PIEZA SECRETA QUE incluye A DELGADO Y GARZÓN

Las facturas de Villarejo: así cobró 7 millones por frustrar una extradición a Guatemala

El comisario fue contratado por Pérez-Maura para tratar de bloquear su entrega a ese país, donde se le acusa de pagar 30 millones de dólares en sobornos para adjudicarse un puerto de mercancías

Foto: Montaje: EC.
Montaje: EC.

La Audiencia Nacional está tratando de reconstruir la relación del comisario José Manuel Villarejo con el empresario Ángel Pérez-Maura, descendiente del fundador de Banco Santander y propietario de la naviera Pérez y Cía SL. Según fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial, el industrial habría pagado al policía más de siete millones de euros para que frustrara la orden de extradición emitida en su contra por la Justicia de Guatemala, que le acusa de pagar sobornos al Gobierno del país para adjudicarse la construcción y gestión de un puerto de mercancías en la costa del Pacífico.

Las pesquisas avanzan en una pieza secreta de la operación Tándem bautizada con el nombre de Pit. Como reveló este diario, el instructor del caso y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que Villarejo utilizó su relación con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para bloquear la entrega del empresario y contener los daños que la investigación penal de Guatemala podía ocasionar en la cuenta de resultados de su compañía.

El origen de esta operación, que ilustra a la perfección cuál era el método de trabajo del agente encubierto, se remonta a los primeros meses de 2016. Pérez-Maura recurrió a Villarejo ante el temor de que pudiera salpicarle una trama descubierta en Guatemala un año antes, el llamado caso La Línea. Efectivamente, en abril de 2016, tirando del hilo de un testaferro, la Fiscalía guatemalteca concluyó que el naviero habría pagado 30 millones de dólares al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) para que su empresa, Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), se llevara la gestión del estratégico puerto de Quetzal durante 25 años en régimen de usufructo. El acuerdo se oficializó en 2012, con Pérez Molina en el poder.

Sacar de la cárcel al único español

Pérez-Maura encargó tres cosas a Villarejo. Lo primero y más importante fue que evitara su extradición. La operación policial pilló al empresario fuera de Guatemala, pero le aterrorizaba la posibilidad de que la Justicia de ese país terminara consiguiendo su entrega. Lo segundo que encargó al comisario fue que lograra sacar de la cárcel a su delegado en el país, Juan José Suárez Meseguer, único español detenido por el caso TCQ. El juez lo envió automáticamente a prisión provisional.

La tercera y última petición tenía un componente mercantil. Pérez-Maura había vendido TCQ a APM Terminals, una filial del gigante danés del transporte marítimo Maersk, un año antes de que estallara el escándalo. El contrato especificaba que TCQ estaba libre de cargas y no había incurrido en ninguna ilegalidad, pero la Fiscalía demostró que eso no era cierto. Así que, cuando se desató la operación policial, APM Terminals se negó a abonar a Pérez-Maura la totalidad del precio pactado por la sociedad y ambas partes terminaron ante de una corte de arbitraje de Copenhague.

Villarejo solo necesitó unos días para lograr el primer objetivo. En abril de 2016, la Audiencia Nacional rechazó la entrega de Pérez-Maura argumentando que la solicitud no estaba debidamente justificada. Ese hito permitió al grupo empresarial del agente encubierto recibir una comisión de éxito millonaria. Según documentos contables incorporados al sumario de la operación Tándem a los que ha tenido acceso El Confidencial, Pérez y Cía SL abonó en ese momento 3.388.000 euros IVA incluido a la agencia de investigación de Villarejo, Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt) —hay una factura de 2.178.000 euros y otra de 1.210.000—, y otros 1.452.000 euros IVA incluido a Stuart & McKenzie, la firma jurídica del policía.

A partir de ese momento, ambas empresas empezaron a recibir de Pérez y Cía SL un total de 145.200 euros mensuales por los encargos que seguían pendientes. En realidad, la sombra de la extradición seguía gravitando sobre Pérez-Maura. Guatemala solo tenía que argumentar mejor su segunda solicitud para poner de nuevo en marcha el mecanismo de entrega. Y las pruebas que tenían los investigadores de ese país contra el naviero eran abrumadoras.

Una estrategia con tres frentes

En ese punto, el trabajo de Villarejo se dividió en varios frentes. Por un lado, según fuentes consultadas por este diario, el comisario colaboró en la estrategia jurídica que estaba desarrollando Pérez-Maura en España para reducir al mínimo las opciones de ser entregado y que, en el peor de los escenarios posibles, fuera juzgado en territorio nacional por los delitos cometidos fuera.

Esa línea se complementó con el diseño de una estrategia jurídica internacional. Villarejo y sus colaboradores creyeron que, para desactivar la causa, obtener la libertad de Suárez Meseguer y pergeñar un dictamen que sirviera para desbloquear la venta de TCQ, necesitaban fijar la atención en Estados Unidos. La batuta de la investigación sobre los sobornos la llevaba el máximo representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo creado en 2006 por Naciones Unidas para ayudar a las autoridades judiciales de ese país en la lucha contra la corrupción y las estructuras paramilitares y que, en la práctica, funciona como una Fiscalía paralela. Aunque su trabajo se desarrollaba en Guatemala, el comisionado del Cicig, un antiguo fiscal colombiano, Iván Velásquez, dependía directamente de los cuarteles generales de la ONU en Nueva York.

