el restablecimiento de las relaciones entre el estado y cataluña

El Gobierno da por hecho que Torra no vulnerará la ley

El Ejecutivo atribuye a la presión de las bases el mantenimiento del discurso independentista y prevé que Sánchez ponga en marcha con Torra un mecanismo de negociación

Foto: El rey Felipe VI junto a Pedro Sánchez y Quim Torra, el pasado 22 de junio en la inauguración de los XVIII Juegos Mediterráneos en Tarragona. (EFE)
El rey Felipe VI junto a Pedro Sánchez y Quim Torra, el pasado 22 de junio en la inauguración de los XVIII Juegos Mediterráneos en Tarragona. (EFE)

Días antes de la moción de censura el socialista Santos Cerdán se reunió con Joan Tardà, portavoz de ERC, para negociar el voto a Pedro Sánchez. El dirigente del PSOE preguntó a su interlocutor qué pedía para votar a favor y, según cuentan ambos, Tardà le contestó: "Solo que se restablezca un clima favorable al diálogo. Nada más".

En esa breve petición, aceptada por Sánchez, se incluye toda la estrategia que ha pretendido poner en marcha el nuevo Gobierno con respecto a Cataluña y, más concretamente, la reunión del lunes entre Sánchez y Quim Torra. Se busca normalidad institucional y aislar los hechos del ruido.

Fuentes de la Moncloa aseguran tener el convencimiento de que los nuevos responsables de la Generalitat no cruzarán la línea roja y que no vulnerarán la ley, más allá de las declaraciones que atribuyen a la presión de sus bases. Esa presión y la diferencia entre lo que quieren las bases independentistas y la estrategia de normalización a corto plazo que pretenden sus dirigentes quedó clara el pasado fin de semana en el congreso de ERC. Y se aprecia también entre las palabras públicas de Torra y las relaciones que se tejen de forma discreta en las últimas semanas entre el Gobierno central y la Generalitat.

No cabe esperar que Torra anuncie que renuncia a la autodeterminación, pero lo importante será si se ponen en marcha órganos de cooperación

Se cuenta que cuando era ministro y líder político, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba tenía una estrategia para las reuniones que consistía en iniciar los encuentros pidiendo a su interlocutor dos cosas previas: pactar en qué no se está de acuerdo para apartarlo de la mesa y en segundo lugar consensuar qué dirían cada uno a la salida, aceptando el margen de maniobra de cada uno. A continuación, se entraba a discutir y negociar.

Algo así está previsto que ocurra el lunes en la Moncloa. No cabe esperar que el presidente de la Generalitat anuncie a la salida que renuncia a la autodeterminación, pero lo importante será si, por ejemplo, se ponen en marcha órganos de cooperación como la comisión bilateral entre el Estado y Cataluña que lleva cuatro años sin reunirse. O si se emplazan a un próximo encuentro, lo que significará normalizar las relaciones, bajo la idea clásica de los diálogos que asegura que quien acepta el procedimiento acepta el resultado.

Ni fuentes del Gobierno ni del independentismo prevén soluciones o cambios notables, más allá de esa normalización, en esta legislatura iniciada en Cataluña en diciembre y la de España que legalmente debe acabar en 2020. Ni el Gobierno de Pedro Sánchez tiene apoyos para avanzar decididamente, ni el Govern de Torra tiene margen para iniciar otro proceso independentista sin una mayoría más amplia.

El Gobierno da por hecho que Torra no vulnerará la ley

Se valora positivamente que el 'president' de la Generalitat busque diálogos cruzados con dirigentes como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, o esta misma semana con el líder de IU, Alberto Garzón. En este último caso, Garzón asegura que percibió en Torra y en Elsa Artadi voluntad de buscar acuerdos.

Interlocutores de Torra aseguran que no oculta estas semanas su preocupación por la presión que pueda tener de la calle para mantener el discurso de la independencia y, por eso, en ningún caso dirá públicamente que renuncia a la unilateralidad. Su preocupación se extiende al futuro juicio en el Tribunal Supremo a los líderes del independentismo y la reacción en la calle. El Gobierno añade la dificultad de Torra para gestionar la evidente división en el independentismo, como explicación y justificación de gestos públicos del Govern y su mayoría en el Parlament.

