El Gobierno no descarta controlar a los Mossos tras intervenir las cuentas catalanas

Mariano Rajoy empieza a cumplir su anuncio de hacer “todo lo necesario, sin renunciar a nada” para abortar el referéndum independentista en Cataluña. Con la ley de estabilidad presupuestaria en la mano se dispone a intervenir las cuentas de la Generalitat después de que Oriol Junqueras se haya negado a dar explicaciones de sus desvíos de fondos para la consulta. Fuentes gubernamentales insisten en que el Ejecutivo no dejará pasar ningún acto de desobediencia y responderá con un recurso automático a la ley correspondiente. La aplicación del artículo 155 puede esperar al 1-O, pero si la policía autonómica no cumple con sus obligaciones y las órdenes de la Fiscalía y los jueces, la Ley de Seguridad Nacional permite al Gobierno dar instrucciones directas e ‘intervenir’ a los Mossos.

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“Todo está previsto, para cada paso que puedan dar hay una medida para pararlo”, insisten en medios del equipo de crisis organizado en La Moncloa para responder a la espiral de sedición en que han entrado Carles Puigdemont, Junqueras y la CUP. El vicepresidente económico de la Generalitat ha contestado con su desobediencia al requerimiento del Ministerio de Hacienda sobre el desvío de fondos públicos para la intentona del referéndum. El Gobierno ya tenía datos de ese proceder y lo que ahora busca son pruebas y nombres de los implicados para llevarlos a los tribunales.

Pero la intervención de las cuentas de la Generalitat, estudiada y programada desde hace semanas, es sobre todo un salto en la reacción del Gobierno frente al golpe de los secesionistas. Es una medida práctica del Ejecutivo, de la comisión delegada de asuntos económicos y del Consejo de Ministros, más allá de los recursos al Tribunal Constitucional y a la Administración de Justicia con la Fiscalía de los últimos días.

La intervención de las cuentas de la Generalitat, estudiada desde hace semanas, es un salto en la reacción del Gobierno frente al golpe secesionista

Rajoy elude citar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y tiene prohibido, igual que Soraya Sáenz de Santamaría, avanzar detalle alguno de su repertorio de réplicas al desafío secesionista para no dar pistas a los responsables de la Generalitat. Pero durante la última legislatura útil hizo acopio de un arsenal legal y práctico para tener otras respuestas graduales y más simples, como la reforma del TC que sacó adelante solo con los votos del PP, o la Ley de Seguridad Nacional pactada y redactada a medias con el PSOE de entonces, dirigido ya por Pedro Sánchez, para escándalo de los grupos nacionalistas.

El aviso a Puigdemont lanzado en Barcelona por Rajoy (“nos van a obligar a lo que no queremos llegar”) sobre su determinación para impedir el referéndum va más en la línea de continuar con las medidas para acotar los movimientos del presidente de la Generalitat que a una intervención general inmediata de la propia Generalitat con el visto bueno del Senado.

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Si el consejero de Interior, Joaquim Forn, considerado un ultra del secesionismo, o el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, incurren en desobediencia como Junqueras, el Gobierno puede declarar que hay una situación de crisis que pone en peligro el marco constitucional (como establece la Ley de Seguridad Nacional) y dar órdenes directas a ese cuerpo de seguridad del Estado, igual que hace con la Guardia Civil y la Policía.

“Algo hay que dejar para el 1-O por si se les ocurre proclamar la independencia”, comentan fuentes de La Moncloa ante las prisas de algunos por recurrir ya al artículo 155 de la Constitución. De momento, en el Gobierno consideran que deben seguir con sus respuestas “graduales” y se centran en hacer fracasar la convocatoria del referéndum en sus aspectos más prácticos como el bloqueo de webs, la incautación de material de propaganda, papeletas y urnas.

De seguir con sus provocaciones y manifiestos de rebelión, Puigdemont puede llegar al día de la consulta con el grueso de sus competencias políticas intervenidas por el Gobierno: la ejecución presupuestaria y el orden público.