BARONES y alcaldes SOCIALISTAS, contra el tributo

El Gobierno acordó subir el impuesto de matriculación ante la oposición al del diésel

Cuando pospuso la nueva norma de emisiones, el Gobierno pactó en secreto una nueva fiscalidad verde al automóvil. La dificultad para aprobar el impuesto al diésel, clave

Foto: El Gobierno acordó una reforma fiscal verde del impuesto de matriculación. (EFE)
El Gobierno acordó una reforma fiscal verde del impuesto de matriculación. (EFE)

Ocurrió casi al mismo tiempo. Pedro Sánchez anunció que el impuesto al diésel iría en los Presupuestos y la ministra de Industria, Reyes Maroto, sostuvo que solo era un globo sonda. Entonces pareció una contradicción evidente. Pero quizá no lo era tanto. El impuesto al diésel en los presupuestos tiene por delante una tramitación muy complicada, en la que necesita el apoyo de grupos como el PNV y ERC. Una opción más viable es elevar el impuesto de matriculación, del que actualmente están exentos multitud de vehículos gracias a las trampas del 'diéselgate', para promocionar los vehículos eficientes. Según documentación a la que ha tenido acceso este diario, así lo acordó la Comisión Delegada de Asuntos Económicos el pasado 30 de agosto —aunque no lo comunicó— cuando dio una moratoria para cumplir la norma de emisiones.

Los economistas saben que los impuestos ambientales son suicidas: si funcionan tienden a recaudar cero. Cuando hace una década el Gobierno de Zapatero reformó el impuesto de matriculación para que fuese en función de CO2, solo un puñado de vehículos emitían menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Ese fue el umbral por debajo del cual los vehículos estaba exentos. Gracias a las mejoras tecnológicas y a las trampas del 'diéselgate', las marcas rebajaron las emisiones drásticamente de forma que hoy uno se puede comprar hasta un Audi exento de matriculación. En los años de las crisis, cuando se subieron todos los impuestos, ningún Gobierno cambió el umbral de emisiones, lo que en la práctica era una forma —otra— de ayudar al sector del automóvil.

El impuesto de matriculación no se actualiza desde hace una década. Entre el 'dieselgate' y las mejoras tecnológicas ha sido una subvención encubierta

Cuando estalló el 'diéselgate', el escándalo que demostró que gracias a un software las marcas manipulaban las emisiones de forma que en los test de laboratorio emitían mucho menos que en la realidad, la Comisión europea y los Estados silbaron. No hubo apenas multas. Pero sí se cambiaron los estándares de medición. Esas medias iban a entrar en vigor el pasado 1 de septiembre, pero ante las quejas del sector, Industria anunció una moratoria de dos años de forma que el nuevo sistema de medición entrará en vigor a finales de 2020. Se interpretó como una victoria del sector del automóvil.

El ministerio dejaba una nota al final un tanto ambigua. "Esta medida se incluye en un futuro Acuerdo Estratégico entre el sector y el Gobierno de España que propondrá medidas efectivas para estimular la inversión y la demanda de vehículos eficientes y el desarrollo de un nuevo modelo de movilidad sostenible y eficiente". Según ha podido saber este diario, ese acuerdo incluye crear una mesa de movilidad sostenible que demuestra "el compromiso del Gobierno de España con la transición ecológica".

Vehículos nuevos. (EFE)
Vehículos nuevos. (EFE)

En ese documento hay cuatro puntos. Uno de ellos es "la revisión de la fiscalidad asociada al sector de la automoción con el objeto de aprobar una nueva fiscalidad verde que favorezca la reducción de emisiones contaminantes". El sector ambiental hace tiempo que ha pedido revisar los impuestos de matriculación y circulación. No solo subir los umbrales sino incluso vincularlos a emisiones contaminantes como los óxidos de nitrógeno o las partículas más que al CO2 (principal responsable del cambio climático, pero inocuo sobre la contaminación de las ciudades, un grave problema de salud pública en las grandes urbes). O alterar los parámetros para que pese más el impuesto de circulación que el de matriculación.

El Ministerio de Medio Ambiente ha intentado en el pasado cambios en esta dirección, pero se topaba con Hacienda, siempre enfrascado en temas más urgentes y/o importantes y sin ganas de enfrentarse al poderoso sector del automóvil español. Ahora, con un Ministerio potente de Transición Ecológica el empeño parece más plausible. La duda son los 84 diputados del Grupo socialista que sostienen al Gobierno y la precariedad de la legislatura.

