Sánchez compra tiempo con la foto del 21D: los Presupuestos tienen vida hasta marzo

"Semana a semana", el Gobierno y los independentistas van recomponiendo su relación. Después de las elecciones andaluzas, Sánchez tomó la decisión de alejarse del soberanismo convencido de que le penaliza electoralmente, pero estos decidieron justo lo contrario, ante el temor a que llegara la derecha a Moncloa en un adelanto electoral debían "dar aire" a Sánchez. El resultado es que desde Torra apeló a la vía eslovena y dejó actuar a los CDR en la AP-7, Madrid y Barcelona -con la aquiescencia de Waterloo- han ingerido toneladas de ibuprofeno para rebajar la inflamación -con el riesgo de efecto secundario para el PSOE fuera de Cataluña-. La etapa final de la desescalada es el presupuesto. El Gobierno confía en sacarlos adelante y seguir hasta 2020. El próximo test no será hasta finales de febrero con las enmiendas a la totalidad y hasta entonces pueden pasar muchas cosas.

Hace poco más de dos semanas en el PSOE y el Gobierno había quien hablaba casi abiertamente de aplicar el 155. Torra había apelado a la vía eslovena y la Generalitat ordenó que los mossos no actuaran pese a que un grupo pequeño de CDR cortó la AP7 durante 15 horas. Dos días después, cuando la Generalitat respondió con cartas con tono conciliador al Gobierno -el consejero de Territorio, Damià Calvet, por ejemplo, mostró su "firme compromiso con el orden público"- en el Ejecutivo respiraron aliviados.

Sánchez quiere saber antes de abril si tendrá los votos necesarios. Esa es la fecha límite para convocar el superdomingo

Los contactos que con mucha frecuencia mantiene la vicepresidenta, Carmen Calvo, con el vicepresidente Pere Aragonès y los gestos del Gobierno desde que Sánchez llegó a Moncloa volvían a tener sentido. La reunión en Barcelona, pensada como una demostración de talante se convirtió después en una prueba de fuerza y finalmente volvió a ser una muestra de las bondades del diálogo. Hasta Puigdemont había transmitido antes de las andaluzas al Gobierno su disposición a negociar los presupuestos si había una cumbre en Barcelona.

La semana fue una sucesión de gestos de desescalada. El martes, el diputado y secretario de Organización del PDeCAT, Ferran Bel, subió a la tribuna del Congreso y sin necesidad de hacerlo apoyó el objetivo de déficit del Gobierno del 1,8% que se iba a votar dos días después. Hasta ese momento, la mayoría de los socialistas daban por perdida esa votación. Hacienda insistía entonces en que si llevaba la cifra al Congreso era una formalidad, una exigencia legal antes de mandar los presupuestos.

Tanto en el independentismo con en el PSOE hay sectores que no quieren presupuestos y en cualquier momento pueden volar por los aires

El desinterés del Gobierno por los presupuestos no era fingido. O no se lo parecía ni a sus socios. Hacienda ni ha llamado aún a Compromís y cuando transmitió a Pablo Echenique que no tenía intención de sacar las cuentas públicas, Podemos precipitó las primarias para estar listos en un eventual adelanto electoral en marzo. Los ministerios habían recibido la consigna de distanciarse del independentismo.

Incluso tras escuchar la intervención de Bel, hubo quien interpretó que en realidad era la posición del grupo parlamentario, más proclive al pacto, y no tanto del Govern. Al gesto del PDeCAT, en abierto y en la tribuna para que el compromiso quedara en el diario de sesiones, se sucedieron otros. El Gobierno se abrió a que hubiera encuentros con varios consejeros, al estilo de la cumbre que buscaba la Generalitat; los presos dejaron la huelga de hambre -el Gobierno estaba muy preocupado por su repercusión internacional si seguían adelante-, y el jueves, un día antes del Consejo de Ministros, ERC y PDeCAT votaron el objetivo de déficit del Gobierno. Se reeditaba así el bloque de la moción de censura en una votación simbólica porque el Senado lo va a tumbar. Después llegó la foto y el comunicado conjunto de los dos Gobiernos -al estilo de un encuentro internacional- en el que no se mencionaba la Constitución sino la "seguridad jurídica".

¿Y ahora qué? En el PSOE hay quien cree que habrá presupuestos, lo que permite a Sánchez estirar la legislatura hasta 2020. Tras la aprobación del objetivo de déficit, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declaró: "Los grupos parlamentarios han subido para decir que no se puede asimilar [esta votación a la de presupuestos] pero yo sí creo que le da mayor claridad a la posibilidad de que el presupuesto se abra paso a partir de ahí. Pero eso hay que esperarlo hasta el día antes".

