juicio por la consulta del 9-n

Así 'coaccionó' el Govern a la directora del único instituto que no abrió el 9-N

Dolors Agenjo ha relatado las reiteradas llamadas que recibió desde la Consejería de Enseñanza en las que se le advertía de que era "la última" que quedaba por entregar las llaves del centro en Cataluña

Foto: En el centro y de verde, la exdirectora del Instituto Pedraforca de L'Hospitalet Dolores Agenjo. (EFE)
En el centro y de verde, la exdirectora del Instituto Pedraforca de L'Hospitalet Dolores Agenjo. (EFE)

El 9 de noviembre de 2014, solo el instituto Pedraforca de L'Hospitalet no abrió sus puertas. Su directora por aquel entonces, Dolors Agenjo, ha denunciado no solo haber recibido presiones para abrir el centro educativo sino que el Govern les obligó a ella y al resto de directores de centros educativos públicos de Cataluña a "buscar tres voluntarios". En la segunda jornada del juicio por la consulta catalana, Agenjo ha recordado que fue requerida "de manera imperativa" a acudir a una reunión el 16 de octubre de 2014, en la que la directora de Servicios Territoriales de la Consejería de Enseñanza de la Generalitat, Montserrat Llobet, les explicó que "todos los centros" iban a ser sede de la consulta del 9-N y que como directores debían de buscar voluntarios para que esta saliera adelante. "Nos dijo que no era obligatorio, pero sí conveniente", ha declarado Agenjo ante el juez, para recordar que Llobet le advirtió de que "los centros son propiedad de la Generalitat" y que las llaves del instituto debían de ser entregadas cuanto antes.

Así 'coaccionó' el Govern a la directora del único instituto que no abrió el 9-N

Agenjo, una de los testigos que han comparecido en una jornada centrada en la apertura de colegios y en los encargos del Govern sobre las urnas y la logística de la consulta, ha explicado que el 6 de noviembre de 2014, tres días antes de la consulta, comezaron las presiones. Ese día, a primera hora, recibió la llamada de un funcionario de la Consejería de Educación para pedirle las llaves. Tras su negativa a hacerlo, la exdirectora del instituto Pedraforca de L'Hospitalet se puso en contacto con la alta inspección del Ministerio de Educación y la Delegación del Gobierno en Cataluña para preguntar qué debía hacer. "Me dijeron que no diera las llaves sin ninguna orden", ha explicado. Tras esto, Llobet la llamó personalmente reclamándole las llaves, negándose de nuevo Dolors Agenjo a entregárselas.

"Eres la última que queda por entregar las llaves"

Un día después, el 7 de noviembre, la advertencia subió de tono. "Eres la última que queda por entregar las llaves", le espetó, a lo que la exdirectora pidió un requerimiento por escrito. "Me sentí muy violenta porque le tenía que decir que no sin una orden escrita. No quería desobedecerla", ha declarado en el juicio. "A esto, ella me dijo que sí que parecía que quería desobedecerla", ha continuado Agenjo, que ha desvelado que Llobet la presionó recordándole que era "empleada de la Generalitat". "No, yo soy funcionaria del Estado", respondió ella.

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El 7 de noviembre por la tarde, las urnas llegaron al instituto Pedraforca. "Le dije al transportista que se las llevara, que no iba a firmar ningún albarán", ha relatado Agenjo, que minutos después recibió de nuevo una llamada de Montserrat Llobet para decirle que le daba la orden por escrito. Sin embargo, Agenjo solicitó que se explicara en el texto que ella "actuaba obligada". Fue en ese momento cuando Llobet le preguntó si el documento que Educación iba a redactar tenía intención de enseñárselo a alguien. "Aquello me iluminó sobre la ilegalidad de aquel acto", ha desvelado, para explicar que su intención era entregar dicha orden a la Delegación del Gobierno en Cataluña. "Me dijo que tenía que consultarlo. Nadie vino a por las urnas y el colegio no se abrió", ha finalizado. Poco después, se hizo efectiva su petición de jubilación, poco más de un mes después de solicitarla.

