Primeros pasos de la Justicia para perseguir al responsable del suceso de O Marisquiño

La Justicia ya ha iniciado los primeros pasos para esclarecer lo sucedido en la madrugada del domingo durante la celebración del festival O Marisquiño. El muelle se vino abajo y provocó heridas a 377 personas. La investigación correrá a cargo del Juzgado de Instrucción nº3 de Vigo, que se encontraba de guardia cuando se produjeron los hechos, y que ha tomado una primera decisión: ordenar que se recabe toda la documentación previa al evento para hallar a los responsables de un delito que, de momento, califica como de lesiones imprudentes.

La magistrada ha abierto ya unas diligencias previas que desde su arranque toman las dimensiones de macrosumario. Ha decidido abrir una pieza separada para cada uno de los perjudicados, cerca de 400, para acotar de este modo la gravedad de las heridas recibidas de forma aislada e independiente. La decisión adquiere todo el sentido si se tiene en cuenta el alcance del delito desde la reforma penal de 2015.

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A partir de ese año, el Código Penal establece penas de entre tres meses y tres años de prisión para aquellos que hayan provocado una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, pero especifica que para considerar esas heridas no solo basta la primera asistencia médica sino que la atención debe acompañarse de un tratamiento o intervención quirúrgica.

La instructora tiene ya un primer objetivo en sus pesquisas y quiere comprobar todos los pasos que se dieron para fijar el plan de seguridad. Por ello se ha centrado en el arranque en las tres patas del mismo. El Concello y el Puerto de Vigo, así como el organizador del evento, deberán aportar los documentos que manejaron y que llevaron a autorizar la celebración de un concierto con numerosa asistencia en un lugar que no reunía requisitos para ello.

La decisión se produce en un momento en el que arrecia el cruce de acusaciones entre las autoridades competentes. Desde la autoridad portuaria se asegura que la zona ya no les pertenece y que sobre ella rige un convenio que exige que el mantenimiento quede en manos del ayuntamiento, mientras que desde el consistorio que dirige el socialista Abel Caballero insisten en que la zona hundida es ajena a este acuerdo.

Además de la documentación pormenorizada, la magistrada que se encarga de la investigación ha ordenado periciales para determinar el estado del pantalán. Ya tiene en su poder el oficio de las Fuerzas de Seguridad dando cuenta de lo sucedido y un informe fotográfico elaborado por la Policía Nacional. En compañía de la letrada de la Administración de Justicia y un miembro del Ministerio Fiscal, revisó el lunes por la tarde la zona afectada.

La autoridad portuaria asegura que la zona ya no le pertenece y que sobre ella rige un convenio que exige que el mantenimiento sea del ayuntamiento

Tras la inspección ocular ordenó no solo el precinto de la zona que se vino abajo, sino de todo el entarimado por motivos de seguridad. Tan solo permanece abierta al paso una pequeña zona que da acceso a los pantalanes y que no supone riesgo para el público. La estructura de hormigón no pudo soportar el peso de las cientos de personas reunidas para este festival.

Desde la Xunta ya se ha advertido de que al margen de la pelea dialéctica sobre la titularidad de la instalación y quién debía o no ocuparse de reforzarla, es el Concello, es decir, el ayuntamiento, el que tuvo que efectuar las comprobaciones oportunas para determinar si el lugar era o no seguro para la realización del evento que acabó en tragedia. Cualquier otra cuestión supone desviar la atención de lo fundamental, "que es si se podía o no haber autorizado un evento como el del domingo por la noche en la zona donde tuvo lugar", ha asegurado el vicepresidente Alfonso Rueda.