Junqueras araña días para evitar que Hacienda controle los pagos de la Generalitat

La estrategia legal que ha desplegado la Generalitat y que ha dirigido el vicepresidente económico, Oriol Junqueras, busca arañar días para que retrasar la entrada en vigor de la orden ministerial que implica el control de pagos de la Administración catalana por parte del Ministerio de Hacienda. Según publicaba el BOE, la intervención de la Generalitat empezaba este lunes, pero no ha sido así. Y a través de diversas estrategias, los servicios jurídicos de la Generalitat creen que podrían ganar hasta una semana.

La primera línea ha sido presentar el recurso ante el Tribunal Supremo (TS). Fuentes jurídicas consultadas han apuntado que lo más probable es que la sala acepte este martes a trámite el recurso. El primer paso para ganar tiempo ya estaría dado.

A partir de ahí no hay acuerdo sobre cuánto tiempo se puede ganar, puesto que los servicios jurídicos de la Generalitat y el Tribunal Supremo discrepan sobre la doctrina jurídica a aplicar. Así, fuentes de la Generalitat han avanzado que en la reunión que tuvieron los servicios jurídicos de la Administración catalana con el equipo de Oriol Junqueras se puso de manifiesto que si la sala de lo contencioso-administrativo del TS admitiera el recurso a trámite, se suspendería cautelarmente la aplicación de la orden ministerial, en función de la actual jurisprudencia, hasta entrar a fondo en la cuestión judicial o, más probable, hasta que se fallase sobre las medidas cautelares que también ha solicitado la Conselleria de Economía.

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Sin embargo, fuentes cercanas al alto tribunal discrepan del todo. Estas fuentes jurídicas apuntan lo que señalaba este domingo El Confidencial, que como la Generalitat en su recurso solicita la suspensión cautelar y no cautelarísimas, eso obliga a dar traslado a las partes para que aleguen. Si hubieran solicitado cautelarísimas, entonces la sala sí tendría que resolver en el plazo de 48 horas. Pero como la Generalitat ha optado por solicitar la medida cautelar y no cautelarísima, eso implica abrir pieza de suspensión y que informe la Abogacía del Estado. Así que ni hoy ni en los próximos días habrá una resolución.

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Estas fuentes consideran, al contrario que los servicios jurídicos centrales de la Generalitat, que las cautelares no son automáticas por el mero hecho de que un recurso se admita a trámite. Que justo por eso se han de solicitar. Así que la orden ministerial seguiría en vigor y el control de pagos sería efectivo a partir de mañana miércoles.

Al pedir cautelares y no cautelarísimas, la Generalitat ha desactivado el efecto urgencia del recurso presentado ante el Tribunal Supremo

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En todo caso, en una pieza de suspensión, la parte demandada tiene hasta 10 días de plazo para alegar, con lo que el fallo de las cautelares no sería rápido. Esta lentitud favorecería a la Generalitat si su lectura fuese la correcta o al Gobierno si la interpretación del TS fuese la que se imponga, lo cual resulta la opción más probable.

La carta Puigdemont

En el peor de los escenarios, a Junqueras todavía le quedaría la carta Puigdemont. La orden ministerial prevé que sea el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien firme el acuerdo de no disponibilidad de crédito, con el que arranca la intervención. Puigdemont se negará. Esta carta supondrá que Junqueras ganará un día más. Tras esta negativa, será el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el que firme este acuerdo, que ha definir de manera concreta y al detalle el alcance de la intervención.

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En total, en el peor de los casos, la intervención financiera de la Generalitat no podría llevarse a cabo hasta este viernes. Junqueras querría evitarla como mínimo hasta el 1-O, pero esto parece poco probable según las fuentes jurídicas consultadas.

Alcance de la medida

El alcance de la medida implica que los servicios básicos y las nóminas de la Generalitat los pagaría Hacienda, por la vía de disponer de los 1.400 millones que cada mes percibe la Administración catalana por el adelanto de pagos que prevé el sistema de financiación autonómico.

La medida afecta a los 1.400 millones al mes que la Generalitat percibe por la financiación autonómica, pero también a la caja, que llegaría a 1.000 millones

La orden obliga sobre todo a la Generalitat: la interventora general de la Generalitat , Rosa Vidal, y su equipo no pueden ordenar ni tramitar pago alguno a través de los bancos, sino que lo han de enviar a la Hacienda de Madrid. Entonces Hacienda comprobará cada pago, se garantizará que sean nóminas, servicios o bienes no relacionados con el referéndum. Y después de eso se harán efectivos estos abonos de forma directa por Hacienda.

En la práctica, eso supone también congelar la tesorería de la Generalitat que tenga en cuentas bancarias. Los pagos que se hagan a través de este instrumento también quedan bajo la tutela de Hacienda. A cierre de 2016, las existencias de tesorería de la Generalitat sumaban 1.036 millones.