Fiscalía pide al Tribunal de Cuentas que investigue a Mas y Homs por el gasto del 9-N

La Fiscalía ha presentado un informe ante el Tribunal de Cuentas en el que apoya la apertura de una investigación contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y el diputado Francesc Homs, exconseller de Presidencia en el Govern catalán, para determinar sus responsabilidades por el gasto de más de cinco millones de euros en las votaciones de la consulta del 9-N.

El Tribunal de Cuentas ha recibido un escrito de diversas entidades que solicitan la apertura de una investigación por el uso de dinero público. En su informe, el fiscal ve indicios de malversación contable y solicita a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un Delegado Instructor que analice los hechos. También apunta a la que fuera vicepresidenta Joana Ortega y a la consellera de Educación Irene Rigau.

El escrito remitido asegura que se han detectado numerosos pagos efectuados, con cargo al erario público, que tenían por finalidad llevar a cabo la consulta independentista, "contraria al ordenamiento jurídico, según mandato explícito del Tribunal Constitucional". Los gastos generados fueron destinados a un fin radicalmente ajeno a la función pública y no tienen justificación, agrega el Ministerio Público.

Las entidades denunciantes de los hechos -Sociedad Civil Catalana, Associació Civica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución- denunciaron que estos cuatro responsables políticos dispusieron de fondos para llevar a cabo un proceso de participación ciudadana carente de cualquier cobertura constitucional y presupuestaria.

En su opinión, dirigieron y facilitaron la logística y todos los medios materiales y presupuestarios necesarios para la realización el día 9 de noviembre de 2014 de la consulta, por lo que destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, "que aunque amplias, lógicamente, no eran ilimitadas".

Mas y Homs ordenaron a funcionarios jerárquicamente subordinados y entes públicos dependientes la aplicación económica de fondos públicos por un importe no inferior a 5.129.833 euros para realizar un conjunto de actuaciones en abierta y franca contradicción con la Constitución, "desprovistas de soporte presupuestario por desborde competencial, y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional", aseguran los denunciantes.

También destacan que elTribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo ha condenado a Mas, Ortega, Rigau y Homs como responsables de un delito de desobediencia por incumplimiento de la providencia dictada por el Tribunal Constitucional, de fecha 4 de noviembre de 2014, cuyo objeto era dejar sin efecto la convocatoria del 9 de noviembre de dicho año.