CGPJ, RTVE, Defensor del Pueblo y CSN: la España bloqueada hasta nuevas elecciones

La apuesta de Pedro Sánchez por su alianza con Podemos y los independentistas, más la consiguiente ruptura de relaciones con el PP extenderá este año el bloqueo parlamentario a la mayoría de los órganos que dependen de las Cortes. Como mínimo hasta los próximos comicios, entran en funciones, con mandato prorrogado o siguen en fase de interinidad el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, la dirección (ahora gubernamental) de RTVE y hasta el Consejo de Seguridad Nuclear.

El empeño de Sánchez en seguir en la Moncloa todo lo posible y sin convocar elecciones prolongará sin precedentes conocidos los mandatos caducados en el órgano de gobierno de los jueces, en el CSN y hará que el Defensor del Pueblo 'provisional' entre en su segundo ejercicio al frente de la institución sin que los grupos parlamentarios se ocupen de nombrar a un titular. Todas las instituciones en prórroga exigen mayorías cualificadas de tres quintos en el Congreso que solo pueden sumar dos partidos, el PP y el PSOE.

El fiasco del mes de noviembre pasado al romperse el preacuerdo para la renovación del CGPJ no se podrá repetir en los próximos meses dadas las posiciones cerradas de populares y socialistas. El PP propone volver al modelo de elección por los propios jueces, lo intentó promover en el Senado, pero los socialistas, con el apoyo de Podemos y los independentistas, han confirmado en el Congreso que no piensan ceder y seguirá vigente el sistema de cuotas de partido.

El PP propone volver al modelo de elección por los propios jueces, lo intentó promover en el Senado, pero los socialistas confirman que no van a ceder

En fuentes del Grupo Popular se declaran "escaldados" de ese primer intento de pacto con Sánchez y aseguran que no volverán a intentarlo en lo que quede de legislatura. Y en el PSOE rechazan de plano que la elección de los vocales del CGPJ escape al control de las formaciones políticas y que se haga bajo intereses que consideran "corporativistas": la elección directa por los jueces y entre los jueces. Prorrogados o con bajas, los miembros del Consejo General del Poder Judicial tienen todo un ejercicio por delante.

El caso del Defensor del Pueblo lleva camino de batir todos los precedentes de eventualidad prolongada. El legislador fue muy previsor en su día al fijar que terminado el mandato de 5 años del titular automáticamente pasara a desempeñar sus funciones el adjunto. Es lo que ocurrió en julio de 2017 con la última titular elegida por el Parlamento, Soledad Becerril, al ser sustituida por Francisco Fernández Marugán.

El veterano dirigente socialista había entrado como 'número dos' de la Defensora del Pueblo en 2012 a propuesta del PSOE de entonces (Alfredo Pérez Rubalcaba) y con el visto bueno del PP. Con dilatada trayectoria parlamentaria previa desde la Transición y constitucionalista acreditado, su permanencia en el cargo no inquieta nada a los populares. Marugán es el último representante de la vieja guardia socialista con poder institucional y se prepara para superar el próximo verano la marca previa de interinidad en el cargo: la de dos años establecida entre 2010 y 2012 por María Luisa Cava de Llano, adjunta de Enrique Múgica.

Otro órgano que entra en prórroga de mandato de la mayoría de sus miembros es el Consejo de Seguridad Nuclear. Compuesto por cinco consejeros (tres a propuesta del PP y dos procedentes del PSOE, solo uno, Javier Dies, tiene fecha de caducidad más allá de la legislatura, hasta 2021.

De los otros cuatro ya hay dos en funciones: el presidente, Fernando Marti (desde diciembre), y Fernando Castelló (desde junio). A la vicepresidenta y exdiputada socialista Rosario Velasco, se le acaba el mandato en abril. Y el caso más peculiar es el de Jorge Fabra: al cumplir los 70 años este mes de febrero tiene que dejar el cargo por jubilación reglamentaria. Fabra ocupó hace solo un año la vacante dejada por Cristina Narbona cuando fue llamada por Pedro Sánchez a la presidencia del PSOE.

El PP no tiene ningún interés en perder la mayoría en el CSN ni el gobierno socialista los votos suficientes (tres quintos de la comisión parlamentaria correspondiente) para controlar un órgano decisivo para su ofensiva, al menos de imagen, contra la energía nuclear.

En el contexto general de bloqueo parlamentario e institucional, el caso de RTVE va más allá de un problema de caducidad de mandatos al situarse fuera de los trámites seguidos en las Cortes para los nombramientos de su consejo de administración. Nada más llegar a la Moncloa, Sánchez destituyó directamente al consejo elegido por ambas Cámaras y nombró por decreto a una administradora única, Rosa María Mateo, para que se hiciera con el control de la corporación. El Congreso avaló después los hechos consumados con los votos del PSOE, Podemos, independentistas, nacionalistas y parte del Grupo Mixto.

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El nombramiento de Mateo y el funcionamiento de RTVE sin un consejo de administración fue presentado por el Gobierno como una salida provisional hasta elegir en concurso público a una nueva dirección. Seis meses después, el concurso se ha atascado entre recursos e impugnaciones de los candidatos a dirigir la corporación, incluidos los de los favoritos del Gobierno dentro de la propia casa para sustituir a la administradora. La comisión de expertos solo ha seleccionado a cuatro aspirantes femeninas del total de 20 que han presentado para que luego nombren los grupos parlamentarios y la ley obliga a formar un consejo paritario compuesto por 10 miembros. Tiene que haber al final 5 mujeres.

En fuentes parlamentarias admiten que el bloqueo de la elección puede durar, como mínimo, hasta las próximas elecciones, sin que el Gobierno de Sánchez dé muestras de inquietud alguna por la interinidad de su administradora. La oposición acusa a Mateo de sectarismo gubernamental y de ser responsable del deterioro de unos informativos de RTVE que han pasado de ser los primeros a los terceros en audiencia durante su mandato.