En esa ciudad tenía un buen contacto Villarejo, el abogado Stephen A. Best, presidente del bufete Brown Rudnick, experto en delitos económicos y, precisamente, en casos de corrupción internacional como el que tanto inquietaba a Pérez-Maura. Según fuentes cercanas al caso, Villarejo decidió utilizar los servicios de este letrado para tratar de desmontar las acusaciones del Cicig y de la Fiscalía ordinaria de Guatemala y, también, para encontrar una fórmula que permitiera sacar la concesión del puerto de Quetzal del proceso penal mediante algún atajo de carácter administrativo. Por último, Best ayudaría a los abogados locales de Suárez Meseguer a perfilar una estrategia de defensa más productiva.

Villarejo sumó un tercer frente a su hoja de servicios. Recurrió a un lobista de Florida que respondía al nombre de Manny Delgado para que se encargara de las relaciones con los medios de comunicación y las instituciones tanto en Estados Unidos como en Guatemala. También envió expertos a Madrid. Lo cierto es que, a pesar de la gravedad de los hechos y la notoriedad del principal implicado —la familia Pérez Maura está entre las más ricas de España, con un patrimonio estimado de 300 millones de euros—, las informaciones sobre el caso TCQ apenas habían tenido hasta ahora repercusión en medios nacionales. El silencio era sepulcral.

Legalizar la concesión

En el verano de 2016, la trama ya tenía claro cuál era la mejor solución a los problemas de su cliente. Los esfuerzos del comisario y sus colaboradores iban a centrarse en lograr que el Gobierno del país regularizara la concesión del puerto. La idea parecía descabellada porque, en ese momento, la Justicia ya tenía una pila de indicios de que la infraestructura había sido adjudicada a dedo tras el pago de un soborno multimillonario. Pero Villarejo y los asesores internacionales que participaban en la operación Pit concluyeron que, si las autoridades legalizaban el proceso administrativo, la causa penal acabaría deshaciéndose como un azucarillo y, por tanto, ni habría extradición de Pérez-Maura, ni Suárez Meseguer seguiría en la cárcel ni APM Terminals tendría ya excusas para no pagar el 100% del precio pactado en 2015 con Pérez y Cía SL.

El único español detenido por el caso TCQ, Juan José Suárez, en una imagen de 2016. (EFE)
El único español detenido por el caso TCQ, Juan José Suárez, en una imagen de 2016. (EFE)

El encargado de explorar esa vía sobre el terreno fue la mano derecha de Villarejo en su red mercantil, el letrado Rafael Redondo, detenido junto al comisario en noviembre de 2017. Redondo efectuó numerosos viajes a Guatemala para lograr un acuerdo y, al final, obtuvo lo que buscaba. En septiembre de 2016, la Procuraduría General de la Nación, la empresa pública del puerto de Quetzal y los nuevos dueños de TCQ, APM Terminals, firmaron un memorándum de entendimiento por el que se comprometían a abonar al Estado un resarcimiento por el caso de corrupción de 32,7 millones de dólares (se suponía que se habían pagado 30 millones en sobornos) y otros 10,5 millones de dólares adicionales para financiar proyectos de desarrollo para los municipios de la región. A cambio, el Gobierno liquidaría la concesión anterior y otorgaría un nuevo usufructo de 21 años a los compradores de la empresa española. Todos salían ganando.

La trama se apuntó otro tanto cuando el expresidente Pérez Molina y el nuevo jefe del Ejecutivo del país, Jimmy Morales, de partidos diferentes, apoyaron esa salida. El único trámite que faltaba para oficializarla era que el Gobierno presentara el anteproyecto de ley del memorándum en el Congreso y una mayoría de diputados lo respaldara. El partido del presidente llegó a defender la iniciativa en la cámara, pero la operación Tándem estalló antes de que se diera el último paso.

Informes de inteligencia sobre el caso

En total, Pérez-Maura habría pagado a las empresas de Villarejo por todos estos servicios unos 7,4 millones de euros, sumando la primera comisión de éxito y las igualas mensuales que abonó hasta noviembre de 2017. El dinero también sirvió para financiar dosieres de inteligencia realizados por el equipo del comisario con información de todo lo que ocurría en torno al proceso judicial. Pérez y Cía SL los recibía periódicamente.

Garzón y Delgado, en 2012 en Argentina, en un homenaje a las víctimas de la dictadura. (EFE)
Garzón y Delgado, en 2012 en Argentina, en un homenaje a las víctimas de la dictadura. (EFE)

Sin embargo, hay otros movimientos ejecutados en el marco de esta operación que siguen bajo la lupa de los investigadores. El juez y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que Villarejo recurrió a su amigo Baltasar Garzón y al mejor contacto de este en la Audiencia Nacional, la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, para conseguir que España bloqueara o al menos dificultara la entrega a Guatemala de Pérez-Maura. Lo cierto es que nunca se produjo.

También se intenta aclarar si el agente encubierto utilizó la influencia de Garzón en Latinoamérica para despejar el horizonte penal del naviero y de su delegado en ese país. Como reveló este diario, Asuntos Internos de la Policía Nacional encontró en los registros de Tándem unas notas manuscritas en las que Villarejo apuntó una supuesta reunión con 'Dos', el nombre en clave de Dolores Delgado, y 'M', la primera letra de 'Mago', el alias con el que se refería al exmagistrado. Además, se han descubierto pagos de Villarejo a Garzón por importes elevados. Se da la circunstancia de que el exjuez tiene una gran amistad con el comisionado del Cicig. La relación se remonta a la época en la que Velásquez era uno de los fiscales más prestigiosos y conocidos de Colombia.

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