Por eso, Torra coincide con Sánchez en la necesidad de bajar la tensión. Y acordar y apartar las diferencias para que Torra apoye la moción de la CUP y el presidente del Gobierno la lleve al Tribunal Constitucional. O para que el 'president' pueda decir cuando salga de la Moncloa que no renuncia a la autodeterminación. A su vez, Torra admite que Sánchez tiene presión de medios, de su propio partido y de miembros de su Gobierno y los ministros no olvidan que hay dos millones de votantes independentistas. También se trata de acelerar el traslado de los presos y de mirar para otro lado cuando Torra satisface a sus bases al dar la espalda al Rey. Según explica un dirigente socialista, los presos independentistas llevan días en cárceles catalanas y la tierra sigue girando, ni siquiera hay manifestaciones significativas en la puerta de las prisiones. Y obviamente, el Gobierno no se plantea que Torra no cumpla las suspensiones que decrete el Constitucional a instancias del Gobierno, como sí ocurría en la anterior legislatura.

Torra no oculta estas semanas su preocupación por la presión que pueda tener de la calle para mantener el discurso de la independencia

Pero, al tiempo ambos admiten que se pueda establecer ese cauce de diálogo para negociar traspasos, retirar recursos del Estado contra normas sociales catalanas y, sobre todo, para estudiar artículos del Estatut que el Constitucional anuló no por contravenir la Constitución, sino por no utilizar el cauce adecuado, el de la ley orgánica y el artículo 150.2 de la Constitución que permite delegar competencias con una ley. Por cierto, que se artículo sólo ha sido utilizado por Mariano Rajoy cuando era ministro de Administraciones en 1996 y José María Aznar pactó con PNV y CiU.

La Moncloa explica que se trata ahora de hacer política, de seguir un cauce similar al de las relaciones diplomáticas con diálogo previo reservado para facilitar la reunión y permitiendo el margen de maniobra público de cada parte ante los suyos. Y, sobre todo, sobre la base de la normalización, por la que abogan también los dirigentes de ERC. Para eso mantienen contactos Pere Aragonés (vicepresidente de la Generalitat) y Elsa Artadi con la vicepresidenta Carmen Calvo y las ministras Meritxell Batet y María Jesús Montero.

El Gobierno se remite, obviamente, a las palabras esta semana de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, esta semana en el Congreso. "La política territorial del Gobierno a partir de ahora será proactiva y dejará de ceñirse tan solo a la defensa jurídica del marco constitucional y a la limitación de las actuaciones autonómicas. No pretendo renunciar a esa defensa en términos jurídicos, que el Partido Socialista ha ejercido siempre desde el Gobierno y ha apoyado desde la oposición en múltiples ocasiones. No me parece discutible la necesidad de mantener la vigencia de las normas constitucionales y estatutarias, que son la garantía de nuestros derechos y libertades y nuestro modelo de convivencia y que constituyen, además, el único referente común de que disponemos. Pero la política territorial del Gobierno no puede ser solo reactiva o adoptar una posición meramente defensiva. El Gobierno debe recuperar la iniciativa y el impulso político que no ha ejercido en las últimas dos legislaturas. La función del Gobierno no se limita a cumplir y hacer cumplir la Constitución, sino que dispone de un amplio margen para desplegar una política propia de desarrollo constitucional en materia territorial", aseguró para explicar de forma gráfica el cambio de política respecto a Cataluña.

Quim Torra y Carles Puigdemont en Berlín. (EFE)
Quim Torra y Carles Puigdemont en Berlín. (EFE)

Ya no se trata solo de una defensa legal con recursos a decisiones de la Generalitat, sino de hacer política. La clave para ello son las 46 medidas que Carles Puigdemont entregó a Mariano Rajoy y que algunas solo requieren voluntad política de acuerdo. Es posible, según la Moncloa, que el lunes se anuncien avances sobre algunas de ellas. Por ejemplo, negociar la retirada de una quincena de recursos a leyes catalanas en el Constitucional, como anunció Batet.

La reunión llega en un contexto en el que ha desaparecido la figura de Carles Puigdemont y, por otro lado, con el presidente del Gobierno dándose de bruces con la realidad de un apoyo parlamentario que requiere gestos permanentes hacia sus socios. Por eso, el Gobierno ha tenido que conceder a ERC la aceptación del diálogo "sin cortapisas" y sin eludir ningún tema. Tardà explica e insiste en que no se trata de negociar, es decir, el establecimiento de un clima favorable al diálogo, como le pidió al PSOE antes de la moción de censura. Con Carmen Calvo, pactó directamente el portavoz de ERC el uso de la palabra "cortapisa" en la víspera de su comparecencia en el Congreso.

Esa experiencia debe servirle a Pedro Sánchez para aplicarlo a otros asuntos, como el techo de gasto y en septiembre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, para la que sí necesita al PP. La legislatura seguirá con seguridad entre sobresaltos parlamentarios.

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