El caso en Guatemala: un español preso y un soborno de 30 millones de dólares

El jurista colombiano Iván Velásquez (Medellín, 1955) llegó a Guatemala en 2013 para hacerse cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), un órgano creado por Naciones Unidades en 2006 para ayudar a las autoridades del país centroamericano en la lucha contra las mafias policiales y los grandes casos de corrupción. Velásquez solo llevaba dos años como comisionado del Cicig cuando se topó con una trama fiscal que salpicó directamente al entonces presidente del Gobierno, Otto Pérez Molina, el llamado caso La Línea. El jefe del Gobierno se vio obligado a presentar su renuncia.

Un año después, en 2016, la Cicig destapó, en colaboración con la Fiscalía ordinaria, un segundo caso que también salpicaba al ya expresidente y a su mano derecha en el Gobierno, la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Era el caso TCQ, la trama de corrupción por la que Guatemala ha reclamado a España durante dos años la extradición del naviero Ángel Pérez-Maura. Según las acusaciones de la Cicig, el industrial español, sobrino-nieto del presidente del Banco Santander Emilio Botín Sanz de Sautuola, se habría comprometido a pagar al Gobierno de Otto Pérez Molina un total de 30 millones de dólares para que su empresa, Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), se quedara con la construcción y gestión en régimen de usufructo durante 25 años del importante puerto de Quetzal, situado en la costa del Pacífico.

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Las investigaciones posteriores habrían acreditado que Pérez-Maura llegó a pagar 11 millones de dólares a Pérez Molina y su entorno para adjudicarse el proyecto sin concurso. Las cantidades que iba a recibir TCQ a cambio de las mordidas suponía una inversión de 225 millones de dólares. Un negocio redondo.

El caso TCQ ha seguido adelante en Guatemala sin Pérez-Maura, que logró quedarse fuera del procedimiento porque no estaba en el país cuando estalló el escándalo. El único español que resultó detenido es Juan José Suárez Meseguer, gerente de la filial local de la naviera. Permanece en la prisión de Mariscal Zavala desde el inicio de las investigaciones. El instructor de la causa, el juez Miguel Ángel Gálvez, ha decidido ya su procesamiento y el de otros cinco implicados, aunque aún falta otro paso para ratificar su envío a vista oral.

El foco está ahora sobre el papel de Velásquez en el procedimiento de extradición de Pérez-Maura, tras revelar El Confidencial que este contrató al comisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017 por la operación Tándem, para tratar de evitar su entrega a Guatemala. Según fuentes cercanas al caso, el juez de Tándem y la Fiscalía Anticorrupción están investigando un contacto de Villarejo con la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, que se enmarcaría en los movimientos del agente encubierto para intentar impedir que la extradición prosperara. Asimismo, se investiga otra reunión en pleno procedimiento de entrega entre Delgado y Velásquez que presuntamente se produjo en una visita de este último a España.

Opinión

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La investigación de la Audiencia Nacional contrasta con el perfil público de Velásquez. Como comisionado del Cicig, ha sido uno de los principales impulsores del caso TCQ y también de otras investigaciones que afectan al actual presidente del Gobierno, Jimmy Morales, por presunta financiación ilegal de su campaña. La posición del jurista colombiano ha sido tan beligerante con la corrupción que los poderes fácticos del país se terminaron confabulando para exigir a Naciones Unidas que nombrara a un nuevo comisionado del Cicig. Las presiones al organismo internacional no surtieron efecto y el Ejecutivo de Morales terminó nombrándolo persona 'non grata' para forzar su expulsión de Guatemala. Precisamente este lunes, la Corte Constitucional resolvió que el Gobierno debe autorizar su regreso. Mientras tanto, Velásquez dirige la Cicig desde Nueva York.