Más presiones a directores de instituto

El primero en denunciar ante el juez presiones ha sido Josep Rafael Alsina, inspector de Educación de Barcelona, que ha declarado que la Generalitat "forzó" a varios directores de instituto a abrir sus puertas para que se convirtieran en centros de votación el 9 de noviembre de 2014. En la segunda jornada del juicio por la consulta catalana, ha señalado que ante esta situación pidió a dos centros educativos que estaban bajo su competencia —el Pompeu Fabra y el Isaac Albéniz— que "no dieran las llaves si no había orden por escrito" después de que la directora de Servicios Territoriales de la Consejería de Enseñanza, Montserrat Llobet, les informara en los días anteriores al 9-N que "no era necesario" ponerlo todo por escrito cuando se había hablado ya en una reunión previa.

Alsina también ha relatado cómo la directora del instituto Pompeu Fabra de Badalona, Josefa Bosch, recibió "presiones" al resistirse a entregar las llaves del centro para la consulta, ya que no recibió ninguna directriz por escrito, tal y como ella misma ha confirmado posteriormente ante el juez. "La directora de Servicios Territoriales me dijo que no sabía si podía darme por escrito lo que me decía de palabra", ha declarado Bosch.

Al no recibir dichas explicaciones y negarse a entregar las llaves, el inspector Josep Rafael Alsina ha denunciado que Bosch fue coaccionada con varias llamadas de los responsables de Enseñanza, que insistieron en que las entregara para que el instituto abriera sus puertas el 9-N. "Se estaba forzando a los directores de centros a ceder locales sin saber bien para qué", ha declarado Alsina. Sin embargo, Josefa Bosch parece que no se sintió ni intimidada ni presionada. "Presión hubiera sido si nos obligaban a nosotros a abrir los centros", ha declarado ante el juez, tras confirmar que finalmente entregó las llaves para que fueran los voluntarios que, según el Govern, pusieron en marcha la consulta catalana los que abrieran el instituto Pompeu Fabra de Badalona y no ella.

Las instrucciones no se dieron por escrito

Durante su declaración, el inspector de Educación Josep Rafael Alsina ha explicado que nunca tuvo clara la función y el uso "social" que tenían los institutos, tal y como afirmó este lunes la exconsejera de Educación Irene Rigau ante el juez, sobre todo después de que el Tribunal Constitucional decidiera suspender la consulta. "No soy jurista, soy licenciado en matemáticas, pero me quedó clarísimo lo que significaba esa suspensión", ha dicho para explicar que en ese momento remitió otro escrito a los directores de instituto con fecha del 5 de noviembre en que les informaba: "No deberíais permitir el uso del centro si no recibís informaciones concretas según lo publicado hoy en el BOE". Dos días después, el 7 de noviembre, la directora del instituto Pompeu Fabra, Josefa Bosch, fue objeto de "presiones", aunque ella las ha negado.

Una catalana vota en la consulta del 9-N. (EFE)
Una catalana vota en la consulta del 9-N. (EFE)

Ante estas declaraciones, los abogados de los acusados —Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega— le han preguntado directamente de quién es la titularidad de los centros educativos públicos de Cataluña. "Son de la Generalitat", ha reconocido el inspector de Educación, que ha explicado que se puede hacer uso de ellos fuera del horario escolar "siempre por escrito", algo que no ocurrió en los días previos y que él solicitó a través de una carta que nunca obtuvo respuesta. Este extremo ha sido confirmado por la directora de Servicios Territoriales, Montserrat Llobet, que ha explicado al juez que tras la reunión del 16 de octubre de 2014, informó a algunos directores de instituto de lo que iba a ocurrir el 9-N y que todo estaba "organizado por voluntarios" y no por el Govern.

