se cumple un mes del cierre unilateral de la frontera comercial melillense

Marruecos y la banca española asfixian a Ceuta y Melilla

El cierre de la aduana de Beni Enzar y las restricciones impuestas por los bancos a cientos de empresarios locales para prevenir el blanqueo sumen a las ciudades autónomas en una crisis

Foto: Foto: EC.
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La frase de William Shakespeare “cuando llega la desgracia nunca viene sola, sino a batallones” está de moda en Ceuta y Melilla aunque no siempre los que la pronuncian saben quién es su autor. En las ciudades autónomas ya llevan tres desdichas seguidas, las dos últimas a lo largo del verano, que las están sumiendo paulatinamente en una crisis.

A las interminables colas en las fronteras con Marruecos, que convierten su cruce en un calvario de varias horas, se añadió hace un mes, el 1 de agosto, el cierre definitivo de la aduana comercial de Melilla decidido por Rabat sin consultar a España. Desde ese día, una decena de camiones españoles están atrapados en esa tierra de nadie entre la ciudad autónoma y la marroquí de Beni Enzar.

La aduana, que se abrió en 1959 a petición de Rabat y de la que carece Ceuta, era la puerta para comerciar legalmente con el vecino marroquí. Pero he aquí que el contrabando, que ceutíes y melillenses llaman púdicamente “comercio atípico”, también está amenazado. Más del 70% de lo que importan ambas ciudades es trasladado a Marruecos a través, sobre todo, de miles de porteadoras.

Esas exportaciones irregulares ascienden, según diversas estimaciones, a más de 1.500 millones de euros anuales, el equivalente de las ventas españolas a Australia. Multiplican por 20 el comercio legal. Dan trabajo a decenas de miles de personas en Marruecos y a varios centenares en Ceuta y Melilla. Generan además hasta algo más de un tercio de los ingresos fiscales de ambos ayuntamientos. Si no se alcanza la recaudación prevista, el Estado hace aportaciones compensatorias a las arcas municipales.

Marruecos pone en apuros al comercio legal y la banca española hace ahora otro tanto con el “atípico”. “Lamentamos comunicarle que en el plazo de dos meses a partir de la presente procederemos a la cancelación de su cuenta (…)”, reza, por ejemplo, la carta firmada el 31 de julio por directores de oficinas Bankia que decenas de empresarios ceutíes recibieron el mes pasado. Hasta que se produzca el cierre de la cuenta “eviten realizar movimientos a través de la misma”, advierte la misiva.

Bankia, que posee una importante cuota de mercado en Ceuta, no es un caso aislado. Santander, BBVA y Caixabank –algunas pequeñas cajas no les secundan por ahora- también han remitido cientos de cartas –unas 800, se calcula solo en Ceuta- con anuncios similares o advirtiendo a sus clientes ceutíes y melillenses que ya no podrán hacer ingresos en efectivo con billetes de 100, 200 y 500 euros.

Esta semana J.A.R.M. y J.L.M.L, titulares de las dos empresas melillenses con más de cien años de antigüedad, acabaron solicitando a sendos notarios que levantaran acta de que los cajeros no les permitían ingresar 300 euros en billetes de cien en las oficinas del Banco Popular, el primero, y del Santander, el segundo.

Cuando la Plataforma de Empresarios de Melilla se ha quejado, por ejemplo ante el Servicio de Reclamaciones del Santander, su responsable les ha contestado que “no es exigible” que la entidad “preste el servicio de caja de un modo determinado, resultando posible establecer limitaciones a ingresos efectuados en billetes de alto importe”.

CaixaBank ha sido la única entidad que ha dado alguna pista en su respuesta sobre sus verdaderas motivaciones: “Cualquier restricción operativa deriva de la aplicación de las medias de diligencia debida establecidas en la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Reglamento de 304/2014 que la desarrolla".

Los responsables de comunicación de diversas entidades bancarias confirmaron a El Confidencial el envío de todas esas cartas. Rehusaron, sin embargo, entrar a discutir los detalles “por respeto a la confidencialidad”. Sin querer ser citados, sí dejaron caer que previamente habían solicitado a sus clientes determinada documentación y, al no poder aportarla, les remitieron las misivas cumpliendo con lo estipulado en la legislación española que traspone directivas europeas.

“Si los políticos españoles y, sobre todo, los funcionarios de Hacienda que negocian en Bruselas las directivas conocieran mejor las peculiaridades de las dos ciudades, quizás se habrían obtenido algunas exenciones que evitarían esta situación”, subraya un diplomático español destinado durante años en la Representación permanente de España ante la UE.

Cinco años después de la entrada en vigor del reglamento sobre blanqueo, la banca ha descubierto de sopetón que el uso de estos billetes de “alta denominación” puede enmascarar esa actividad ilegal. Ceuta y Melilla son las ciudades de España donde, después de Madrid, el saldo medio de las cuentas corrientes es más elevado, según el Banco de España. Allí se maneja además mucho más efectivo que en cualquier otro lugar.

Camiones atrapados en la frontera con Melilla.
Camiones atrapados en la frontera con Melilla.

