La Manada regresa a los tribunales: Navarra estudia los recursos contra su condena

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) abordará este miércoles el futuro de los integrantes de La Manada transcurrido más de medio año desde que fueran condenados a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento por los hechos ocurridos durante los Sanfermines de 2016. Los cinco magistrados que integran la Sala de lo Penal se reunirán para deliberar sobre los diferentes recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, que no contentó a ninguna de las partes.

La Fiscalía, la acusación particular y las acusaciones populares –ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona– rechazan la calificación de los hechos como abuso sexual y se reafirman en que los cinco jóvenes sevillanos agredieron sexualmente a la joven madrileña, que en el momento de los hechos tenía 18 años, mientras que las defensas sostienen que fueron en todo momento "relaciones sexuales consentidas", por lo que reclaman su absolución.

La Fiscalía y las acusaciones reclaman una condena por agresión sexual y las defensas solicitan la absolución por tratarse de "relaciones consentidas"

No será una vista sino una deliberación interna entre los cinco magistrados que componen la Sala, que no ve necesaria la celebración de la vista para la “correcta formación de su convicción" al entender que “queda ilustrada por los extensos y fundados recursos de apelación y sus respectivas impugnaciones”. Además, estima que esta decisión “conviene mejor con el interés de preservar la identidad e indemnidad de la víctima”, según reflejaron en un auto dictado el pasado 8 de octubre para señalar el 7 de noviembre como fecha para la “deliberación y fallo” de los recursos presentados contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

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En todo caso, la resolución no llegará mañana. Tampoco desde el TSJN se adelantará ninguna decisión. La sentencia, según las previsiones aportadas por la Sala, estará redactada y notificada a las partes “aproximadamente en un mes”. Esto es, la resolución se conocerá antes de que finalice el año si no se produce una nueva demora en el pronunciamiento. El retraso de la Audiencia de Navarra a la hora de dictar sentencia –llegó cinco meses después de la celebración del juicio– fue objeto de controversia, ya que a nivel judicial no se entendía esta tardanza a la vista de que los cinco acusados permanecía en prisión provisional desde el 7 de julio de 2016.

La decisión de la Sala de lo Penal puede marcar el devenir a corto plazo de los cinco condenados, de los que cuatro permanecen en libertad provisional

La decisión que adopte la Sala de lo Penal puede marcar el devenir a corto plazo de los cinco condenados, de los que cuatro permanecen en libertad provisional desde finales de junio, toda vez que uno de ellos, Ángel Boza, se encuentra en prisión provisional por robar unas gafas de sol el pasado 1 de agosto en un establecimiento comercial de Sevilla y embestir posteriormente a dos vigilantes con su coche al huir del recinto, hechos por los que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión.

La decisión de la Audiencia de Navarra, no exenta tampoco de polémica, de excarcelar a los integrantes de la Manada a la espera de sentencia firme con dos votos a favor y uno en contra podría ser revocada en función de la resolución que adopte la Sala de lo Penal. Si se confirma la pena de cárcel, las acusaciones pedirán con casi toda probabilidad su reingreso en prisión, una medida que nadie pone en duda en caso de que el TSJN atienda la petición de la Fiscalía y las acusaciones y determine que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual –El Ministerio Público reclamaba 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los acusados–. En todo caso, sea cual sea la resolución que adopte la Sala de lo Penal, no será el último pronunciamiento de los tribunales, ya que se da por seguro que se agotarán las vías judiciales y el caso llegará en última instancia al Tribunal Supremo.

El presidente del TSJN, Joaquín Galve, ha sido muy crítico con el linchamiento institucional, político y social al que fue sometido el juez Ricardo González

Pero ahora la palabra la tienen los cinco magistrados de la Sala de lo Penal, entre ellos el propio presidente del TSJN, Joaquín Galve, quien se mostró muy crítico con el linchamiento social, político e institucional al que fue sometido uno de los tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra que juzgó el caso. Ricardo González emitió un polémico voto particular en contra de la sentencia condenatoria en el que aseguraba que los hechos correspondieron a “actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo” al no apreciar en los vídeos e imágenes tomadas por los acusados “atisbo alguno de oposición, rechazo, disgusto, asco, repugnancia (…) o cualquier otro sentimiento similar”. Ante este pronunciamiento, el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que “todos saben que este juez tiene algún problema singular” para mostrar su “sorpresa” por el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial no hubiera ejercido su “potestad disciplinaria” contra él.

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De cara a la deliberación de mañana, la Sala de lo Penal no tendrá en cuenta un documento presentado por la acusación particular en su recurso que alude al inicio y tratamiento recibido por la víctima en el centro de atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual de la Comunidad de Madrid. Los abogados de la joven pretendían incorporar un informe psicológico que, según ha determinado la Sala, contiene un “error material y de transcripción de la fecha de inicio de un tratamiento concreto”, una circunstancia que “está admitida por la defensa de uno de los cinco procesados en su impugnación al recurso y que, además, la Sala podría deducir a la luz de las pruebas ya aportadas en el procedimiento”. Por ello, en su auto de octubre, este organismo confirmó la inadmisión de este documento.

A la espera del pronunciamiento del TSJN, José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo siguen compareciendo los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad de acuerdo a las medidas que les fueron impuestas por la Audiencia de Navarra para decretar su excarcelación provisional bajo fianza de 6.000 euros. El de los Sanfermines de 2016 no es, además, el único caso judicial que tienen ante sí estos cuatro integrantes de la Manada, que también están procesados por unos hechos similares ocurridos en Pozoblanco (Córdoba) unos meses antes –Ángel Boza no está implicado en esta causa–. La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción les imputa los presuntos delitos contra la intimidad y abusos sexuales contra una joven de 21 años en mayo de 2016.