En su declaración, Llobet ha señalado que fueron "varios" los inspectores y directores de centros educativos públicos de Cataluña los que le pidieron a través de una carta instrucciones por escrito y que tampoco les contestó. En este punto, ha destacado que fueron "muchos más" los que no se opusieron al uso de colegios e institutos como centros de votación que los que lo hicieron, poniendo el énfasis en que "solo una directora se negó", en referencia a la que era responsable del instituto Pedraforca de L'Hospitalet de Llobregat, Dolores Agenjo, sobre la que ha dicho que no recibió "ninguna represalia", cuestión que la propia Agenjo denunció en octubre de 2015 ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde explicó haber recibido reiteradas llamadas de Montserrat Llobet para que entregase las llaves.

El Govern instó a los inspectores a facilitar el 9-N

Otro inspector de Educación, Jesús Rul, también ha confirmado que no recibió por escrito instrucciones sobre qué hacer el 9-N y que envió varias cartas a los directores de institutos sobre los que tenía competencias para que las pidieran. Además, ha desvelado que en una reunión que mantuvo con el inspector jefe de Educación de la zona de Barcelona y Comarcas, Francesc Güell, este pidió a los inspectores que "se abstuvieran de intervenir" en todo lo relacionado con la consulta. Pese a las indicaciones que recibió de su superior, Rul decidió enviar una carta con fecha de 28 de octubre de 2014 a los directores de instituto de su demarcación para "asesorarles" sobre el uso de los institutos en la jornada de votación del 9-N y aconsejarles que pidieran las instrucciones por escrito, ante la "preocupación" que sentía ante el procedimiento "muy atípico" con el que estaba actuando la Administración.

Según el testigo, en relación con la consulta, "había un interés en que los inspectores colaboraran con lo que decían sus superiores jerárquicos", de forma que facilitaran la entrega de las llaves de los institutos que debían acoger las urnas. "Buscaban colaboracionismo", ha añadido. Seis meses después del 9-N, se reunió con Caridad Ramos, responsable de la Alta Inspección de Educación dependiente del ministerio, para ponerle en conocimiento las indicaciones que los directores habían recibido. "¿Qué perseguía con eso?", ha preguntado Jordi Pina, abogado de la 'exconsellera' Irene Rigau, a lo que Jesús Rul ha contestado: "Muy simple, colaborar con la justicia".

En calidad de testigo también ha declarado el inspector jefe Francesc Güell, que ha explicado que en su reunión con la directora de Servicios Territoriales de la Consejería de Enseñanza, Montserrat Llobet, esta les comunicó que si había algún director de instituto que no quisiera participar en la consulta, podía entregar las llaves a uno de los voluntarios. Además, ha confirmado lo dicho por el testigo Jesús Rul sobre que pidió a todos los inspectores de Educación que se inhibieran a la hora de dar explicaciones sobre el 9-N y que tampoco intervinieran, alegando que "todas las dudas de los directores de instituto debían de solucionarse directamente con los Servicios Territoriales y no con nosotros". Además, y en la línea manifestada por Llobet, Guëll niega que se tomaran represalias contra aquellos que se negaron a abrir sus centros.

Las urnas de cartón y las papeletas: 50.317 euros

Según reveló el 'exconseller' de Economía Andreu Mas-Colell en diciembre de 2015, la Generalitat gastó 1,9 millones de euros en la consulta soberanista. La mayor partida, de 806.403 euros, fue para insertar la campaña institucional sobre el 9-N en los medios de comunicación. Otra de las partidas, de 50.317 euros, fue para el centro de reinserción de presos (CIRE) —dependiente del Departamento de Justicia—, al que se le encargó la fabricación de las urnas y papeletas; sin embargo, la que fuera su directora en 2014, la hoy senadora Elisabeth Abad, ha declarado en el juicio desconocer la partida presupuestaria. Abad ha relatado que en septiembre de 2014 recibió el encargo y que se facturó "todo" el 30 de octubre, nueve días antes de la consulta.

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