Cerrojazo a la aduana de Melilla: el segundo Perejil de Mohamed VI

Marruecos cerró sin consultar a España la aduana comercial de Melilla el 1 de agosto. Es el segundo Perejil del reinado de Mohamed VI, 16 años después de que un puñado de gendarmes marroquíes se adueñase de un islote cercano a Ceuta durante una semana. En la frontera entre Melilla y Beni Enzar, la ciudad colindante marroquí, no ha habido exhibición de fuerza, pero la iniciativa, tomada probablemente al más alto nivel en Rabat, tiene más alcance que el conflicto del pedrusco.

Perejil es un islote sobre el que había un consenso, que el Gobierno de José María Aznar restableció por la fuerza, para compartirlo sin que nadie se instalase en él. La aduana comercial melillense es fruto de un acuerdo formal alcanzado poco después de la descolonización de Marruecos, en 1956 y a petición suya, para poder exportar los minerales del Rif a través del puerto de Melilla. Ha funcionado para mutua satisfacción durante 60 años.

La presencia de fuerzas de seguridad marroquíes en el islote podía ser considerada como una ofensa a la soberanía española, pero en el fondo no perjudicaba a nadie. El cierre de la aduana comercial sí daña los intereses de los exportadores melillenses y, como vaticina Margarita López Almendáriz, presidenta de la Confederación de Empresarios de Melilla, acabará provocando quiebras y despidos en una ciudad con una fuerte tasa de paro.

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Mohamed VI envió a sus gendarmes a Perejil cuando la relación era tensa con España, cuyo presidente había, un año antes, advertido públicamente al monarca sobre las consecuencias negativas que tendría el fracaso de las conversaciones para renovar el tratado pesquero. El rey ordena ahora el cerrojazo de la aduana cuando los ministros de Pedro Sánchez que han viajado a Rabat tachan de excelente la relación bilateral y el propio presidente se desgañita para conseguir que la Unión Europea otorgue a Marruecos más recursos para, entre otras cosas, luchar contra la inmigración irregular.

Con su iniciativa, Mohamed VI ha vuelto a demostrar que Marruecos no es un socio del todo fiable de España. Un auténtico socio o un “país amigo”, como describen al vecino los ministros de Sánchez, no aprovecha un momento de debilidad o de extrema dependencia de España, como la generada por el auge de la inmigración irregular, para tomar una iniciativa “hostil”, como la ha calificado el Gobierno de la ciudad de Melilla.

Si Aznar reaccionó ante la provocación dando un ultimátum y recurriendo a la fuerza, el 17 de julio de 2002, para desalojar a los marroquíes de Perejil, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha respondido guardando silencio. Más de un mes después del cerrojazo, ningún ministro español se ha pronunciado sobre el asunto —sí lo hizo el jueves pasado el ministro-portavoz marroquí— ni se han hecho gestiones para resolver el problema más apremiante, el de la decena de camiones españoles bloqueados desde el 1 de agosto en la frontera, en esa tierra de nadie entre Melilla y Beni Enzar.

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Agencias

De una carta enviada el 14 de agosto por el ministro Josep Borrell al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, y de un comunicado de Hacienda publicado el 29 del mismo mes, se desprende que el Gobierno desea entablar conversaciones técnicas con Nabyl Lakhdar, director general de la Aduana de Marruecos, para buscar una solución. Sabrina Moh, la delegada del Gobierno en Melilla, anunció incluso el miércoles en la televisión local que la semana próxima se celebraría una reunión, pero no concretó el día ni el lugar.

Creer que este alto funcionario va a poder rectificar o matizar una decisión tomada probablemente en Marruecos al más alto nivel demuestra el aparente desconocimiento del Gobierno de Pedro Sánchez del funcionamiento del vecino del sur, donde el poder está en manos del jefe del Estado —ahora de vacaciones entre Emiratos Árabes Unidos y las Seychelles— y de un reducidísimo grupo de colaboradores.

Los gobiernos españoles tienden siempre a olvidar, cuando discuten con Rabat, que la dependencia de Marruecos de España es infinitamente superior a la que tiene España de su vecino, con el que cuenta ante todo para frenar la inmigración, una tarea que ejerce cada vez peor, y para cooperar en materia de lucha antiterrorista. Cierto es que el incremento de la llegada de 'sin papeles' desde 2017 a España no se debe solo al descuido de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Con el cerrojazo fronterizo, Mohamed VI no solo se ha cargado el comercio legal con Melilla, para poder así potenciar el vecino puerto marroquí de Beni Enzar. Ha acabado con la esperanza, albergada por muchos melillenses, de que los intercambios a través de esa aduana fuesen creciendo y ganando terreno al 'comercio atípico', es decir, el contrabando con Marruecos. Ceuta, que a diferencia de Melilla no dispone de una aduana, soñaba incluso con que algún día Rabat aceptaría abrir una aduana en su frontera.

Si Rabat ha actuado con tanta desenvoltura es, en parte, gracias a la miopía de los empresarios y de la clase política de Melilla. Junto con los ceutíes, llevan años sopesando las ventajas e inconvenientes de solicitar su incorporación a la Unión Aduanera europea, a la que rehusaron adherirse en 1986 cuando se produjo el ingreso de España en la UE. Si la frontera comercial de Melilla hubiese sido euro-marroquí y no solo hispano-marroquí, es probable que Mohamed VI no hubiera osado suprimirla.

El cierre comercial se añade al incremento de un caos fomentado por Marruecos en sus dos fronteras terrestres con España. Cruzarlas es penoso, y no solo para los miles de porteadoras que se dedican al contrabando. Los esfuerzos que requiere entrar y salir de las ciudades autónomas desaniman, por ejemplo, a los turistas marroquíes que quieren comprar en sus tiendas o tomar unas copas al aire libre, algo imposible en su país.

A diferencia de su padre, Hassan II, que en cada discurso del trono reclamaba la soberanía sobre Ceuta y Melilla, Mohamed VI no ha vuelto a reivindicarla desde 2007. Ahora bien, ha puesto en marcha en los últimos años una maniobra tendente a asfixiarlas cuya última etapa ha sido la liquidación de la aduana. La siguiente que se avecina, mucho más complicada de gestionar, consistirá en reducir el contrabando, que ronda los 1.500 millones de euros anuales, del que viven decenas de miles de marroquíes y varios cientos de ceutíes y melillenses. Es un objetivo a largo plazo porque hay que proporcionar un trabajo alternativo para los que viven del trapicheo en la frontera.

Aunque parezca inaudito, a esta estrategia de ahogo por parte de Marruecos se acaba de sumar ahora buena parte de la gran banca española. Anuncia en ambas ciudades cierres o drásticas restricciones a los movimientos de las cuentas corrientes de cientos de empresarios, so pretexto de impedir el blanqueo. Es cierto que una parte del contrabando sirve para blanquear el dinero que genera el cannabis producido en Marruecos, pero esto solo explica una parte del llamado 'comercio atípico'. Los bancos españoles deberían saber que en Ceuta y Melilla hay que manejar mucho efectivo para hacer negocios con el vecino, porque los pagos no se pueden hacer mediante transferencias ni con tarjeta.