Pero fuentes independentistas señalan que es complicado aventurarlo. "Vamos semana a semana. Diría que es más probable que haya enmienda a la totalidad a que no la haya pero quién sabe". "Quien diga que sabe lo que va a pasar a final de febrero miente. Puede pasar cualquier cosa". Ese es el tipo de respuesta que se cosecha entre el independentismo. El comité del PDeCAT aprobó el pasado 20 de diciembre una resolución señalando que no votará las cuentas públicas. Los órganos de ERC todavía no han tomado una decisión al respecto, y aunque públicamente se defiende que no votarán los Presupuestos si no cambia la situación de los políticos presos, genera más división interna la decisión de presentar o no una enmienda a la totalidad al proyecto. La opción de renunciar a ello es a día de hoy la que más adhesiones tiene, lo que facilitaría la tramitación de las Cuentas en su primera votación y que pasasen a discutirse las enmiendas en comisión. Un escenario mediante el que se daría "algo de aire" a Pedro Sánchez, según apuntan fuentes de la dirección republicana.

La dirección de Podemos vuelve a transmitir cierto optimismo tras la aprobación del objetivo de déficit y se reconoce que la posibilidad de sacar adelante las cuentas sigue estando lejos, pero "menos que hace una semana". El papel de mediación entre las formaciones independentistas y el Gobierno vuelve a ocupar la agenda de Pablo Iglesias, así como la del tercer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, quien con una mayor discreción se ha convertido en una de las personas clave para sentar las bases del diálogo. Su posición pasa por alcanzar un triple pacto presupuestario, para sacar adelante las cuentas del Gobierno, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona. El vicepresident de ERC, Pere Aragonès, es uno de los dirigentes independentistas más cercano a esta propuesta.

El mismo día de la foto en Barcelona, el PDeCAT aprobó una resolución contraria a apoyar los Presupuestos

Tanto en el independentismo con en el PSOE hay sectores que no quieren presupuestos y todas las partes asumen que cualquier gesto de Torra, cualquier manifestación que se descontrole, cualquier problema durante el juicio del 'procés' pueden rematar los presupuestos. Sánchez ha descubierto que tener sobre la mesa el as del 155 y la mano dura listos para usar le puede dar réditos en el resto de España y que el soberanismo no quiere ni plantearse esa opción. Así que nadie descarta que vuelva a eso.

La primera valla será aproximadamente a finales de febrero (suponiendo que Sánchez cumpla el plazo y envíe los presupuestos a la Cámara en enero). Entonces se deberán votar las enmiendas a la totalidad. En el PSOE confían que los independentistas no las presenten y que voten contra las previsibles enmiendas de PP y Ciudadanos. Entonces los presupuestos ya tendrían vida parlamentaria aunque podría tumbarlos más tarde.

Opinión

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La tramitación tiene otro problema de fondo que no está en manos del PSOE ni del independentismo. El Senado tumbará el objetivo de déficit del 1,8% que el Gobierno pactó con Bruselas. Así que las cuentas públicas deberían ajustarse al 1,3% previsto anteriormente, salvo que PP y Ciudadanos desbloqueen la reforma de la Ley de Estabilidad para quitar ese anómalo poder de veto al Senado. Sin eso, España debe pasar de un objetivo de déficit del 2,7% en 2018 al 1,3% una drástica reducción imposible de casar en el papel y mucho menos en el día a día.

En una entrevista en 'La Vanguardia', Pedro Sánchez afirmó que va "a luchar para que se aprueben en el primer trimestre del año". Las fechas son muy importantes. Las elecciones hay que convocarlas con 54 días de antelación, así que a principios de abril vence el plazo para convocar el superdomingo electoral en mayo. Puestos a adelantar las elecciones, esa es la fecha favorita de Moncloa, porque considera que se moviliza todo el partido a la vez mientras que Ciudadanos no tiene tanta implantación territorial ni músculo para realizar cinco campañas a la vez. Los barones no quieren porque temen que una campaña autonómica gire en clave nacional pero el Ejecutivo piensa que es la mejor fecha para Sánchez. Así que si la tramitación se alarga más allá de abril sin los apoyos garantizados, Sánchez perdería la posibilidad de convocar el superdomingo. Por el camino la estrategia es atraer al independentismo moderado, aislar a Torra y a la CUP y perseverar en el diálogo -en el Gobierno se defiende que los mensajes del Rey en ese sentido en su discurso navideño- son un aval a su actuación.