últimos años, ya que a la consolidación fiscal suma los objetivos de cambio estratégico del modelo económico y el combate de la desigualdad.

Los números preparados por Hacienda incluyen una recaudación récord de impuestos (227.356 millones de euros, un 9,5% más que en 2018) y un ajuste fiscal. Por un lado, se sube dos puntos del tramo estatal de IRPF aplicable a las bases imponibles superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos para las de más de 300.000 euros, y también avanza en cuatro puntos el tipo de IRPF aplicable a las rentas del ahorro que estén por encima de 140.000 €. Además, se fija un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes empresas (y de un 18% para la banca y las compañías de hidrocarburos), pero se rebaja este gravamen del 25% al 23% para las empresas que facturen menos de un millón de euros. Se reduce el tipo al 4% de los productos de higiene femenina y el de los libros, revistas y periódicos en formato electrónico. En el 10% se quedarán los servicios veterinarios. El impacto de las medidas de ingresos supondrá una recaudación de 5.654 millones.

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Los socialistas quieren caminar hacia una fiscalidad "justa y progresiva". El debate de los impuestos es "nuclear", recordó Montero. "No puedo dejar de advertir que quienes propugnan una carrera fiscal a la baja —argumentó— en realidad están defendiendo el fin de la igualdad de oportunidades y la desaparición del Estado de bienestar como garante de los derechos de la ciudadanía".

El gasto social se eleva al 57,3%. Las partidas que más avanzan son dependencia (un 59,3%), vivienda (un 41% más) e infraestructuras (un 39,9%)

La política social aumenta 12.600 millones. Se eleva, pues, al 57,3% del total. El Presupuesto consolidado para 2019 —el que incluye a la Seguridad Social y a los organismos autónomos— crece un 3,1%, de los 354.539 millones a los 365.520 M €. La mayor parte de esta cifra se la come el pago de las pensiones, 153.864 millones, el 42,1% sobre el total, un 6,2% más que en el ejercicio anterior. La segunda partida de gasto es la destinada a sufragar los costes de la deuda pública (31.398 millones, que representa el 8,6%, medio puntos menos que en 2018) y la tercera es el gasto en desempleo: 18.402 millones, el 5%.

El Ejecutivo hace más hincapié en las variaciones respecto a los últimos PGE. Así, el desembolso en dependencia es lo que más crece: se destinarán 2.232 millones, por los 1.401 de 2018. O sea, un 59,3% más. Un 41% aumentan los fondos dedicados al acceso a la vivienda y al fomento de la edificación (de 481 a 679 M €). Un 39,9% engorda la partida destinada a infraestructuras: de 5.411 millones se pasa a 7.572. La inversión en I+D+i civil, otra área prioritaria para los socialistas, salta de 6.372 a 6.729 millones de euros, un 5,6% más.

La prueba del debate de totalidad

A todos estos números el Gobierno añade dos aumentos ya aprobados, de las pensiones (un 3% las mínimas y no contributivas y un 1,6% las demás), y el del salario mínimo (un 22%, hasta los 900 euros mensuales), el crecimiento de las becas (hasta los 1.620 millones), de las partidas contra la violencia machista (220 millones totales), la eliminación del copago farmacéutico para los jubilados y los colectivos más vulnerables, o las ayudas de 321 millones para combatir la pobreza. En definitiva, los PGE persiguen "una sociedad más justa", proclama el Ejecutivo.

Torra y Puigdemont dejan la puerta abierta a que se tramiten los Presupuestos, y hacen descansar la decisión en los grupos parlamentarios en Madrid

Sánchez tiene por delante un camino complicado. Pero no del todo imposible. El optimismo es innegable cuando se sondea a miembros del Ejecutivo, si bien la evolución de las próximas semanas dirá si es o no infundado. Por lo pronto, el 'expresident' Carles Puigdemont y su sucesor, Quim Torra, dejaron este viernes abierta la puerta a permitir la tramitación de los PGE, haciendo descansar esa decisión en los parlamentarios de los grupos de ERC y PDeCAT en Madrid, en principio más favorables a tender la mano al Ejecutivo.

El presidente cree que superar esta primera barrera es clave, porque una vez saltada será más difícil que las cuentas naufraguen. De ahí que todos los esfuerzos se concentren en esta primera fase. En pasar el debate de totalidad de primeros de febrero. Más oxígeno, más tiempo para un Sánchez que se resiste a tirar la toalla. Y si los astros (léanse los independentistas) no se alinean a favor del presidente, siempre podrá presentar los PGE como un aperitivo de su programa electoral. El plan B que a los socialistas no suena del todo mal y que además les permitiría demostrar que no mantiene pactos ocultos con los separatistas.