“¿Blanqueo?”, se pregunta indignado al teléfono Bilal Dadi Mizzian, que encabeza la asociación de empresarios ceutíes del polígono del Tarajal, pegado a la frontera con Marruecos. “Los bancos disponen de herramientas para investigar y, si sospechan, denunciar” ante Hacienda, se contesta a sí mismo. “Aquí estamos pagando muchos justos por pocos pecadores”, añade este comerciante. “¿Cómo vamos a poder pagar en septiembre a nuestros proveedores?”, concluye angustiado.

“Melilla no es como la Península”, subraya al teléfono Enrique Alcoba, presidente de la Plataforma de Empresarios locales. “Los pagos con Marruecos no se hacen con tarjetas de crédito ni con transferencias; se hacen con dinero en efectivo”, recalca. “Es así de toda la vida”, insiste, “y no puede ser de otra manera” dada las peculiaridades del país vecino y del comercio transfronterizo.

“De un día para otro, honrados empresarios se convierten en peligrosos delincuentes”, escribe Juan Luis Aróstegui, secretario general de Comisiones Obreras en Ceuta, en el diario 'El Faro de Ceuta'. “La respuesta del Gobierno español es tan decepcionante como reveladora”, prosigue. "La fingida ignorancia y la culpable indiferencia ponen de manifiesto una clara intención no confesada de “acompañar” el proceso de desmantelamiento del entramado comercial transfronterizo”, denuncia.

Aróstegui alude así a la contestación, a finales de julio, del presidente Pedro Sánchez a una carta de los empresarios. Sánchez se limita a comunicarles que da traslado al Ministerio de Economía de “la situación expuesta”. Igual de decepcionante ha sido para los comerciantes melillenses la respuesta del Banco de España. Archiva su reclamación y les invita a denunciar individualmente ante su entidad bancaria, algo que muchos ya habían hecho.

En Melilla y más aún en Ceuta se han celebrado manifestaciones –la última el 14 de agosto-, protagonizadas por los empresarios, en las que han clamado contra el caos fronterizo y, más recientemente, contra el bloqueo o cierre anunciado de las cuentas. “La protesta unánime de toda la ciudad, respaldada de manera expresa por todas las instituciones, no ha servido para cambiar un ápice la situación”, se lamenta Aróstegui.

Donde tampoco se ha movido nada ha sido en la frontera de Melilla con Marruecos, por donde ya no pueden exportarse legalmente mercancías desde hace un mes. El ministro-portavoz marroquí, Mustafa el Khalfi, confirmó el jueves pasado, al término del Consejo de Gobierno, que se trataba de “una decisión normal y soberana” que no iba a rectificar. Obedece, probablemente, al deseo de potenciar el cercano puerto marroquí de Beni Enzar en detrimento del de Melilla y de la frontera terrestre.

El Gobierno de Melilla, en manos del Partido Popular, tachó, el 14 de agosto en una declaración institucional, la iniciativa de Rabat de “acto hostil frontalmente opuesto a los acuerdos hispano-marroquíes” y que generará un menoscabo de cien millones de euros para la ciudad. Carmen Dueñas, diputada popular melillense, sostiene que se trata de “un bofetón diplomático hacia España”. Pablo Casado, el presidente del PP, se expresó en términos más comedidos cuando el 21 de agosto viajó hasta allí para expresar su solidaridad. Lamentó simplemente que Pedro Sánchez “no diga nada”.

“(…) No ha habido ni una declaración institucional” del Gobierno, insiste Aróstegui. “No ya una condena, una exigencia de rectificación, o una solicitud de explicación”, prosigue el líder sindical ceutí. “Ni siquiera un escueto pronunciamiento. Tan sólo un clamoroso silencio elocuente por sí mismo”, concluye.

La manera de proceder del Gobierno de Pedro Sánchez demuestra una total ignorancia del funcionamiento de Marruecos

En realidad solo el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se ha pronunciado por carta respondiendo, el 14 de agosto, al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, que le había trasladado días antes su preocupación por el “grave perjuicio” que sufre su ciudad. Afirma Borrell que la Dirección General de Aduanas “está en contacto con su homólogo marroquí para conocer los extremos de esa medida y tratar de encontrar una solución satisfactoria”. Reitera que España mantiene con Marruecos “excelentes relaciones”.

El texto de esta carta y el comunicado de Inés Bardón, secretaria de Estado de Hacienda, tras celebrar en Madrid una reunión, el miércoles pasado, con la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ponen de relieve que el Ejecutivo socialista quiere resolver este asunto mediante conversaciones a nivel técnico con Rabat.

La manera de proceder del Gobierno de Pedro Sánchez demuestra una total ignorancia del funcionamiento de Marruecos. Una decisión de estas características, que ha sido probablemente tomada a muy alto nivel, solo podría ser revertida mediante una negociación política al mismo nivel y no con conversaciones con el director de Aduanas marroquí. A día de hoy, además ni siquiera hay una fecha apalabrada para una primera reunión con ese alto funcionario marroquí.

Por eso, tras leer el comunicado de Hacienda, Imbroda constató con amargura que el Gobierno de Sánchez “no ha hecho y no está haciendo nada”. Vaticinó que “dejará morir” el problema. Cuando se trata de asfixiar a Ceuta y Melilla, Marruecos cuenta “con el beneplácito, anuencia o complicidad (que cada cual elija la expresión que considere más adecuada) del Gobierno español”, concluye el sindicalista Aróstegui en su artículo.

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