El sector del automóvil tiene fábricas en feudos socialistas y los barones temen el impacto en las municipales y autonómicas del próximo mayo

El acuerdo incluye otros dos puntos: que los fabricantes impulsen inversiones para atraer modelos eficientes a España. Para ello, la Administración "fomentará estas inversiones y favorecerá la adaptación a un nuevo contexto de reducción de emisiones". Por último, a cambio de la moratoria, el Gobierno compromete a los fabricantes para que acudan con una posición común en el futuro reglamento europeo de CO2 con un objetivo compartido e intermedio en 2025 de un 15%-20% de reducción de emisiones" y ese objetivo se elevará hasta el 30%-40% en 2030.

Estas reformas serían el palo a los fabricantes de coches a cambio de la zanahoria de retrasar dos años la nueva norma sobre emisiones. En el Ejecutivo consideran que los fabricantes de coches que han protagonizado el 'diéselgate' no se pueden ir de rositas después de haber mentido y manipulado durante años con un alto coste para la salud pública. Cuando se suponía que el nuevo sistema de medición iba a entrar en vigor en septiembre, la industria aceleró la producción y las matriculaciones de forma que en septiembre llegaron los paros parciales del sector culpando al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Gobierno fija una posición al sector en la negociación europea: reducción de emisiones del 15%-20% en 2025 y del 30%-40% en 2030

La reforma del impuesto de matriculación se solapa con el impuesto al diésel, que Pedro Sánchez anunció que iría en los Presupuestos de 2019. En realidad esa es, según fuentes parlamentarias, una forma de matarlo en diferido. Los Presupuestos no solo están enormemente abiertos y con una fecha incierta —no antes de marzo, anunció el presidente, aunque fuentes del Congreso retrasan la previsión o mayo o junio—, sino que el Ejecutivo tiene que pactarlo con Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT...

Las subidas de impuestos son lo más espinoso. El PDeCAT ya anunció que se opone a una subida de IRPF a las rentas más altas. ERC sí anunció su voto a esta medida. Lo mismo hizo el PNV. Eso dio la impresión de buena sintonía incluso en los temas más complicados como la tributación, pero en el Congreso hay quien duda de que los nacionalistas vascos apoyen finalmente un impuesto al diésel. Para ellos, apoyar una subida del IRPF es gratis porque el País Vasco tiene su propia Hacienda foral. El PNV afirma que aún no han tratado el asunto del impuesto al diésel.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

De llevar la subida del impuesto al diésel al debate parlamentario —los Presupuestos no pueden crear nuevos impuestos, pero sí subir existentes—, cualquier grupo podría presentar una enmienda de supresión. El Gobierno podría vetarla alegando que afecta al equilibrio de ingresos y gastos, pero entonces ya sería una medida exclusiva del Ejecutivo, sin sus socios. Y el coste político sería solo para el Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando se sube el impuesto a los carburantes, lo habitual es hacerlo por decreto ley y sin avisar, para que las refinerías no puedan acumular combustible con un impuesto bajo y venderlo con uno mayor embolsándose la diferencia. El Gobierno de Sánchez, que no ha tenido reparos en utilizar el decreto ley, ha usado en este caso la fórmula más garantista de llevarlo a Presupuestos, lo que alimenta la tesis de que su apuesta por este tributo es menor.

A los obstáculos parlamentarios se suman otros de carácter interno. La fábrica de Renault está en Valladolid, donde el alcalde es el socialista Óscar Puente, un peso pesado de la Ejecutiva federal; en Vigo (PSA) lo hace Abel Caballero; al frente de la Comunidad Valenciana (Ford) está Ximo Puig, y en Aragón (Opel) gobierna Javier Lambán. En mayo hay elecciones autonómicas y municipales y estos están intentando aplacar el impuesto al diésel. Además, Transición Ecológica está planteando una reforma en profundidad del mercado eléctrico para atajar la subida de la luz y bastantes frentes abiertos tiene.

Así que una reforma del impuesto de matriculación más o menos hablada con el sector a cambio de retrasar la entrada en vigor de la nueva norma de emisiones, y dando tiempo al sector para hacer la transición hacia motores de gasolina, se ve en el sector como la opción más viable. La paradoja en ese caso sería que tanto Pedro Sánchez como Reyes Maroto tenían razón cuando dijeron cosas contradictorias sobre el impuesto al diésel.

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