El PP rompe las negociaciones y amenaza con dilatar la renovación del CGPJ

El Partido Popular ha decidido suspender las negociaciones que mantenía con el Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial después de que Manuel Marchena haya renunciado este martes a presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo.

Según ha podido confimar El Confidencial, los 'populares' aplazarán dicha renovación 'sine die' y anuncian que van pedir la reforma del sistema de elección del presidente del CGPJ y que buscarán el consenso parlamentario necesario para llevarlo a cabo, alineándose así con la postura de Ciudadanos.

La formación de Casado considera que la decisión de Marchena es "acertada" y culpa de lo ocurrido al Gobierno, al que tacha de irresponsable por filtrar detalles de la negociación, como el reparto de los 20 vocales, 11 para el PSOE y Podemos y nueve para los 'populares', que lograban hacerse con la Presidencia.

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Marchena era la pieza clave que cerró el acuerdo entre ambas formaciones, pero este ha dado un paso atrás después de que 'El Español' difundiera varios mensajes del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en los que presumía frente a sus compañeros de la Cámara Alta del futuro control del PP sobre el CGPJ, explicando en este sentido que el PP lograba nueve vocales más la presidencia del Consejo, frente a los 11 del PSOE, y "además controlando la sala segunda desde detrás [la Sala de lo Penal, única competente para enjuiciar a diputados, senadores y otros aforados]".

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha pasado sin embargo por alto estos mensajes a la hora de valorar lo ocurrido y ha asegurado que el Gobierno ha hecho un "daño irreparable" a la justicia española al desvelar el número de los vocales a repartir entre los dos partidos, así como el nombre elegido para presidir el poder judicial, algo que "ha puesto en cuestión la imparcialidad y responsabilidad institucional del PP". Maroto denuncia además que se ha tratado de presentar la renovación del CGPJ "como algo oscuro" y que el Ejecutivo ha puesto en duda la "imparcialidad" de la justicia.

El 'popular' también ha avisado de que las negociaciones se retomarán solo cuando la ministra de Justicia, Dolores Delgado, sea cesada. "Es la más cuestionada. No puede estar ahí", ha afirmado en relación a los audios que la vinculan con el excomisario Villarejo.

Así era el reparto

Gobierno y PP pactaron la pasada semana la elección de Manuel Marchena, un juez con etiqueta de conservador, como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo a cambio de que en el órgano se diese una mayoría de vocales progresistas: el Ejecutivo y Podemos elegirían a 11 y el PP se quedaría con nueve. Tras el paso atrás de Marchena, el acuerdo salta por los aires y con ello veinte vocales que habían acordado ambas partes: 12 que entran por el turno de jueces y ocho por el de juristas.

Los seis que había elegido el PSOE para entrar por el turno de jueces eran los siguientes, pero sus nombramientos ya no son seguros: los magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo Ángel Ramón Arozamena y José María del Riego; el juez que llevó a Europa la Ley Hipotecaria, José María Fernández-Seijo; la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, Inmaculada Montalbán; la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, Esther Erice, y la magistrada del Juzgado de lo Social 23 de Barcelona y 'consellera' de Trabajo de la Generalitat de Cataluña entre 2006 y 2010, Mar Serna.

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A esta lista había que sumar José Ricardo de Prada, el magistrado clave en la sentencia de la primera época de actividades de la trama Gürtel que provocó el éxito de la moción de censura contra el Gobierno del PP, que iba a entrar por el turno de juristas de la mano del PSOE. Los otros cuatro juristas elegidos por el Ejecutivo eran el exvicepresidente asturiano Bernardo Fernández Pérez, el letrado de la Administración de Justicia Luis Martín Contreras, la catedrática de Derecho del Trabajo Carmen Sáez Lara y la fiscal especialista en violencia de género Pilar Fernández. En total, de los 11 nombramientos elegidos por el Gobiero, cinco eran mujeres.

Entre los juristas elegidos por el PP se encontraban el exportavoz de Justicia en el Congreso José Miguel Castillo, el senador y exjuez Manuel Altava y la fiscal Rosa Rubio. Por el turno de jueces se posicionaban a su vez como favoritos el juez de la Sala de lo Contencioso del Supremo José Antonio Montero y Gema Espinosa, mujer del juez Pablo Llarena.

Tras el paso atrás de Marchena, todo lo pactado hasta ahora queda en papel mojado, una negociación que se paraliza además hasta que el PP decida volver a sentarse en la mesa.