Junqueras preparaba un amenazante ejército de ‘hombres de negro’
La detención de Lluís Salvadó ha puesto de relieve los planes del Govern para recaudar y poner en marcha su propia Hacienda
El exjuez Santiago Vidal tenía razón. En sus conferencias a lo largo y ancho de Cataluña mientras era senador de ERC, aleccionaba a los invitados advirtiendo de que no podía contar muchas cosas que el Gobierno catalán estaba haciendo porque eran delito. Pero luego dejaba caer jugosos detalles. Como, por ejemplo, que la Generalitat se había hecho ilegalmente con los datos fiscales de todos los catalanes. “¡Estáis todos fichados!”, llegó a lanzar a los asistentes a sus charlas. La cúpula del Gobierno catalán salió en tromba a desmentir sus palabras. Tanto el ‘president’, Carles Puigdemont, como el vicepresidente, Oriol Junqueras, le desautorizaron. Y fue destituido.
Pero resulta que era verdad: el Gobierno catalán ha echado mano de lo que ha podido para conseguir datos personales de todos los ciudadanos. Y esta vez no es un juez al que llegaron a calificar de “fabulador” quien lo dice, sino un alto cargo: el secretario de Hacienda (además de secretario general adjunto de ERC), Lluís Salvadó, uno de los detenidos este miércoles en la sede de la Consejería de Vicepresidencia y Economía, lo reconocía el 15 de diciembre pasado en un encuentro que organizó en Terrassa la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Allí quedó claro que todas las estructuras de Estado debían estar listas en septiembre de 2017 para romper con España, aunque esperaban declarar la independencia, 'de facto', el 1 de enero de 2018 “para no romper el ejercicio fiscal”. Y no solo eso: además de saltarse todas las normativas fiscales, preparaba un ‘ejército’ de inspectores fiscales que enviaría a las empresas para pedirles responsabilidades si osaban pagar a España.
Salvadó corroboró en el encuentro de la ANC las acusaciones de Santi Vidal y daba más detalles: “Estamos construyendo la famosa base de datos que, como todos sospechan, no me la darán en un 'pendrive”, alardeaba. El secretario de Hacienda subrayaba que “ya tenemos una plataforma tecnológica desarrollada y estamos cruzando las 130 fuentes de información que nos han de permitir de aquí a unos meses una base de datos lo suficientemente solvente como para afrontar el minuto uno de la declaración de independencia”. Esta circunstancia, no obstante, viola todas las leyes nacionales e internacionales de protección de datos, así como los derechos de los ciudadanos.
No se quedaba ahí la cosa: el Gobierno catalán ha estado trabajando también un sistema para “poder cobrar impuestos sin la colaboración de los bancos”. En un tono coloquial muy informal, Salvadó remarcaba: “Lo digo porque siempre hay aquella pregunta de si el Banco de Sabadell (ya sabéis que los del Sabadell son muy chungos…) dice… no colabora en el pago de impuestos, ¿qué pasará? Pues ahorraos la pregunta. Estamos construyendo un sistema que solo depende de nosotros, que es robusto y que puede recaudar y gestionar los tributos sin la colaboración de terceros que nosotros no controlamos o que sabemos que el Montoro controla más que nosotros”.
Las amenazas de los inspectores
También se mostraba esperanzado en que los contribuyentes de Cataluña pagarían sus impuestos a la Agencia catalana después de la desconexión, amenazando con que de modo contrario, recibirían la visita en el futuro de “los inspectores de la Generalitat”. En otras palabras, amenazaba con algo así como 'los hombres de negro de Junqueras'.
“¿Cómo haremos para que nos vengan a pagar a nosotros y no al señor Montoro? —se interpelaba Salvadó—. La respuesta la tenéis vosotros: si ganamos el referéndum por goleada. Si ganamos el referéndum con un 47%, como el pasado 27 de septiembre [las últimas autonómicas], lo tenemos complicado: vendrán a pagar a la Agencia catalana los forofos y los convencidos. Si ganamos el referéndum por un 60%, os aseguro que en La Caixa serán los primeros que vendrán a pagar porque tendrán clarísimo que el ‘procés’ se ha acabado, que ya no hay punto de retorno, que esto de la independencia va en serio y, por tanto, tendrán muy claro que el que vendrá a inspeccionar las cuentas para saber si han pagado de forma correcta o no, de aquí a dos años, será un inspector de la Generalitat de Cataluña”. “Lo que necesitamos es ganar con comodidad y contundencia. Estad tranquilos entonces, porque vendrán a pagar a la Agencia catalana”.
Cómo robar las prestaciones de la Seguridad Social
En la estrategia de los independentistas estaba previsto también comenzar por las bravas a recaudar las contribuciones de la Seguridad Social y todos los impuestos de Cataluña. Eso sería tras la victoria en el referéndum y la declaración de independencia. Se abriría entonces un periodo de tiempo “que querríamos que durase muy poco, pero que es indeterminado, en que tendremos una cohabitación de dos legalidades y de dos haciendas tributarias intentando cobrar impuestos”.
Y juega con el tiempo a su favor: “Creemos que este escenario no durará mucho, porque rápidamente el Estado español necesitará más urgentemente que nosotros sentarse a una mesa y hablar de qué hacemos con las cotizaciones de la Seguridad Social. Evidentemente, nosotros comenzaremos a recaudar el primer día y ellos tienen la obligación por la normativa internacional de que han de pagar las cotizaciones a todos los ciudadanos del Estado español. Y mientras no reconozcan la independencia, tienen la obligación de continuar pagando las cotizaciones y las prestaciones del paro y de jubilación. Pero, mientras, nosotros comenzaremos a recaudar la Seguridad Social y como bien sabéis, la hucha, el famoso fondo de la Seguridad Social del Estado español que había llegado a tener 67.000 millones de euros, hoy en día tiene 11.000 [era diciembre de 2016] y de aquí a seis meses ya no tendrá nada. Por tanto, en cuanto declaremos la independencia, comenzaremos a cobrar las cotizaciones a la Seguridad Social y ellos no tendrán cómo pagar las prestaciones de jubilación y las prestaciones a los parados de nuestro país. Y han de plantearse qué pasa con su deuda, el famoso billón de euros que tienen como deuda y que querrán que asumamos una parte, porque ellos no tendrán la posibilidad de sufragarlo con sus propios ingresos”.
El exjuez Santiago Vidal tenía razón. En sus conferencias a lo largo y ancho de Cataluña mientras era senador de ERC, aleccionaba a los invitados advirtiendo de que no podía contar muchas cosas que el Gobierno catalán estaba haciendo porque eran delito. Pero luego dejaba caer jugosos detalles. Como, por ejemplo, que la Generalitat se había hecho ilegalmente con los datos fiscales de todos los catalanes. “¡Estáis todos fichados!”, llegó a lanzar a los asistentes a sus charlas. La cúpula del Gobierno catalán salió en tromba a desmentir sus palabras. Tanto el ‘president’, Carles Puigdemont, como el vicepresidente, Oriol Junqueras, le desautorizaron. Y fue destituido.
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