Comienza el juicio a 'La manada' con el Palacio de Justicia convertido en un búnker

La 'manada' ha vuelto a reunirse hoy en la Audiencia Provincial de Navarra 16 meses después de la supuesta violación grupal a una joven de 18 años de Madrid durante la primera noche de los Sanfermines de 2016 con el inicio del juicio contra los cinco jóvenes sevillanos acusados por estos hechos. Comienza así un proceso judicial que se prolongará durante diez jornadas y que va a estar blindado al exterior para proteger el "derecho fundamental a la intimidad" de la denunciante y para salvaguardar tanto a ella como a los cinco imputados de "una indeseada e indeseable exposición pública aireando aspectos relativos a su intimidad corporal y vida sexual que pertenecen a la esfera personal", según ha determinado este tribunal.

Se han adoptado medidas nunca vistas hasta ahora: se han empapelado hasta las ventanas para que no trascienda nada de lo que sucede en la sala

El juicio se desarrollará íntegramente a puerta cerrada y a la sala no podrán acceder ni familiares ni amigos de las partes. Tampoco se permitirá el acceso al Palacio de Justicia de cámaras fotográficas y de televisión para impedir la "obtención, divulgación y publicación" de imágenes de las partes y sus familiares. Incluso, para que no trascienda nada de lo que ocurra en la sala, se han empapelado las ventanas que dan a la calle, dentro de unas medidas inauditas hasta la fecha. Con anterioridad se han celebrado otros juicios por supuestos abusos sexuales a puerta cerrada en Navarra, a petición de la víctima, pero hasta ahora no se habían tenido que tomar estas medidas tan estrictas encaminadas a blindar a los afectados porque, como alegan desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, "nunca antes se había vivido un juicio tan mediático".

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Más de 30 periodistas están acreditados para seguir el desarrollo de un juicio que ha convertido al Palacio de Justicia en un búnker. La primera sesión del juicio, donde se dirimen las cuestiones previas, está evidenciando este blindaje hacia la víctima y los cinco acusados, que en ningún momento tendrán contacto más allá de las paredes de la sala de vistas, donde sólo tendrán acceso los magistrados, los letrados y los testigos citados a declarar. En el auto en el que se decretó que el juicio iba a ser a puerta cerrada, a petición de la denunciante y de dos de los acusados, el juez también advirtió expresamente a las diferentes partes de que no pueden "divulgar el contenido del acta en soporte informático que se entregará con relación al contenido de cada una de las sesiones de juicio oral".

Ninguna de las partes realizará declaraciones a los medios durante las diez sesiones del juicio, en el que comparecerán medio centenar de personas

A los letrados no se les ha prohibido hablar con los medios de comunicación pero desde esta parte también se va a imponer el 'apagón informativo' durante el proceso judicial. Inicialmente, Agustín Martínez Becerra, que se encarga de la defensa de tres de los acusados, había mostrado su intención de hablar con asiduidad durante el proceso judicial (así lo ha afirmado a su entrada al Palacio de Justicia), pero finalmente mantendrá silencio hasta que finalice el juicio, según ha anunciado a los medios al término de la sesión inicial. No hará declaraciones durante el juicio por "respeto a todas las partes y al tribunal". Según ha señalado, "no tiene sentido" hacer valoraciones diarias de cada una de las sesiones si el tribunal ha decidido que éstas sean secretas y el resto de compañeros va a mantener silencio. De este modo, ninguna de las partes realizará declaraciones públicas a los medios durante las diez sesiones del juicio, en el que comparecerán medio centenar de personas, entre ellos testigos, policías, peritos y forenses.

Tal es el blindaje establecido desde la Justicia que hasta los abogados de los acusados quieren aprovecharse de esta protección para evitar que se hagan públicos sus nombres bajo amenaza judicial.... 16 meses después. Esto viene a raíz de que el abogado de A.G.E reclamó dentro de las medidas de protección que se prohibiera hacer públicos "los datos relativos a su identidad y circunstancias personales" de su cliente, algo que fue aceptado por el juez. La defensa de los otros cuatro imputados, Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda Martínez, Ángel Boza y Jesús Escudero, no pidieron esta posibilidad (sólo se exigió que se prohibiera la "obtención, divulgación o publicación de imágenes"), pero también buscan preservar ahora la identidad de sus clientes.

Nunca antes se habían adoptado tantas medidas encaminadas a "salvaguardar" a las diferentes partes implicadas, como por ejemplo en el juicio por el asesinato de Nagore Laffage durante los Sanfermines de 2008. Varias dotaciones de la Policía Foral custodiaban desde primeras horas de la mañana las dos caras del Palacio de Justicia, con periodistas apostados en ambas entradas (la principal y el garaje). Pasadas las 9.00 horas los cinco acusados de la supuesta violación grupal han accedido al interior del Palacio de Justicia en diferentes furgones de la Policía Nacional, que les han trasladado desde la cárcel de Pamplona, a donde han sido agrupados de cara al proceso judicial (el guardia civil y el militar han permanecido en la cárcel militar de Alcalá de Henares de Madrid). Los imputados han accedido a la sala, custodiada por agentes de la Policía Foral, por unas escaleras interiores para evitar su paso por el hall. Los policias están muy vigilantes para que no se tome ninguna imagen en el interior del edificio.

