De moragas a urkullu, pasando por ana pastor

Moncloa y la Generalitat estuvieron a punto del acuerdo

Los jefes de Gabinete de Mariano Rajoy y Carles Puigdemont hablaron el jueves por la mañana y el Govern exigía un borrador del decreto que suspendería la aplicación del artículo 155

Foto: Mariano Rajoy y Carles Puigdemont en La Moncloa. (EFE)
Mariano Rajoy y Carles Puigdemont en La Moncloa. (EFE)

Altos responsables de La Moncloa y del Govern de la Generalitat estuvieron a punto de cerrar un acuerdo el jueves por la mañana que hubiera supuesto la convocatoria de elecciones el 20 de diciembre en Cataluña, descartar la declaración de independencia y congelar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En el último momento, todo se vino abajo y, aunque hay aún opciones teóricas para evitarlo hasta que se vote hoy en el Senado, todo parece indicar que desde este sábado el Gobierno de Mariano Rajoy tendrá el control de la Generalitat de Cataluña y se abrirá una etapa incierta.

[Actualización: El Parlament proclama la independencia de Cataluña]

El jefe de Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, y el director de la Oficina de Puigdemont, Josep Rius, contactaron durante la mañana y los dos 'fontaneros' estuvieron a punto de sellar un acuerdo. Tan es así que hasta el presidente de la Generalitat llegó a tener elaborado un discurso solemne para anunciar a las 13:30 horas la convocatoria de elecciones. Así se lo hizo ver a personas de su confianza, con las que consultó su intervención. Finalmente, tal anuncio no se produjo.

La razón fundamental fue la desconfianza entre ambas partes o lo que Puigdemont definió a última hora de la tarde como “falta de garantías” por parte de La Moncloa. Por otro lado, el Gobierno consideraba excesivas las peticiones de la Generalitat, sin ofrecer nada a cambio.

“No era un acuerdo equilibrado, ellos no cedían nada”, asegura un destacado ministro, que explica que Puigdemont exigía la suspensión del 155, la libertad de 'los Jordis' y la salida de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña, y solo ofrecía la convocatoria de elecciones y la retirada de la DUI. El ministro considera que el cambio de última hora de Puigdemont se debió a las presiones internas y al temor a la calle. La versión de los soberanistas e independentistas es que su propuesta suponía un elevadísimo coste por la reacción de sus bases en Cataluña y la ruptura del bloque secesionista.

Teléfonos calientes

Los acontecimientos comenzaron a precipitarse en la madrugada del jueves. A las dos de la mañana de ese día, concluía una larga y tensa reunión del Govern, con agrias discusiones entre Puigdemont y Junqueras. Finalmente, llegaban a un acuerdo para la convocatoria de elecciones a cambio del compromiso de Rajoy de suspender la aplicación del 155, tras analizar las propuestas que les habían llegado por diferentes contactos con el Gobierno y estudiar las consecuencias penales de cada paso.

En los días previos se habían producido multitud de intentos de mediación que habían llevado a esa conclusión a los miembros del Govern. El más eficaz y el que más a fondo se ha empleado ha sido el lendakari Iñigo Urkullu, vinculado políticamente a los soberanistas catalanes, socio presupuestario de Rajoy y aliado del PSOE en Euskadi.

Nombres como Emilio Cuatrecasas y Juan José López Burniol también habrían tenido un papel fundamental en este acercamiento. Urkullu cenó hace días con ellos dos, más Joaquim Coello Brufau (presidente de la Fundación Carulla) y un miembro de la familia Puig, dentro de esas intensas gestiones.

En paralelo, habría jugado un rol muy destacado la presidenta del Congreso, Ana Pastor, con magníficas relaciones personales con 'consellers' como Santi Vila. La misma madrugada del jueves, a la salida del Govern, Santi Vila llamó a Pastor para pedirle que intercediera ante Rajoy para evitar males mayores.

Miquel Iceta, líder del PSC, también intervino los días previos y se reunió con Puigdemont y llamó a Rajoy. Y un veterano diputado del PDeCAT contactó el viernes pasado con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para pedirle una salida antes del 155. Aunque La Moncloa insistía en que se negaba a retirar el 155 antes de que se aprobara en el Senado, sí estaba abierta a buscar una fórmula para una suspensión inmediata, antes de publicarse en el BOE y ejecutarse.

La idea era que justo después del pleno del Senado se celebraría un Consejo de Ministros, incluso en la propia Cámara, que aprobaría un decreto para frenar su aplicación. Esa vía estaba en una enmienda presentada por el PSOE que suspendía la ejecución del 155 si previamente se convocaban elecciones autonómicas, basadas en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, como vía para la vuelta a la legalidad estatutaria y constitucional.

La Generalitat filtró la convocatoria de las elecciones a mediodía. Se produjo la reacción del mundo independentista y ERC amenazó con salir del Govern, lo que tenía un valor relativo, porque con la convocatoria electoral ese Ejecutivo tenía ya los días contados.

Puigdemont preparó su discurso, convocó a los medios para las 13:30 y sus negociadores exigieron a La Moncloa el borrador del decreto que debía aprobar el Consejo de Ministros el viernes. No hubo tal envío, el acuerdo entre los 'fontaneros' autorizados no se cerró y se aplazó la comparecencia de Puigdemont hasta horas después, cuando ya rechazó la convocatoria electoral. Del alivio se volvió a lo peor.

Durante la mañana, el PSOE dio por hecho el acuerdo y mantuvo sus enmiendas: una para excluir el control de TV3, otra para asegurar la progresividad del 155 y otra para condicionar la aplicación a que no haya elecciones. Justo antes del pleno, la negociadora del PSOE, Carmen Calvo, acudió al Senado a negociar 'in extremis' con el Gobierno. El PP, finalmente, estudia la primera, acepta la segunda y rechaza la tercera, una vez que no hay acuerdo con la Generalitat para las elecciones. La tesis oficial y pública del Gobierno es que no había garantías de la vuelta a la legalidad.

Destacados miembros del PDeCAT culpan al entorno de Puigdemont de la falta de acuerdo, pero también a la ausencia de gestos desde La Moncloa para favorecer a última hora el pacto, sobre la base de que el propio Rajoy ha transmitido estos días incesantemente su voluntad de evitar una aplicación del 155 que será muy difícil de gestionar en la práctica.

Respecto a las garantías sobre los procesos penales, la versión del Gobierno es que sin DUI no hay querella del fiscal general del Estado por rebelión ante el Tribunal Supremo, que podría suponer la prisión para Puigdemont y sus colaboradores, con posibles penas posteriores muy altas. Queda en marcha el procedimiento que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por prevaricación, desobediencia y malversación. Solo este último delito lleva penas de prisión aparejadas. A Artur Mas, la Fiscalía no le acusó de malversación por el 9-N, y la propia sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Francesc Homs venía a decir que no había condena por ese delito, solo porque no había acusación.

El Gobierno asegura que no puede garantizar la libertad de los líderes de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, aunque están pendientes de recursos y dependerá mucho de la petición de la Fiscalía.

Sin el acuerdo, el Gobierno de Rajoy aprobará ahora los decretos de aplicación centrados en el control de los Mossos, la intervención de las finanzas y del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat. Tendrá un papel destacado el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. Y si hay declaración de independencia, Puigdemont estará en los próximos días sin cargo y con muchas posibilidades de ingresar en prisión acusado de rebelión ante el Tribunal Supremo.

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