el congreso, dedicado a convalidar decretos

Sin proyectos de ley y con más comisiones: Sánchez agrava la parálisis legislativa

El Ejecutivo socialista únicamente ha presentado un anteproyecto de ley en los últimos tres meses, una muestra más de que las tareas legislativas propias del Congreso siguen congeladas

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras asistir a la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras asistir a la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. (EFE)

Un texto sobre el porcentaje de profesores en las aulas es el único anteproyecto de ley que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho llegar al Congreso desde que se formó en junio pasado, todo lo demás son decretos ley, decretos o transposiciones de directivas de la UE para convalidar o tramitar después. La propuesta de reforma constitucional sobre aforamientos (inviable por falta de apoyos) sigue sin pasar de anuncio y ahora queda pendiente de las indicaciones del Consejo de Estado. Hasta el Grupo Socialista, para no perder votaciones desde el poder, ha limitado o liquidado su interés en las iniciativas de contrarreformas que prometía desde la oposición.

La moción de censura del dirigente del PSOE (84 diputados) ha agravado la parálisis legislativa de una Cámara que ve cómo los grupos parlamentarios multiplican mientras tanto las ponencias, subcomisiones, comisiones eventuales y de investigación. Sin cerrar ninguna de las que están en marcha, ya hay propuestas para abrir otras nuevas, incluso sobre asuntos de los que ya se ocupan los tribunales y algún parlamento autonómico, como ocurre con el escándalo de los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid.

Entre los órganos habituales o fijos más los de nuevo cuño, en la Cámara baja están a punto de tocar a media docena de diputados por cada comisión, instancia similar y/o subrogada. La comisión conocida como "antiPP", dedicada a investigar la presunta financiación irregular del PP y nacida para acorralar a Mariano Rajoy, va a por su tercera temporada pese a la retirada del primer objetivo y después de entretenerse con la comparecencia de José María Aznar. Los impulsores (PSOE, Podemos, Ciudadanos y los independentistas) quieren mantener la comisión viva y se plantean volver a llamar al expresidente, para ver si les sale mejor, además de a su sucesor, hoy registrador de la propiedad.

También sigue abierta en el Congreso la comisión que investiga la crisis financiera, así como la que se ocupa del accidente ferroviario del AVE en Angrois (Galicia) y la que lleva el desastre de Spanair. Y Podemos está a punto de llevar al pleno de la Cámara sus propuestas de crear otras dos comisiones de investigación: una sobre el almacén de gas Castor y otra sobre los títulos del Instituto de Derecho Público (universidad Rey Juan Carlos), el de los másteres de Cristina Cifuentes, Pablo Casado o Carmen Montón.

Mientras los grupos parlamentarios compiten con los tribunales, los parlamentos autonómicos y los órganos reguladores en tareas de investigación, las tareas legislativas propias del Congreso siguen congeladas. Las comisiones permanentes y las creadas para el estudio del Estado autonómico, la reforma electoral y demás cuestiones de fondo siguen al ralentí. No hay proyectos de ley nuevos y las ansias de los socialistas en cambiar la reforma laboral, la de haciendas locales o la llamada "ley mordaza" siguen sin plasmarse en trámites concretos.

El Grupo Popular, por su parte, impone su mayoría en alianza con Ciudadanos para lograr la prórroga de enmiendas en iniciativas como la supresión de la prisión permanente revisable que la izquierda y los nacionalistas querían aprobar entre sus planes para deshacer reformas de legislaturas anteriores. La contrarreforma está parada desde marzo sin que el PSOE se haya vuelto a quejar.

Pedro Sánchez renuncia a sus anuncios, los que hacía en la oposición y los de sus primeras semanas en el poder, para volcarse en su principal objetivo parlamentario: aprobar un techo de gasto previa reforma de la ley de estabilidad presupuestaria que le permita formular después unos Presupuestos Generales del Estado "expansivos" (del Estado). Los decretos como los aplicados para controlar RTVE o desenterrar a Franco no le valen y tiene tanta prisa en cambiar la ley orgánica que desarrolla el artículo 135 de la Constitución que para forzar los plazos prefiere ir al choque institucional contra la Mesa del Congreso y el Senado por la vía de una enmienda a la formación de jueces en "violencia de género", la única materia en que hay consenso parlamentario pleno.

El propio jefe del Ejecutivo sentenció hace un año, cuando era el jefe del principal partido de la oposición, que un presidente del Gobierno sin presupuestos tiene que someterse a una moción de confianza o convocar elecciones. Y el próximo 31 de diciembre caducan, aunque se prorrogan automáticamente, los últimos presupuestos de Mariano Rajoy.

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