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El juicio se ha iniciado con las "cuestiones previas e interrogatorio de los acusados acerca de si reconocen o no todos o parte de los hechos". A este respecto, los cinco imputados han negado las acusaciones y se han declarado inocentes al defender que fueron relaciones sexuales consentidas, según ha remarcado Agustín Martínez tras la primera sesión. No obstante, A.M.G. ha reconocido que sustrajo el móvil a la joven después de la presunta violación grupal, aunque lo ha catalogado como un hurto sin violencia.

Los cinco imputados se han declarado inocentes, si bien uno de ellos ha reconocido que sustrajo el móvil a la joven tras la presunta violación grupal

La Fiscalía pide 22 años y diez meses de prisión para cada uno de los cinco acusados (18 por un delito continuado de agresión sexual, dos años y 10 meses por un delito contra la intimidad y otros dos por robo con intimidación). La mayor petición corresponde al Gobierno de Navarra (25 años y nueve meses de prisión), que se presenta como acción popular junto al Ayuntamiento de Pamplona (25 años y cinco meses), mientras que la acusación particular reclama 24 años y nueve meses.

Precisamente, el tribunal ha desestimado en esta primera sesión la petición de la defensa de los acusados de dejar fuera del proceso al Gobierno de Navarra y al Consistorio de Pamplona. Pretendían que estas dos instituciones no continuaran en el proceso judicial al sostener que no existe base legal para que puedan ejercer de acción popular, labor que recae en asociaciones y otras entidades (la defensa alegaba que las instituciones sólo pueden actuar en casos de violencia machista). Uno de los tres magistrados ha avalado esta petición y ha emitido un voto particular, según han apuntado fuentes jurídicas. Se trata de Ricardo González, quien en varias ocasiones se ha mostrado a favor de la libertad provisional de los acusados a la espera del juicio (medida que el tribunal ha rechazado todas las ocasiones).

El tribunal ha admitido como prueba la ampliación de un informe de un detective privado encargado por la defensa sobre la vida que llevó la joven tras la supuesta violación grupal

Asimismo, tampoco se ha atendido la petición de la acusación para que se tuviera en cuenta el material hallado en los móviles de los acusados, tanto vídeos como mensajes de Whastapp, antes de la noche de la presunta violación grupal, y que relacionaban a los acusados con alguna otra supuesta agresión sexual, entre otras cosas, y que el juez ya había rechazado incorporar como prueba. El tribunal había establecido de forma previa que este material "no guarda relación con los hechos que son objeto de enjuiciamiento, por lo que carece en consecuencia de pertinencia". En cambio, sí se ha admitido como prueba la ampliación de un informe que elaboró un detective privado a instancias de la defensa sobre la vida que llevó la joven después de la supuesta violación grupal y que ya había sido aportado en la instrucción de la causa. La defensa de uno de los acusados había contratado a un despacho de detectives privados para espiar a la joven. Este despacho elaboró un informe en base a un seguimiento de dos días a la afectada y de sus interacciones en las redes sociales, entre otras cuestiones, para dejar constancia de su comportamiento en los meses posteriores a la supuesta violación. Ahora se ha añadido una publicación con contenido festivo que la supuesta víctima compartió en redes sociales, lo que ha sido tomado en consideración por el tribunal.

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La denunciante, una joven de Madrid que en el momento de los hechos tenía 18 años, testificará mañana en una sesión en la que se extremarán las medidas de seguridad para evitar cualquier contacto visual con los cinco integrantes de 'La manada', que seguirán el testimonio de la denunciante desde otra sala por videoconferencia. Los imputados declararán el miércoles de la próxima semana. La Fiscalía ha intentado adelantar a mañana martes su declaración, coincidiendo con la de la joven, pero finalmente se mantiene el calendario establecido por el tribunal antes del inicio del juicio. Por delante hay diez sesiones (hasta el 24 de noviembre), si bien no se descarta que se incluya una más para los informes finales, según apuntan fuentes judiciales. Los cinco imputados han permanecido en prisión preventiva desde su detención el 7 de julio de 2016 ya que el juez ha denegado en varias ocasiones su puesta en libertad a la espera del juicio ante "la existencia de riesgo de fuga y reiteración delictiva". Su excarcelación provisional era defendida por uno de los tres jueces del caso, Ricardo González. El magistrado José Francisco Cobo presidirá el tribunal acompañado por Raquel Fernandino y González.

Concentración en apoyo de la víctima

A la misma hora que se iniciaba el juicio los colectivos feministas Andrea y Lunes Lilas se concentraban en la plaza del Castillo de Pamplona para mostrar su apoyo a la víctima de la supuesta violación grupal tras la pancarta "¡No es no! ¡Justicia!". Los asistentes, que han portado carteles con los lemas "la violencia sexual es violencia machista" y "nosotras te creemos", han exigido un juicio "limpio y justo" por estos hechos.

La portavoz, Tere Saez, ha recordado que el asesinato de Laffage fue resuelto con un "juicio injusto y que despreciaba los derechos de las mujeres ya que se concedió credibilidad absoluta al acusado". Por ello, ha reclamado que el proceso abierto contra 'La manada' "atienda al clamor social" que existe y "juzgue la violencia sexual como violencia machista". En función del devenir del juicio, estos colectivos valorarán realizar alguna concentración ante el Palacio de Justicia.